STSJ Andalucía , 12 de Junio de 2001
| Ponente | JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ |
| ECLI | ES:TSJAND:2001:8497 |
| Número de Recurso | 2961/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 12 de Junio de 2001 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Ilmos. Magistrados:
Sr. D. Antonio Moreno Andrade.
Sr. D. Eduardo Herrero Casanova.
Sr. D. José Antonio Montero Fernández .
En la ciudad de Sevilla, a doce de junio de dos mil uno. Vistos los autos 2961/97, seguidos ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el que han sido parte actora Dª Blanca , representado por el Proc. Sr. Ramírez Hernández, y demandado el TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCÍA, representado y defendido por el Sr. Abogado del Estado, de cuantía fijada en 266.306 ptas y turnándose la ponencia al Ilmo. Sr. D. José
Antonio Montero Fernández, se ha dictado esta en base a los siguientes ANTECEDENTES
Interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del TEARA de fecha 26 de junio de 1997, recaída en reclamación 41/5656/95, en concepto de liquidación de IRPF, correspondiente al ejercicio de 1993.
La parte demandada en su contestación a la demanda solicitó una sentencia confirmatoria de las Resoluciones recurridas.
Las partes presentaron en tiempo sus escritos de conclusiones.
Señalado día para su votación y Fallo esta tuvo lugar con el resultado que a continuación se expone.
La resolución combatida estima parcialmente la reclamación interpuesta, acordando la anulación de la liquidación provisional impugnada y su sustitución por la procedente, en la que ha de considerarse como ingresos íntegros del trabajo y como retenciones a cuenta las cantidades que figuran en el certificado emitido por la entidad pagadora.
La Sala si bien ha de llegar a la misma solución a la que llegó el TEARA, sin embargo no puede compartir el razonamiento que conduce a la misma, por las razones que a continuación se exponen.
Consideró el TEARA en su resolución que es al sujeto pasivo al que corresponde probar que el tipo aplicado por el pagador no es el correcto en función de la percepción prevista a inicio del ejercicio, limitándose el contribuyente a acreditar las retribuciones percibidas en el año, pero no que la retención se efectuara incorrectamente teniendo en cuanta las previsiones a principio del ejercicio, ni de los antecedentes obrantes en el expediente se puede deducir de forma clara que la retribución íntegra prevista lo fuera por un importe superior al tramo que corresponde el tipo de retención aplicado, concluyendo que no procedía la elevación al íntegro.
La cuestión, pues, sobre la que se pronunció el TEARA y que centra la controversia entre las partes, aún cuando a la postre la solución correcta pase por la aplicación de la norma adecuada al caso, no es jurídica, sino fáctica, y en concreto sobre las reglas de la carga de la prueba y quién debe soportar sus consecuencias.
Es de señalar, dejando a un lado los obstáculos formales salvados en la resolución objeto de la presente, que la actora presentó declaración simplificada IRPF ejercicio de 1993; acompañando certificación de retención a cuenta del impuesto sobre las personas físicas correspondiente al año de 1993, en el que se hacía constar el período, la retribución íntegra, el tipo aplicado e importe retenido.
Interpuesto reclamación económico-administrativa, ningún documento ni otro dato complementario se le solicitó al contribuyente, si bien esta acompañó con la reclamación certificado de retenciones en el ejercicio de 1993, contrato con el SAS y nóminas percibidas durante el período; sin más y atendiendo a los únicos antecedentes obrantes en los expedientes administrativo, y recordemos que la única actuación de la Administración tributaria se concretó y limitó a la liquidación mecanizada paralela que omite cualquier referencia sobre porque no se aceptaba la elevación al íntegro, que tanto pudo ser por cuestión jurídica, como fáctica por falta de pruebas, el TEARA dictó la resolución impugnada, en teoría, al menos, ante la falta de motivación, especulando con que fue debido a la falta de prueba; ningún motivo se recoge en la liquidación paralela que mínimamente explicara o razonara porqué no se aceptaba la elevación al integro, ni se le solicitó otros documentos o datos, ni hubo una somera investigación o comprobación por parte de la Administración a efectos de comprobar la procedencia o no de la elevación al íntegro, sino que sin más, sin motivación alguna, se realiza una liquidación paralela mediante una hoja mecanizada en la que en dos columnas se recoge la autoliquidación practicada por el actor y la que considera correcta la Administración y al omitir explicación alguna se ignora qué motivos o deficiencias son las consideradas para no acoger la elevación al íntegro.
Para el Sr. Abogado del Estado dado que el porcentaje de retención se determina al inicio del ejercicio en función de la percepción integra a percibir de acuerdo con las estipulaciones contractuales y de la situación familiar del sujeto pasivo al día primero del período impositivo; conforme al art° 114 de la LGT es el actor el que debe de probar que las retenciones que soportó eran inferiores a las que correspondían.
La Sala de modo alguno puede compartir los razonamientos contenidos en la resolución del TEARA, ni la oposición que se hace en la contestación a la demanda.
La actora, como perceptora de rendimientos sujetos a IRPF cumple con su deber de colaboración impuesto presentando su declaración autoliquidación y aportando los datos con trascendencia tributaria; expresamente señala que procede a la elevación al íntegro, y presenta certificación de retenciones que percibe sus retribuciones del SAS, que las retribuciones percibidas se corresponde a lo satisfecho por dicho organismo de 1 de enero de 1993 a 31 de diciembre...
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