STSJ Canarias , 30 de Enero de 2004
| Ponente | JESUS JOSE SUAREZ TEJERA |
| ECLI | ES:TSJICAN:2004:323 |
| Número de Recurso | 1055/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Enero de 2004 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Núm ILTMOS. SRES.
DON JESÚS JOSÉ SUÁREZ TEJERA Presidente DON JAIME BORRÁS MOYA DON JESÚS NICOLÁS MARTI SÁNCHEZ Magistrados Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de enero del año dos mil cuatro.
Vistos, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sección 1ª), con sede en esta Capital, el presente recurso núm 1055/1996, en el que interviene como demandante la entidad TOYOTA CANARIAS S.A., representado y asistida del Letrado Don Jose Manuel Melián Monzón y como Administración demandada, la Comunidad Autónoma de Canarias representada por el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias; versando sobre el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC); siendo la 3.158.086 ptas., la cuantía del procedimiento.
Por resoluciones de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, de fecha 26 de marzo en la RECLAMACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA Nº: 3/95/3 CONCEPTO:
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). OFICINA GESTORA: Administración Tributaria Insular de Gran Canaria. VISTA: la Reclamación Económico-Administrativa de referencia, incoada a instancia de D. Clemente , actuando en nombre y representación de la entidad IMPORTACIONES CANARIAS, SA, (CIF A-35012038), con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Eufemiano Fuentes Cabrera, 11, Miller Bajo, Las Palmas de G.C., versando sobre nulidad de las liquidaciones nº17678221, 17727376, 17727208, 17727350, 17727211, 17727347, 17727981, 17728456, 17727978, 17727965, 17728427, 17728430, 17728443, 17728511, 17728524, 17728537, 17728702 y 17728728 en concepto de IGIC , se acordó:
Desestimar la presente reclamción económico administrativa por venir ajustado a Derecho el acto impugnado.
La representación de la entidad actora interpuso recurso contencioso administrativo, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia en la que, estimando la demanda, anule y deje sin efecto las liquidaciones y actos impugnados.
La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella e interesando una sentencia por la que se inadmita el recurso o, en su caso, se desestime por ser los actos recurridos plenamente conformes a Derecho y, en su caso, se declare la improcedencia del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley 20/1991.
Practicada la prueba pertinente, las partes formularon conclusiones y señalado día para votación y fallo tuvo lugar la reunión del Tribunal el día señalado al efecto.
Aparecen observadas las formalidades de tramitación.
Siendo Ponente el Itmo. Sr. D. JESÚS JOSÉ SUÁREZ TEJERA y VISTOS los preceptos legales citados por las partes y los que son de general aplicación.
Constituye el objeto del recurso examinar la conformidad o no a Derecho del acto administrativo por el que se desestima la RECLAMCIÓN ECONOMICO-ADMINISTRATIVA Nº: 3/95/3 CONCEPTO: Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, cuya nulidad postula la representación procesal de la entidad recurrente por las consideraciones siguientes: I.- En relación con la cuestión de fondo subsisten en su integridad los argumentos esgrimidos en el recurso económico-administrativo y en consecuencia las razones de fondo para impugnar las liquidaciones por Impuesto General Indirecto Canario, ya que como se indicó en el recurso de reposición, el I. G. I. C es un impuesto que atenta directamente contra una norma de superior rango, el Estatuto de Autonomía de Canarias. Ley Orgánica 10/1982 que forma parte del "bloque de constitucionalidad" y cuyo artí ;culo 45.1 dice expresamente que: "Canarias croza de un régimen económico y fiscal basado en la libertad comercial de importación y de exportación y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo". El I.G.I.C., es un impuesto indirecto que recae sobre el consumidor y en consecuencia en evidente contradicción con el Estatuto de Autonomía de Canarias. Basta para ello, acompañar fotocopia de las páginas de cualquier medio de comunicación, en los ú ltimos días de 1992 y primeros de 1993, en que el Gobierno de Canarias (Consejería de Economía y Hacienda) decían expresamente que: "El Impuesto recae sobre los consumidores fínales". El I. G. I. C. , se estructura como un impuesto general sobre las ventas o el consumo, circunstancia ésta que se desprende expresamente de diversos artículos de la Ley 20/1991, entre ellos los siguientes: 1- El art. 2 de la Ley 20/1991 establece que, "el Impuesto General Indirecto Canario ... grava ... las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales, así como las importaciones de bienes". 2- El art. 4 del mismo texto legal dispone, en su apartado primero, que " están sujetas al Impuesto por el concepto de entregas de bienes y prestaciones de servicios las efectuadas por empresarios y profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional". Añade el apartado segundo del mismo artículo que: "asimismo, están sujetas al impuesto por el concepto de importaciones de bienes las entregas de los mismos en las islas Canarias, cualquiera que sea el fin a que se destinen, o la condición del importador". 3- El art. 6 de la Ley 20/1991 especifica, en su apartado primero, que "se entiende por entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales", particularizando, a continuación en su apartado segundo, una serie de supuestos que, en todo caso tienen la consideració n de entrega de bienes. 4- El art. 8 de la Ley que se contempla, manifiesta, en su apartado primero que a los efectos del I.G.I.C "se define la importación como la entrada de bienes en las islas Canarias, procedentes de la Península, islas Baleares, Ceuta, Melilla, cualquier otro Estado miembro de la CEE o de Terceros Paí ses, cualquiera que sea el fin a que se destinen o la condición del importador". Son muchos, en fin, los preceptos contenidos en la Ley 20/1991 que confirman el carácter del I.G.I. C. como un gravamen generalizado sobre las ventas, pues, en definitiva, aquel impuesto es de estructura idéntica a la del Impuesto sobre el Valor Añadido. El I.G.I.C. incide directamente sobre el consumo y constituye una evidente vulneración del principio de franquicia fiscal sobre el consumo, principio REF éste expresamente consagrado en el art. 45.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Contra ello, no cabe invocar que el art. 10.1,27) de la Ley 20/1991 establece una exención en favor de las entregas efectuadas por los comerciantes minoristas, ni tampoco que los tipos impositivos del I.G.I. C. son inferiores a los del IVA. Así, en efecto, existe una tesis según la cual la expresión contenida en el art. 45.1 relativa a la franquicia fiscal sobre "el consumo", hace referencia, exclusivamente, al consumo de minorista, de forma tal que si éste no aparece grabado formal y específicamente, no existe vulneración del principio REF reseñado. Tal interpretación podría objetarse si se tiene en cuenta que el citado art. 45.1 no establece distinción alguna, y que la franquicia en cuestión lo que prohibe no es que exista en Canarias un "Impuesto sobre el Consumo", sino que el consumo resulte gravado. Esta tesis que mantiene esta parte acaba de ser refrendada por este Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que en reciente AUTO ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley 20/91, por si se estima que ha habido vulneración del denominado "bloque de constitucionalidad" integrado por la propia Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Asimismo, y por AUTO del Tribunal Supremo de 30 de Mayo del presente año 1.994 este Tribunal ha acordado confirmar el Auto del 12 de Julio de 1.993 por el que se suspendió la...
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