STSJ Navarra , 7 de Mayo de 2004
| Ponente | FELIPE FRESNEDA PLAZA |
| ECLI | ES:TSJNA:2004:622 |
| Número de Recurso | 553/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 7 de Mayo de 2004 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
S E N T E N C I A Nº489/2004 ILTMOS. SRES.:
PRESIDENTE, D. JOAQUIN MIQUELEIZ BRONTE MAGISTRADOS, D. ANTONIO RUBIO PEREZ D. FELIPE FRESNEDA PLAZA En Pamplona/Iruña a siete de mayo de dos mil cuatro.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 0000553/2003, promovido contra desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación formulada el 10-9-02 frente al Gobierno de Navarra en Expediente de Responsabilidad Patrimonial., siendo en ello partes: como recurrente D. Héctor , representado por el/la Procurador/a D./Dª JAVIER CASTILLO TORRES y dirigido por el/la Letrado/a D./Dª ENRIQUE ALONSO NUÑEZ; y como demandado el GOBIERNO DE NAVARRA, representado y dirigido por LETRADO DE LA COMUNIDAD FORAL .
La representación procesal de la parte actora interpuso recurso contencioso- administrativo contra resolución expresada en el encabezamiento.
Reclamado el expediente administrativo, de conformidad con el artículo 48 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1.998 , y una vez que fue remitido este, se dio traslado a la parte recurrente para que formulara la demanda, lo que hizo en término legal, alegando, esencialmente el derecho a obtener la pertinente indemnización a consecuencia de los daños sufridos por el vehículo propiedad del actor ante la colisión sufrida por el mismo con un jabalí.
La representación procesal de la parte demandada contestó a la demanda, alegando la legalidad del acuerdo recurrido.
Las partes solicitaron el recibimiento del juicio a prueba, habiéndose acordado de conformidad con lo solicitado, y practicado la que consta en las actuaciones.
Se formuló por las partes el escrito de conclusiones prevenido en el artículo 62 de la LJCA Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FELIPE FRESNEDA PLAZA.
Se plantea en el presente recurso jurisdiccional, la impugnación de la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada el 10 de septiembre de 2.002.
La parte recurrente alega, esencialmente la existencia de su derecho a obtener la pertinente indemnización a consecuencia de los daños sufridos por el vehículo propiedad del actor ante la colisión sufrida por el mismo con un jabalí, por concurrir todos los elementos precisos para el juego de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Como hechos más relevantes para la resolución de la presente litis se han de señalar los siguientes, al encontrarse acreditado:
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Que el día 23 de octubre de 2.001, sobre las 22,55 horas, cuando el actora circulaba con el vehículo de su propiedad matrícula YO-....-OS , sobre el kilómetro 5 de la carretera NA-126 colisionó de frente con un jabalí, que irrumpió en la calzada por su parte derecha.
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Que a consecuencia de la expresada colisión se causaron daños en el referido vehículo por importe de 802,26 Euros, cuyo resarcimiento interesa en el expresado procedimiento.
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Que en el punto donde se produjo la colisión atraviesa una finca conocida como "El Sosal", excluida del coto de caza de Cabanillas, si bien se encuentra enclavada en dicho coto, y completamente rodeada del mismo.
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El expresado coto, con número de matrícula 10281, no tiene entre sus aprovechamientos cinegéticos el jabalí, si bien el mismo se encuentra presente en el coto.
Para llegar a una solución sobre la cuestión planteada en este procedimiento, derecho a obtener el resarcimiento por los perjuicios producidos al actor a consecuencia de la colisión con el jabalí a que se ha hecho alusión, ha de analizarse desde la legislación vigente al momento de los hechos, (art.
106.2 de la Constitución Española y arts, 139 y ss de la Ley 30/1992 40, de 26 de noviembre) si se dan en el presente caso los requisitos necesarios para que proceda el derecho a obtener la indemnización solicitada.
Con arreglo a lo establecido en los preceptos citados en el apartado precedente la doctrina y jurisprudencia han establecido como requisitos necesarios para que proceda el derecho a indemnización a consecuencia de responsabilidad de la Administración los siguientes:
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Realidad objetiva del daño que ha de ser evaluado económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.
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El daño debe ser antijurídico o lo que es lo mismo, la persona que lo sufre no debe estar obligada jurídicamente a soportarlo.
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Que la lesión sea imputable a la Administración a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
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Relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio público, sea ésta normal o anormal, en relación directa inmediata y exclusiva de causa o efecto, sin intervención de circunstancias extrañas que pudieran alterar el nexo causal.
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Ausencia de fuerza mayor.
En tal sentido puede citarse la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 1.988 y 1 de octubre de 1.997, y la más reciente de 21 de abril de 1.998 .
Tal responsabilidad de la Administración "es de carácter objetivo y directo, . Al afirmar que es objetiva se pretende significar que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, a diferencia de la tradicional responsabilidad subjetiva propia del derecho civil ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de cual sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, y de ahí la referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en la dicción del artículo 139 de la Ley antes citada , pues cualquier consecuencia dañosa derivada de tal funcionamiento debe ser, en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que, en algunos casos, debe ser soportada por la comunidad. Y es directa por cuanto ha de mediar una relación de tal naturaleza, inmediata y exclusiva de causa a efecto entre el actuar de la Administración y el daño producido, relación de causalidad o nexo causal que vincule el daño producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o anormal, que la Jurisprudencia de esta Sala viene reiteradamente exigiendo" (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1.998)
En relación con el nexo causal ha de decirse que, partiendo de que en ningún caso se requiere culpa o negligencia en el actuar administrativo, al ser la responsabilidad objetiva, el mismo ha de buscarse para la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1.998 , entre las diversas causas, la causa adecuada o eficiente que resulte normalmente para determinar el resultado, buscando que exista una adecuación objetiva entre acto y evento, tal sentencia se expresa en los siguientes términos, añadiendo que es necesario, además, que resulte normalmente idónea para determinar aquel evento o resultado, tomando en consideración todas las circunstancias del caso; esto es, que exista una adecuación objetiva entre acto y evento, lo que se ha llamado la verosimilitud del nexo y sólo cuando sea así, dicha condición alcanza la categoría de causa adecuada, causa eficiente o causa próxima y verdadera del daño, quedando así excluidos tanto los actos indiferentes como los inadecuados o inidóneos y los absolutamente extraordinarios La sentencia de 21 de abril de 1.998 , matiza esta doctrina en el sentido de que basta con la existencia de factores sin cuya concurrencia no se hubiera producido el resultado, no siendo "admisibles, en consecuencia, restricciones derivadas de otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que -válidas como son en otros terrenos- irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (sentencias de 5 de junio de 1997 y 16 de diciembre de 1997). La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, debe reservarse para aquéllos que comportan fuerza mayor -única circunstancia admitida por la ley con efecto excluyente- (Sentencia de 11 de julio de 1995), a los...
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