STSJ Cataluña , 28 de Mayo de 2004
| Ponente | FRANCISCO JOSE SOSPEDRA NAVAS |
| ECLI | ES:TSJCAT:2004:6761 |
| Número de Recurso | 164/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 28 de Mayo de 2004 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Rollo de apelación nº 164/2003 Partes apelantes y apeladas: Cornelio , SERVEI CATALA DE LA SALUT y CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI Representante de la parte apelante/apelada: ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ, JAUME GASSO I ESPINA y CARLOS ARCAS HERNANDEZ S E N T E N C I A Nº 620/2004 Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE Dª. Mª LUISA PÉREZ BORRAT MAGISTRADOS D. FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS D. EDUARDO HINOJOSA MARTÍNEZ En la ciudad de Barcelona, a veintiocho de mayo de dos mil cuatro VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN CUARTA), constituida para la resolución de este recurso, arriba reseñado, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente Sentencia.
Ha sido Ponente el Ilmo Sr. Don FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS, quien expresa el parecer de la SALA.
El día 01/09/2003 el Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Barcelona, en el Recurso ordinario seguido con el número 518/2001, dictó Sentencia estimatoria del recurso interpuesto contra la la desestimación por silencio administrativo de la reclamación por responsabilidad patrimonial por disfunciones sanitarias del Servei Català de la Salut. Sin expresa imposición de costas.
Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta Sección.
Desarrollada la apelación, finalmente se señaló día y hora para votación y fallo, que tuvo lugar el 18 de mayo de 2004.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Se recurre en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Barcelona en fecha 1 de septiembre de 2003 que estimaba en parte la reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Servei Català de la Salut y Corporació
Sanitaria Parc Taulí en solicitud de indemnización de daños y perjuicios sufridos por D. Gerardo como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en el Hospital Parc Taulí de Sabadell.
En síntesis, la sentencia de instancia entendió que la asistencia sanitaria prestada, tanto en la intervención como en el tratamiento al paciente, fueron acordes con la técnica quirúrgica al uso y los conocimientos médicos existentes en ese momento, por lo que el funcionamiento del servicio sanitario fue correcto y normal y el daño no puede calificarse de antijurídico; por el contrario, hubo un defecto de consentimiento informado, lo que determinó la estimación parcial del recurso, fijando una cuantía indemnizatoria de doce mil euros por daños morales.
Frente a la sentencia se alzan las representaciones de la actora y de las demandadas. Por la parte demandante, se interpone la apelación entendiendo que el daño indemnizable debe alcanzar al abono de los daños corporales y que hubo responsabilidad por parte de la Administración por la asistencia sanitaria prestada, entendiendo asimismo arbitraria la cuantificación de los daños realizada por el tribunal "a quo".
Por las demandadas se interpone la apelación entendiendo que el consentimiento informado no ha sido valorado conforme a derecho y que no procedía fijar indemnización alguna por este concepto.
A la vista de las alegaciones de las partes en sus respectivos escritos de interposición y oposición a los recursos de apelación interpuestos, debemos analizar, por una parte, si la asistencia sanitaria prestada fue defectuosa y, por otra, si el paciente debía ser informado y prestar su consentimiento.
Para resolver la primera de las cuestiones expuestas, debe hacerse referencia a la doctrina interpretativa en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, en este caso sanitaria, que viene indicando que es necesario un cuidadoso análisis de los hechos a fin de poder establecer la relación de causalidad entre el daño sufrido y la actuación del personal al servicio de la administración, lo que no siempre resulta fácil tratándose de la salud, en cuya estabilidad, reestablecimiento o pérdida confluyen múltiples factores.En este sentido, son presupuestos necesarios para que surja la responsabilidad de la Administración los siguientes: a) Existencia de una lesión o daño en cualquiera de los bienes o derechos del particular afectado, b) Imputación a la Administración de los actos necesariamente productores de la lesión o daño, c) Relación de causalidad entre el hecho imputable a la Administración y la lesión, daño o perjuicio producido, d) Que el daño alegado por los particulares sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, y e) Que la acción de la responsabilidad indemnizatoria sea ejercitada dentro del plazo de un año, contado a partir del hecho que motivó la indemnización. La responsabilidad patrimonial de la Administración deriva de la lesión producida a los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, entendida aquélla como un perjuicio antijurídico que éstas no tienen el deber de soportar, por no existir causa alguna que lo justifique.
Por otra parte, la responsabilidad patrimonial se configura como una responsabilidad de carácter objetivo; no obstante, la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración no supone que la obligación de indemnizar nazca siempre que se produce una lesión por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sección 6ª de fecha 30 de octubre de 1999 (RJ 1999\9567) tiene establecido que: "es doctrina jurisprudencial consolidada la que, con base en los preceptos que establecen aquélla (la responsabilidad patrimonial de la Administración), entiende que la misma es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión (Sentencias de 21 de noviembre de 1998 (RJ 1998\9962), 13 de marzo (RJ 1999\3038) y 24 de mayo de 1999 (RJ 1999\4023)), aunque, como hemos declarado en esta última, es imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado...
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