STSJ Canarias , 21 de Mayo de 2002
| Ponente | JAIME GUILARTE MARTIN-CALERO |
| ECLI | ES:TSJICAN:2002:1570 |
| Número de Recurso | 2085/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 21 de Mayo de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SANTA CRUZ DE TENERIFE SENTENCIA n° 592 Recurso n° 2085/98 Iltmos. Sres:
PRESIDENTE D. Ángel Acevedo Campos MAGISTRADOS D. Pedro Hernández Cordobés D. Jaime Guilarte Martín Calero En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2002.
Visto, en nombre del Rey, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, el presente recurso, tramitado por el procedimiento ordinario, seguido a instancia del demandante la entidad mercantil "Hijos de Moisés Rodríguez González S.A." representada por la Procuradora Doña Elena Rodríguez de Azero y dirigida por el Letrado Don Francisco Rodríguez Jorge, y como Administración demandada la de la Comunidad Autónoma de Canarias y en su representación y defensa el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, versando sobre inconstitucionalidad del APIC, siendo ponente el Magistrado don Jaime Guilarte Martín Calero.
Por resolución de fecha 13-10-98, la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias desestimó la reclamación económico-administrativa Jurisdicción- 38/439/97 interpuesta por la entidad actora contra la liquidación número 295.338/97, por importe de 249.159 pesetas, practicada en concepto de Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias.
La representación del actor interpuso recurso contencioso-administrativo, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia anulando la liquidación impugnada y por Otrosí interesa de la Sala el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad si considerase que la Ley 20/91, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias que estableció el "Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias" pudiera ser contrario a la Constitución y al Derecho Comunitario a la vista de las vulneraciones de los principios constitucionales y comunitarios del libertad de importación y exportación y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 10/82, Estatuto de Autonomía de Canarias, que forma parte del bloque constitucional español.
La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella e interesando una sentencia por la que se desestimase el recurso interpuesto, por ajustarse a Derecho el acto administrativo recurrido.
Recibido el juicio a prueba se practicaron las pruebas y se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.
Señalado día y hora para votación y fallo, tuvo lugar la reunión del Tribunal en el designado al efecto.
Aparecen observadas las formalidades de tramitación.
La liquidación recurrida girada en concepto de ...
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