STSJ Navarra , 1 de Febrero de 2001
| Ponente | FELIPE FRESNEDA PLAZA |
| ECLI | ES:TSJNA:2001:232 |
| Número de Recurso | 1075/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 1 de Febrero de 2001 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
S E N T E N C I A Nº
S.R. ILTMOS. SRES.:
PRESIDENTE, D. JUAN A. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MAGISTRADOS, D.FRANCISCO JAVIER PUEYO CALLEJA D. FELIPE FRESNEDA PLAZA En Pamplona, a uno de Febrero de dos mil uno. Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 1.075/98, promovido contra el acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 30-3-98 desestimatoria del recurso ordinario interpuesto frente a la Orden Foral 1026/1997 de 20 de febrero del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones sobre sanción de multa, siendo en ello partes: como recurrente "TRANSPORTES LA OÑATIARRA, S.L." representada y dirigida por la Letrado Sra. Azcona; y como demandado el GOBIERNO DE NAVARRA, representado y dirigido por su Asesor Jurídico.
Interpuesto el recurso contencioso-administrativo y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia estimatoria de sus pretensiones.
El Abogado de la parte demandada contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase sentencia desestimatoria por la que se confirmase el acto recurrido.
Por auto que consta en el procedimiento se acordó el recibimiento a prueba del recurso, con el resultado que consta en autos.
Habiendo quedado el recurso pendiente de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera así se verificó, como obra en autos, teniendo lugar el día 20 de diciembre de 2000.
Por Providencia de la Sala de veinte de diciembre de 2.000 de conformidad con el artículo 43.2. de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, al haber observado en el momento de la deliberación y fallo que las partes no apreciaron debidamente la posible existencia de un motivo de nulidad se sometió a las partes como motivo susceptible de determinar la nulidad de los acuerdos recurridos, por cuanto la resolución sancionadora, no motivaba, ni mínimamente, la sanción impuesta, no existiendo los pronunciamientos necesarios que son exigidos para el ejercicio por la Administración de su potestad sancionadora, donde rigen los principios de carácter penal. Tal resolución no consta que se haya adoptado por el órgano competente, al no constar propiamente la resolución sancionadora, sino el traslado de la misma a efectos de notificación al particular, todo lo cual impide la revisión jurisdiccional de la competencia del órgano. Es ya criterio reiterado de esta Sala que no basta en materia sancionadora con la existencia del traslado firmado por el funcionario competente dirigido a su destinatario sino que propiamente ha de existir la específica resolución sancionadora dictada por el órgano administrativo que tiene atribuida la competencia. En relación con dicho motivo de posible nulidad se confirió a las partes un plazo común de diez días para formular las alegaciones, en el cual realizaron las que estimaron oportunas.
Es ponente el Ilmo Sr Magistrado D. FELIPE FRESNEDA PLAZA, quien expresa el parecer de la Sala.
A través de este recurso contencioso-administrativo se impugna contra Resolución del Gobierno de Navarra de fecha 30 de marzo de 1.998 que desestiman el recurso ordinario interpuesto contra Orden Foral 1026/1997, de 20 de febrero del Consejero de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones, que impone sanción de multa.
Una vez que tras la deliberación y fallo la Sala apreció y sometió a las partes de conformidad con el artículo 43.2. de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, el posible motivo de nulidad consistente en que la resolución sancionadora, no motivaba, ni mínimamente, la sanción impuesta, no existiendo los pronunciamientos necesarios que son exigidos para el ejercicio por la Administración de su potestad sancionadora, donde rigen los principios de carácter penal. Tal...
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