STSJ Castilla y León 423/2007, 15 de Octubre de 2007
| Ponente | MARIA CONCEPCION GARCIA VICARIO |
| ECLI | ES:TSJCL:2007:4208 |
| Número de Recurso | 429/2006 |
| Número de Resolución | 423/2007 |
| Fecha de Resolución | 15 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA
En la Ciudad de Burgos a quince de octubre de dos mil siete.
En el recurso contencioso administrativo numero 429/06 interpuesto por Don Carlos Jesús representado por la Procuradora Doña Mercedes Manero Barriuso y defendida por el
Letrado Don Manuel Valentín Gamazo de Cardenas contra la resolución del TEAR de Castilla y León, Sala de Burgos, de 28 de junio de 2006, desestimando la reclamación económico administrativa NUM000 formulada por el recurrente contra el acuerdo de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Soria, que desestima la solicitud de rectificación de declaración autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002; habiendo comparecido como parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado en virtud de la representación que por ley ostenta.
Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso administrativo ante esta Sala el día 11 de septiembre de 2006.
Admitido a trámite el recurso y no habiéndose solicitado el anuncio de la interposición del recurso, se reclamó el expediente administrativo; recibido, se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 17 de noviembre de 2006 que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte sentencia "...por la que se declare la nulidad y deje sin efecto los actos impugnados por no ser conformes a derecho y declarando la obligación del órgano de gestión de rectificar la autoliquidación referida, como consecuencia de estar exenta de tributación la parte de la indemnización abonada al actor que la empresa hubiera tenido que pagarle en el supuesto de despido improcedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, y sujeta al impuesto como renta irregular la parte que en su caso exceda de dicho limite y ello con las consecuencias inherentes a tal pronunciamiento consistentes en la obligación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de practicar nueva liquidación sobre la declaración de IRPF correspondiente al ejercicio 2002 y proceda a la consiguiente devolución de la diferencia resultante, respecto de la cuota diferencial incrementada en los intereses legales que correspondan."
Se confirió traslado de la demanda por termino legal a la parte demandada quien contestó a la demanda a medio de escrito de 12 de enero de 2007 oponiéndose al recurso solicitando la desestimación del mismo basándose en los fundamentos jurídicos que aduce.
Una vez dictado Auto de fijación de cuantía, y no solicitado el recibimiento del recurso contencioso administrativo a prueba, y solicitada la presentación de conclusiones, tras la presentación de conclusiones escritas, quedó el recurso concluso para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 29/98, al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art. 64.3 de la misma Ley, establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 11 de octubre de 2007 para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.
Constituye el objeto del presente recurso jurisdiccional contra la resolución del TEAR de Castilla y León, Sala de Burgos, de 28 de junio de 2006, desestimando la reclamación económico administrativa NUM000 formulada por el recurrente contra el acuerdo de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Soria, que desestima la solicitud de rectificación de declaración autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002.
Alega la recurrente en apoyo de sus pretensiones anulatorias que las cantidades percibidas en concepto de prejubilación son una indemnización derivada la extinción del contrato de trabajo y por ello están exentas en los límites fijados por el Estatuto de los Trabajadores, como lo ha entendido la Sala de Murcia, y que dicha indemnización se ha generado durante el tiempo de trabajo en la empresa, por lo que dicha indemnización aunque recibida fraccionadamente constituye una renta irregular.
A tales pretensiones se opone de contrario que las cantidades percibidas en virtud del contrato de prejubilación suscrito, tienen la consideración de rendimientos de trabajo con el tratamiento de renta regular, no concurriendo los requisitos previstos en el art. 17.2.a) de la Ley 40/98 para la reducción del 30 por 100, interesando la desestimación del recurso, por entender que las resoluciones impugnadas son conformes a derecho.
Dos son las cuestiones suscitadas en el presente recurso, por un lado, si parte de las cantidades percibidas por la recurrente por la suspensión de su contrato de trabajo con la entidad financiera Banco de Santander Central Hispano hasta su jubilación, están exentas de acuerdo con el art. 7 de la Ley 40/1998, y por otro, el tratamiento como rentas regulares o irregulares de las cantidades percibidas.
En ambos casos, se trata de cuestiones estrictamente jurídicas que han de resolverse partiendo de las prescripciones legales.
Así, en cuanto a la primera cuestión, hemos de partir del art. 7 de la LIRPF 40/1998 en la redacción otorgada por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 13-12-02 ) que entró en vigor al día siguiente de su publicación, y por tanto aplicable al ejercicio 2002, conforme al cual están exentas del Impuesto........e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que el mismo hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.
En el presente caso como pone de manifiesto el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos y desglosa el Abogado del Estado resulta que las cantidades percibidas por el recurrente lo son en virtud de acuerdo, pactado con la empresa, de suspensión del contrato, con lo cual no existe extinción ni cese del contrato, a solicitud del trabajador.
Ello justifica la no exención de la renta que pretende el recurrente, respetando el criterio de la Sala de Murcia, pero no compartiéndolo al ir más allá de la previsión legal extendiendo la exención analógicamente a supuestos no previstos cuando la aplicación de las exenciones ha de ser restrictiva.
Pero es que además recientemente se ha pronunciado el Tribunal Supremo al respecto en sentencia de 14 de febrero de 2007 Ponente Sr. Martín Timón, y aunque referido a la ley 18/1991, su doctrina es perfectamente aplicable al caso cuando dice: "Como del expediente administrativo se deduce que el cese de los respectivos trabajadores tuvo su origen en el acuerdo entre empresa y trabajadores, las cantidades percibidas...
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