STSJ País Vasco , 11 de Febrero de 2000
| Ponente | ROBERTO SAIZ FERNANDEZ |
| ECLI | ES:TSJPV:2000:760 |
| Número de Recurso | 1166/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 11 de Febrero de 2000 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1166/97 DE ORDINARIO SENTENCIA NUMERO 80/2000 ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
D. ENRIQUE TORRES Y LOPEZ DE LACALLE MAGISTRADOS:
D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANIA D. ROBERTO SAIZ FERNANDEZ En la Villa de BILBAO, a once de Febrero de dos mil. La Sección PRIMERA de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 1166/97 y seguido por el procedimiento ORDINARIO, en el que se impugna: el Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, de 18 de diciembre de 1996.
Son partes en dicho recurso: como recurrente EUROSEGUROS S.A, representado por el Procurador D. RAFAEL EGUIDAZU BUERBA y dirigido por el Letrado.
Como demandada DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, representada por la Procuradora Dª BEGOÑA URIZAR ARANCIBIA y dirigida por el Letrado D. JOSE LUIS ECHEBERRIA MONASTERIO.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. ROBERTO SAIZ FERNANDEZ, Magistrado de esta Sala.
I.
El día 12 de Marzo de 1997 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D. RAFAEL EGUIDAZU BUERBA actuando en nombre y representación de EUROSEGUROS S.A , interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Tribunal Económico- Administrativo Foral de Bizkaia, de 18 de diciembre de 1996; quedando registrado dicho recurso con el número 1166/97.
La cuantía del presente recurso quedó fijada en 456.542.863 ptas.
En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que, estimando el presente recurso, anule y deje sin efecto la indicada resolución del TEAF y la liquidación a que ésta se refiere.
En el escrito de contestación , en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime el Recurso contencioso administrativo nº 1166/97.
El procedimiento no se recibió a prueba por no solicitarlo las partes ni estimarlo necesario esta Sala.
En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.
Por resolución de fecha 21/01/2000 se señaló el pasado día 08/02/2000 para la votación y fallo del presente recurso.
En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.
II
Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo por el Procurador de los Tribunales, D. Rafael Eguidazu Buerba, en representación de la entidad Euroseguros, S.A., frente al Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, de 18 de diciembre de 1996, desestimatorio de la reclamación, nº 1836/91, promovida contra un Acuerdo del Jefe del Servicio de Impuestos Directos de la Hacienda Foral de Bizkaia, de fecha 18 de febrero de 1991, que ratificaba la calificación de las operaciones realizadas por Euroseguros, S.A., como rendimientos de capital mobiliario y, en su consecuencia, giraba liquidación provisional, dimanante de Acta. modelo A02, número 0079, en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por retenciones de capital mobiliario de los ejercicios 1986, 1987 y 1988, en cuantía de 617.980.090, incluidos intereses de demora.
La parte actora sostiene en fundamentos de sus pretensiones que la Diputación Foral no es competente para girar la liquidación impugnada y para exigir las presuntas deudas, con cita de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, de 7 de noviembre de 1997, recaída en el recurso nº 2/1466/91, en la que analizándose las mismas operaciones que ahora se enjuician, ha mantenido la competencia del Estado para liquidar y exigir las retenciones a que hubiera lugar, y por no haberse realizado operaciones a través de establecimientos situados en el Territorio Histórico, al considerar que las oficinas del Banco Bilbao no constituían establecimientos de la entidad Euroseguros, S.A., y que el Banco Bilbao no podía ser reputado agente de Euroseguros; y, finalmente, sostiene la parte recurrente en su análisis de la cuestión de fondo, que las operaciones realizadas tienen naturaleza jurídica de auténticos contratos de seguro, lo que, a su juicio, comporta que los actos administrativos objeto de impugnación son contrarios a Derecho por infringir lo dispuesto en los artículos 10, 20, 10.b) y 36.1 de la Ley 44/1978, de 9 de septiembre, así como de los artículos 147.1 y 148.b) del Real Decreto 2384/1981, de 3 de agosto. De otro lado, se opone, asimismo, a la determinación del rendimiento mediante la técnica de elevación al íntegro, que consiste en tener por satisfecha como importe bruto la cantidad realmente entregada más la que debió retenerse aplicando los tipos de retención correspondiente, aún no habiéndose practicado retención o practicada una a tipo inferior; y a la liquidación de intereses de demora, al no haber existido perjuicio para la Hacienda Pública, ni disfrute indebido de capitales por parte de Euroseguros.
