STSJ Comunidad Valenciana , 2 de Mayo de 2003
| Ponente | SALVADOR DE BELLMONT Y MORA |
| ECLI | ES:TSJCV:2003:3586 |
| Número de Recurso | 1346/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 2 de Mayo de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Recurso número:1346/00 S E N T E N C I A N º 582 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Iltmos. Sres.:
Presidente D. JOSE DIAZ DELGADO Magistrados D. SALVADOR BELLMONT Y MORA D. AGUSTIN GÓMEZ MORENO MORA En Valencia , a dos de mayo de dos mil tres..
Visto por la Sección PRIMERA de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso administrativo núm. 1346/00 y (acumulados 1347/00 y 1348/00), promovido por la Procuradora Dª Carmen Iniesta Sabater , en nombre y representación de D. Baltasar , contra resoluciones del T.E.A.R. Valencia en expedientes nº 46/12524/96,46/12523/96 y 46/
12522/96, habiendo sido parte en autos la Administración demandada representada por el Letrado del Estado.
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución recurrida.
La representación de la parte demandada contestó a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.
No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba ni la celebración de vista ni la presentación de conclusiones, se declaró concluso el presente recurso de acuerdo con lo dispuesto en el art.62 de la Ley 29/98 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, quedando los autos pendientes para votación y fallo.
Se señala la votación para el día DIECISEIS DE ABRIL de dos mil tres..
En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales .
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. .D. SALVADOR BELLMONT Y MORA .
Que constituye el objeto del presente recurso la impugnación que, por la parte actora se hace de tres Resoluciones del T.E.A.R., todas de fecha 29-6-00, en cuanto desestiman sus reclamaciones en relación a la declaraciones sobre el I.R.P.F., periodos 91, 92 y 93, Recursos en los que se plantea esencialmente la misma problemática que ya han sido contempladas y resueltas en Sentencia nº 517/03, en cuyos F..D. se dice:
"PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto, contra las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia, de 29 de junio de 2.000, desestimatorias de las reclamaciones nº 46/12.665/96, 46/12.661/96 y 46/12.663/96, formuladas contra las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1991 (importe 2.998.442 ptas), 1992 (92.815 ptas), 1993 (2.928.615 ptas); derivadas de actas de disconformidad.
A los anteriores efectos conviene poner de manifiesto que, la administración tributaria inicio actuaciones inspectoras a la mercantil "Fomento de Inversiones Cisneros S.A.", y subsidiariamente a cada uno de sus socios. La actividad inspectora centró sus argumentos en que la sociedad referida al ser de mera tenencia de bienes debió tributar en el régimen especial de transparencia fiscal obligatorio en el Impuesto de Sociedades, lo que va unido a que los socios de dicha mercantil debieron imputarse las rentas procedentes de la sociedad a efectos del Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
La cuestión planteada ha sido resuelta por la sentencia nº 379 de esta Sala, Sección 1ª; dictada en el recurso contencioso-administrativo 1.343/2000, interpuesto por otros socios de la misma entidad "Fomento de Inversiones Cisneros S.A.", contra las las liquidaciones practicadas a los mismos por el I.R.P.F. ejercicios 1991, 1992 y 1993, a los que se había imputado las rentas procedentes de la referida mercantil; cuyo criterio debemos tomar en cuenta para fallar el presente litigio, tanto por aplicación del principio de unidad de doctrina como por considerarlo ajustado al ordenamiento jurídico; y que es del siguiente tenor literal.
"Los actores, entienden que el acto administrativo, y en concreto, las liquidaciones impugnadas son contrarias a derecho porque:
a).- No se ha permitido a los socios, actualizar el derecho de opción consistente en ejercitar la alternativa que le permite la ley, de imputar los resultados de la sociedad, bien al ejercicio de aprobación de las cuentas anuales, bien al ejercicio correspondiente a la fecha de cierre.
b).- La administración ha cambiado de criterio sin motivar, ni justificar adecuadamente dicha variación.
c).- No concurrencia de los presupuestos para la aplicación del régimen de transparencia fiscal, pues la sociedad no debe considerarse como de mera tenencia de bienes.
El artículo 14 del R.D. 184/91, de 30 de diciembre, aplicable a los ejercicios de 1992 y 1993, establecía como norma general para la imputación temporal de ingresos y gastos, que:
"...La imputación de bases imponibles positivas de sociedades en régimen de transparencia...
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