STSJ Extremadura , 2 de Octubre de 2002
| Ponente | DANIEL RUIZ BALLESTEROS |
| ECLI | ES:TSJEXT:2002:2196 |
| Número de Recurso | 374/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 2 de Octubre de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA, INTEGRADA POR LOS ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS DEL MARGEN, EN NOMBRE DE S. M. EL REY HAN DICTADO LA SIGUIENTE SENTENCIA N° 1.682 PRESIDENTE DON WENCESLAO OLEA GODOY MAGISTRADOS DOÑA ELENA MÉNDEZ CANSECO DON MERCENARIO VILLALBA LAVA DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS DOÑA FATIMA DE LA CRUZ MERA /
En Cáceres a dos de octubre de dos mil dos.- Visto el recurso contencioso administrativo número 374/00, promovido por el Procurador D. Carlos Alejo LEAL LOPEZ, en nombre y representación de D. Evaristo , siendo demandado el AYUNTAMIENTO DE DON BENITO, representado por el Procurador D. Jorge CAMPILLO ALVAREZ; recurso que versa sobre resolución del Ayuntamiento de Don Benito de fecha 02/03/00 que desestima reclamación sobre responsabilidad patrimonial de dicho ayuntamiento solicitada en pago de indemnización por el recurrente de 3.303.163 pts por daños personales y materiales.
Por la parte actora se presentó escrito mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.
Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entrego el expediente administrativo a la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara una sentencia por la que se estime el recurso, con imposición de costas a la demandada; dado traslado de la demanda a la parte demandada de la Administración para que la contestase, evacuó dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte actora.
Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron todas las propuestas, obrando en los ramos separados de las partes, declarándose concluso este periodo, se pasó al de conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma, señalándose seguidamente día para la votación y fallo del presente recurso, que se llevó a efecto en el fijado.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Siendo Ponente para este trámite D. DANIEL RUIZ BALLESTEROS que expresa el parecer de la Sala.
El demandante Don Evaristo formula recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Ayuntamiento de Don Benito, de fecha 2 de Marzo de 2000, que desestima la petición indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos por el actor como consecuencia del accidente de tráfico ocurrido el día 30 de Agosto de 1998. La parte demandante considera que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Corporación Local de Don Benito, por ello, solicita una indemnización por los días de incapacidad y secuelas que relata en su escrito de demanda. La Administración demandada, por su parte, interesó la desestimación del presente recurso con base a las consideraciones que obran en su escrito de contestación a la demanda.
La Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ha introducido algunas modificaciones en el régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones, que halla en el artículo 106,2 de la Constitución Española su punto de referencia fundamental. Se trata de un sistema que consagra la responsabilidad de las Administraciones Públicas y que trae causa de la anterior regulación de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957. Las principales características de ese sistema pueden sintetizarse así: es un sistema unitario en cuanto rige para todas las Administraciones; general en la medida en que se refiere a toda la actividad administrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción como por omisión; de responsabilidad directa de modo que la Administración cubre directamente, y no sólo de forma subsidiaria, la actividad dañosa de sus autoridades, funcionarios y personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la acción de regreso cuando aquéllos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencia graves; pretende lograr una reparación integral; y, finalmente es, sobre todo, un régimen de carácter objetivo que, por...
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