Y solicita la parte recurrente el dictado de una sentencia estimatoria del recurso, por la que se anulen los actos administrativos impugnados, por no ser ajustados a derecho.
La Administración Foral demandada plantea, en primer lugar, la concurrencia de una causa de inadmisión parcial del recurso, en relación con la competencia de la Hacienda Foral de Guipuzcoa para la exacción que se discute, con fundamento en que pende recurso de casación frente a la sentencia dictada por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo, en 7 de abril de 1995, recaída en el recurso, nº 1177/1992, y en la que se sostenía la competencia de los órganos forales para exaccionar el concepto tributario que ahora se discute; y se opone de fondo a cuantos fundamentos y pretensiones deduce la parte actora y solicita que por este Tribunal se dicte una sentencia desestimatoria del recurso, por la que se declaren ajustados a Derechos los actos revisados y se confirmen..
Dando inicio al examen de las cuestiones controvertidas, ha de comenzarse por la alegada inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo fundado en la litispendencia anteriormente indicada; y, en relación con esta cuestión, interesa señalar que esta institución, a pesar de no estar expresamente comprendida entre las causas de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo contenidas en el artículo 82 de la Ley Jurisdiccional, es aplicable sin duda, en este orden jurisdiccional, como derivada de la cosa juzgada o cosa juzgada anticipada, que se produce en el supuesto de duplicación de procesos sobre un mismo asunto -Sentencias de 14 mayo 1984 (RJ/1984/2761), 24 septiembre 1985 (RJ/1985/6038), 9 marzo 1988 (RJ/1988/1820) y 6 mayo 1992 (RJ/1992/4240)-"; debiendo considerarse, sin embargo, como hace el Tribunal Supremo -por todas, sentencia de 21/04/94 (RJ/1994/3395)-, que, dicha figura precisa que entre dos o más procesos exista «identidad» determinada por la coincidencia de tres elementos, cual son: unos mismos sujetos litigantes, igual causa de pedir y «petitum»; pues, coincidiendo sólo alguno de ellos, sólo procedería, en su caso, la acumulación de los procesos que es cosa distinta de la inadmisibilidad del seguido por la mera existencia del primero".
Ha de partirse, así, de la confirmación de lo alegado por la Administración demandada en relación con la cuestión que se refiere a la competencia de la Diputación Foral de Guipuzcoa para la exacción que se discute, en cuanto que esta Sala ya ha emitido un pronunciamiento, en sentencia -que no es firme por haber sido objeto de recurso de casación-, de fecha 7 de abril de 1995, recaída en el recurso 1177 de 1992, resolviendo una cuestión sustancialmente idéntica a una de las varias que ahora son objeto de controversia, en el sentido de que las operaciones que dieron lugar a la liquidación impugnada <
Manteniendo vigencia el expresado razonamiento en el criterio de este Tribunal, ha de reproducirse en esta sentencia para la solución de la cuestión que guarda identidad con la planteada en el recurso, nº
1177/1992, y resuelta en la sentencia de 7 de abril de 1995, en la que se reiteraba el criterio sustentado en la sentencia del propio Tribunal, de 19 de octubre de 1993, recaida en el recurso, nº 753/91, que el Tribunal Supremo ha confirmado, en sentencia dictada en recurso de casación, de 22 de noviembre de 1999, comportando tal opción la reiteración de la competencia de la Hacienda Foral de Guipuzcoa para dictar los actos que aquí se recurren y el acceso al análisis de las cuestiones de fondo que animan la controversia.
La cuestión sustantiva que con carácter principal se suscita en este debate jurídico consiste en determinar si las percepciones de los asegurados en los tres contratos de seguro -Seguro diferido a un año con reembolso de la prima (S.P.U.), documentado en la póliza núm. 86/001.016, Capital asegurado, documentado en la póliza núm. 87/001.030, y Capital asegurado Eurobao, documentado en las póliza núms. 87/001.034 y 87/001.035- deben tener en el I.R.P.F. la consideración fiscal de rendimiento de capital mobiliario, como defiende la Administración demandada, o el de incremento de patrimonio, según la tesis de la parte actora, en función de la naturaleza jurídica que se reconozca a dichos contratos; resultando, para el caso de que se de una respuesta coincidente con la propuesta por la Administración...
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