STSJ Canarias , 26 de Octubre de 2000
| Ponente | PEDRO MANUEL HERNANDEZ CORDOBES |
| ECLI | ES:TSJICAN:2000:3622 |
| Número de Recurso | 1018/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 26 de Octubre de 2000 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Recurso: 1018/1997 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS Sala de lo Contencioso Administrativo Santa Cruz de Tenerife S E N T E N C I A nº 1018 Recurso nº 1018/1997 Iltmos. Sres:
Presidente D. Antonio Giralda Brito Magistrados D. Ángel Acevedo y Campos D. Pedro Hernández Cordobés
En Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de octubre de dos mil. Visto, en nombre del Rey, por la Sala de lo contencioso-administrativo de esta capital, el presente recurso tramitado por el procedimiento ordinario previsto en la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa, interpuesto a nombre del demandante la entidad DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, SA, representada por el Procurador Sr. Llorca Rodríguez y defendida por el Letrado Sr. González Pérez; como administración demandada el Tribunal Económico Administrativo Regional, Sala de Santa Cruz de Tenerife, defendido y representado por el Abogado del Estado, personándose como parte coadyuvante la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno Autónomo, representada y dirigida por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias; versando sobre la resolución de 19-3-1997, dictada en el expediente N_ 38/139/96, sobre el concepto tributario Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, siendo ponente el Ilmo. Sr. don Pedro Hernández Cordobés.
Interpuesto recurso ante esta Sala, fue registrado con el número 1018/97, y previos los oportunos trámites se confirió traslado a la parte actora por plazo legal para formalizar demanda, lo que verificó mediante el oportuno escrito, en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó solicitando se dicte sentencia declarando no ser conformes a Derecho las resoluciones impugnadas, anulándolas tan solo en cuanto ordena proceder a una nueva comprobación realizada en forma reglamentaria, todo ello con imposición de las costas a la Administración.
La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella e interesando una sentencia por la que se desestime el recurso por ajustarse al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.
La Administración autonómica, codemandada, igualmente se opuso a la demanda interesando una sentencia desestimatoria con imposición de costas.
Recibido el juicio a prueba se practicaron las pruebas propuestas y admitidas con el resultado que obra en autos.
Practicada la prueba propuesta, se acordó...
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