STSJ Castilla-La Mancha , 6 de Junio de 2005
| Ponente | MARIANO MONTERO MARTINEZ |
| ECLI | ES:TSJCLM:2005:1383 |
| Número de Recurso | 188/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 6 de Junio de 2005 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.1 ALBACETE SENTENCIA: 00265/2005 Recurso contencioso-administrativo nº 188/2001 Toledo SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Sección Primera.
Magistrados, Iltmos. Sres.:
D. José Borrego López, Presidente.
D. Mariano Montero Martínez.
D. Miguel Angel Pérez Yuste.
S E N T E N C I A Nº 265 En Albacete, a seis de junio de 2005.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha los presentes autos de recurso contencioso-administrativo, seguidos bajo el número 188 de 2001 , siendo parte actora D. Rogelio , representado por el Procurador Sr. Cantos Galdámez y defendido por el Letrado Sr. Peña Martín y partes demandadas el AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS (Toledo), representado por el Procurador Sr. Ponce Riaza y defendido por la Letrado Sra. Fernández Calderón, y D. Domingo , representado por el Procurador Sr. Cuartero Peinado y defendido por el Letrado Sr. Cervantes Martín, en materia de responsabilidad patrimonial. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Mariano Montero Martínez
En fecha catorce de febrero de 2001 se interpuso por la representación procesal de la actora recurso contencioso-administrativo contra la resolución presunta desestimatoria, por parte del Ayuntamiento de Illescas, de la reclamación que en demanda de responsabilidad patrimonial articuló el actor, en fecha veinticinco de julio de 2000, por los daños derivados de la no concesión de una licencia urbanística.
Formalizada demanda, tras exponerse los hechos y los fundamentos jurídicos que se entendieron aplicables, se terminó suplicando una sentencia que declarase la obligación del Ayuntamiento demandado de indemnizar al actor en la cantidad de dieciséis millones de pesetas; fue contestado por la representación del Ayuntamiento demandado, que solicitó una sentencia desestimatoria íntegramente de la demanda planteada; en similares términos se manifestó la representación procesal del codemandado.
Acordado el recibimiento del pleito a prueba, y practicadas las declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló día y hora para votación y fallo, el uno de junio de 2005, en que tuvo lugar.
Impugna el actor la resolución presunta desestimatoria, por parte del Ayuntamiento de Illescas, de la reclamación que en demanda de responsabilidad patrimonial articuló el actor, en fecha veinticinco de julio de 2000, por los daños derivados de la no concesión de una licencia urbanística.
Es doctrina jurisprudencial consolidada - sentencias del Tribunal Supremo de 2 de enero y 17 de noviembre de 1.990, 7 de octubre de 1.991 y 29 de febrero de 1.992 , entre otras muchas-, que la responsabilidad directa y objetiva de la Administración, iniciada en nuestro Ordenamiento positivo por los artículos 405 y 414 de la Ley de Régimen Local de 1.956 , y consagrada en toda su amplitud en los artículos 40 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones del Estado y 121, 122 y 123 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, ha culminado, como pieza fundamental de todo Estado de Derecho, en el artículo 106.2 de la Constitución española de 1.978 , al establecer que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Así, pues, la copiosa jurisprudencia sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina de la que pueden significarse como pilares fundamentales los siguientes: a) La legislación ha estatuído una cobertura patrimonial de toda clase de daños que los administrados hayan sufrido en sus bienes a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, fórmula que abarca la total actividad administrativa; b) Servicio público viene a ser sinónimo de actividad administrativa y para su calificación hay que atender, más que a una tipificación especial de alguna de las formas en que suelen presentarse, al conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la Administración; c) De ahí que siempre que se produzca un daño en el patrimonio de un particular sin que éste venga obligado a soportarlo en virtud de disposición legal o vínculo jurídico, hay que entender que se origina la obligación de resarcir por parte de la Administración, si se cumplen los requisitos exigibles para ello, ya que al operar el daño o el perjuicio como meros hechos jurídicos, es totalmente irrelevante para la imputación de los mismos a la Administración que ésta haya obrado en el estricto ejercicio de una potestad administrativa, o en forma de mera actividad material, o en omisión de una obligación legal.
Los requisitos exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva realidad de un daño material, individualizado o económicamente evaluable; segundo, que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su...
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