STSJ Castilla y León , 5 de Septiembre de 2002
| Ponente | JUAN IGNACIO MORENO-LUQUE CASARIEGO |
| ECLI | ES:TSJCL:2002:4104 |
| Número de Recurso | 156/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 5 de Septiembre de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA En Burgos a nueve de septiembre de dos mil dos. En el recurso contencioso administrativo numero 156/2001 interpuesto por Doña Ismael representado por la Procuradora Doña Blanca Herrera Castellanos y defendido por el Letrado Don José Antonio Herrera Notoria contra la resolución de 1 de febrero de dos mil uno del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Segovia por la que se fija el justiprecio de las fincas expropiadas números NUM000 de la Lastrilla Segovia afectada por las obras de Circunvalación de Segovia Nacional 110 de Soria a Plasencia, habiendo comparecido como parte demandada la Administración General del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado en virtud de la representación que por ley ostenta.
Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso administrativo ante esta Sala el día 30 de abril de 2001.
Admitido a trámite el recurso se reclamó el expediente y se efectuaron los emplazamientos conforme a las normas establecidas en la Ley 29/1998 RJCA; recibido, se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 8 de junio de 2001 que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte sentencia por la que estimando el recurso se declare la nulidad de la resolución recurrida y se proceda a incrementar el justiprecio del que resulte como suelo urbano no consolidado o como suelo urbanizable delimitado o para el caso de desestimar tal pretensión se incremente el justiprecio en un 20 por ciento por todos los perjuicios adicionales ocasionados y premio de afección más los intereses legales que resulten procedentes y con expresa condena en costas.
Se confirió traslado de la demanda por termino legal a la parte demandada quien contestó a la demanda a medio de escrito 10 de julio de 2001 oponiéndose al recurso solicitando la desestimación del mismo en base a los fundamentos jurídicos que aduce.
Recibido el recurso a prueba se practicó con el resultado que obra en autos, evacuándose por las partes sus respectivos escritos de conclusiones que obran unidos al recurso, señalándose el día 4 de julio de dos mil dos para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.
Es objeto del presente recurso jurisdiccional la resolución de 1 de febrero de dos mil uno del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Segovia por la que se fija el justiprecio de la finca expropiada número NUM000 de la Lastrilla Segovia afectadas por las obras de Circunvalación de Segovia
Nacional 110 de Soria a Plasencia, siendo las razones alegadas por el recurrente para fundar su pretensión, que se ha omitido la valoración conforme a la verdadera clasificación del suelo conforme a las NNSS de la Lastrilla, que se ha vulnerado la doctrina jurisprudencial sobre la valoración de los sistemas generales obtenidos por expropiación al encontrarse incorporado previamente al planeamiento el sistema general que motiva la expropiación , existiendo una errónea aplicación del método de comparación y que también se ha omitido la valoración por la depreciación para el resto de la finca dado que se ha procedido a la expropiación parcial de la misma con las limitaciones que ello supone por la Ley de Carreteras.
Frente a dicha pretensión por la Administración del Estado se ha mantenido la conformidad a derecho de la resolución recurrida.
Centrada pues la cuestión en un tema estrictamente relativo a la valoración de la finca hemos de destacar en primer lugar que esta Sala ya se ha pronunciado en el proceso expropiatorio que nos ocupa indicando en sentencias muy similares rec. 140/2001, 148/2001, 141/2001 entre otros, que la doctrina jurisprudencial al respecto señala como expresa la sentencia del TS de 26 de noviembre de 1998, de la que fue Ponente Don Francisco González Navarro, así textualmente: " En sentencia de 3 de mayo de 1993 (R.
3697) la Sala 3ª, Sección 6ª, del Tribunal Supremo manifiesta que es jurisprudencia consolidada de esta Sala del Tribunal Supremo que las resoluciones de los Jurados gozan de la presunción "iuris tantum" de veracidad y acierto en sus valoraciones, que puede quedar desvirtuada en vía jurisdiccional cuando se acredite un notorio error material o una desajustada apreciación de los datos fácticos probatorios o infracción de los preceptos legales, reveladores de que el justiprecio señalado no corresponde al valor del bien o derecho expropiado (Sentencias de esta Sección Sexta de 12-3- 1991 (RJ 1810), 4-6-1991 (RJ 4611), 14-10-1991 (RJ 6883) y 27-2-1991 (RJ 861), de manera que no es legítimo sustituir, sin pruebas que lo justifique, el criterio valorativo del Jurado por el del Tribunal. "
O la sentencia del TS de 20-11-1997, de la que fue Ponente Don Juan José González Rivas, y que señala que: "A mayor abundamiento, es de tener en cuenta que esta Sala, en reiterada jurisprudencia (sentencias de 28 de noviembre de 1986, 30 de junio y 20 de octubre de 1986, 17 de mayo de 1989, 8 de marzo de 1990 y otras muchas posteriores) ha afirmado la presunción de veracidad y acierto de las decisiones en materia de justiprecio que adoptan los Jurados de Expropiación Forzosa, reconociendo la capacidad técnica y jurídica de sus componentes y la independencia que reviste sus juicios al no encontrarse vinculados a los intereses en juego, mientras no se demuestre haber sufrido un error o desviación de los que resulte manifiestamente injusta la indemnización fijada, criterio este último reiterado por el Abogado del Estado. En consecuencia, para desvirtuar dicha presunción no hubiesen sido suficientes los dictámenes e informes aportados por las partes, sin las garantías y formalidades propias de la prueba practicada en el proceso, que además no se ha practicado por la Sala de instancia, si bien la jurisprudencia mitiga los excesos de la expresada presunción, poniendo de manifiesto que un acuerdo sin fundamentar o concretar suficientemente por parte del Jurado, no puede prevalecer, a salvo la existencia de otros elementos probatorios frente a una prueba pericial practicada regularmente en el proceso si ésta tiene carácter circunstancial y razonado y su fundamentación resulta convincente y comporta, en definitiva, la necesidad de ponderar la valoración del Jurado, teniendo en cuenta los elementos de tipo argumental en que se apoya, lo que no ha sucedido en la cuestión planteada."
Presunción a la que se refieren también las sentencias más recientes del TS de 27-11-2001, Ponente Don Francisco González Navarro:
"La afirmación de que el Jurado carecía de elementos suficientes para llevar a cabo una valoración olvida la presunción "iuris tantum" de acierto y veracidad de las resoluciones de los Jurados Provinciales de Expropiación, presunción que sólo puede ser desvirtuada mediante una prueba pericial encaminada a desvirtuar la afirmación contenida en la resolución recurrida y por ende la valoración efectuada por la Administración en su hoja de aprecio y asumida por el Jurado teniendo en cuenta sus características técnicas..."
O la del mismo TS de 18-10-2001 Ponente Don José Miguel Sieira Míguez, en idéntico sentido:
"Igual suerte debe seguir el tercer motivo de casación fundamentado en la infracción de la doctrina de presunción de acierto de los acuerdos de los Jurado Provinciales de Expropiación ya que tal presunción,...
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