STSJ Comunidad de Madrid 907/2003, 4 de Septiembre de 2003
| Ponente | Dª. ANGELES HUET DE SANDE |
| ECLI | ES:TSJM:2003:12000 |
| Número de Recurso | 90/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 907/2003 |
| Fecha de Resolución | 4 de Septiembre de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Dª. ANGELES HUET DE SANDED. JUAN MIGUEL MASSIGOGE BENEGIUDª. BERTA MARIA SANTILLAN PEDROSAD. JOSE LUIS QUESADA VAREAD. MIGUEL LOPEZ-MUÑIZ GOÑID. RAMON VERON OLARTE
R.C.A. 90/2000
SENTENCIA Nº 907
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION NOVENA.
Ilmos Sres.:
Presidente:
Don Ramón Veron Olarte.
Magistrados:
Dª. Angeles Huet de Sande
D. Juan Miguel Massigoge Benegiu.
Dª. Berta Santillán Pedrosa.
D. Jose Luis Quesada Varea.
D. Miguel López Muñiz Goñi.
En la Villa de Madrid a cuatro de septiembre del año dos mil tres.
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente recurso contencioso administrativo nº 90/00, interpuesto, en su propio nombre y derecho, por don Jose Ignacio, Comandante del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra, contra la resolución dictada por el Subsecretario de Defensa, de fecha 27 de diciembre de 1999; habiendo sido parte la Administración demandada, representada por la Abogacía del Estado.
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites previstos en la ley, se emplazó a la parte demandante para que formalizara la demanda, dándose cumplimiento a este trámite dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ser ajustada a Derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.
Por la Abogacía del Estado se contesta a la demanda, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a Derecho.
No habiéndose recibido el presente proceso a prueba ni considerado necesaria la presentación de conclusiones, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
En este estado se señala para votación y fallo el día 2 de septiembre de 2002, teniendo lugar así.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Angeles Huet de Sande.
El presente recurso contencioso administrativo se interpone, en su propio nombre y derecho, por don Jose Ignacio, Comandante del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra, contra la resolución dictada por el Subsecretario de Defensa, de fecha 27 de diciembre de 1999, por la que se desestima su solicitud de que le sea efectuado un nuevo cómputo de trienios, de tal forma que los perfeccionados en calidad de Tropa y de Suboficial en fechas previas a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de diciembre, le sean reconocidos en los grupos C y B, respectivamente, y no en los grupos D y C.
El actor posee dos trienios perfeccionados en el empleo de Clase de Tropa, que le viene siendo abonado en la cuantía correspondiente al grupo D, asimismo, posee tres trienios perfeccionados en calidad de Suboficial que le vienen siendo retribuidos en la cuantía correspondiente al grupo C. Tras la reclasificación efectuada en ambos empleos por el Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de diciembre, del grupo D al C, el primero de ellos y del grupo C al B, el segundo, solicita que los trienios perfeccionados en ambos empleos con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma le sean abonados en las cuantías correspondientes a los nuevos grupos en los que dichos empleos han sido reclasificados, con efectos desde el 1 de enero de 1996. Cita el recurrente en apoyo de su tesis diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo y, muy especialmente, la STS 3ª, de 3 de febrero de 1998. Y, por último, invoca la vulneración del principio constitucional de igualdad en relación con los Subtenientes que resultaron favorecidos por la STS mencionada.
La Administración demandada, por medio de su representación procesal, acoge además de motivos basados en la normativa específica, el de que la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1996, dictada en recurso de casación en interés de ley, fija como doctrina legal la de que el abono de los trienios devengados ha de realizarse en la cuantía que corresponda al empleo o graduación que tenía el interesado en el momento en que fueron perfeccionados. Sostiene, por último, la inaplicación al presente caso del la STS 3ª, de 3 de febrero de 1998, y, por tanto, la inidoneidad del supuesto alegado como término de comparación por el actor para considerar vulnerado el art. 14 C.E.
La cuestión suscitada en el presente proceso es estrictamente jurídica y se centra en determinar si el abono de los trienios perfeccionados por el actor con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 12/95, el 1 de enero de 1996, ha de realizarse por la cuantía que corresponde al empleo o graduación que efectivamente ostenta el perceptor en el momento de recibirlos o por la cuantía que corresponda a cada uno de tales trienios en el momento en que fueron perfeccionados.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2.b) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, los trienios constituyen un concepto retributivo integrado en el contenido de una relación de prestación de servicios sinalagmática, mediante la cual se articula el empleo de medios personales por la Administración para el desarrollo de las funciones propias de la misma, identificándose con la prestación del servicio durante un período de tiempo concreto que es de tres años. Los trienios, por su propia naturaleza, se devengan en el momento en que se cumple el tiempo de servicio necesario para ello, de acuerdo con las circunstancias del Cuerpo o Grupo al que pertenece en ese momento el funcionario afectado y, a partir de entonces, se incorporan a los derechos retributivos del interesado, reflejándose en la nomina con carácter permanente, de tal manera que su percepción, en lo sucesivo, se produce con independencia de las vicisitudes de la carrera funcionarial, ya se permanezca en el mismo grupo o se cambie, integrándose entre los demás conceptos retributivos del funcionario, pero manteniendo su individualidad y alcance, pues, como retribución, responde a unos servicios ya prestados con anterioridad; no constituye un concepto que se realiza en razón de la pertenencia actual a un determinado grupo, desempeño de un puesto u otras circunstancias, sino en razón de haberse cumplido determinado tiempo de servicio en concretas circunstancias y, por ello, su valoración ha de referirse en todo caso a tales condiciones determinantes de su nacimiento, es decir, al Grupo o Cuerpo al que pertenecía el funcionario cuando devengó el trienio. Por ello, cuando la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, establece en su articulo 2, que el devengo de los trienios se efectuará aplicando a los mismos el valor que corresponda a los del Cuerpo, Escala, Plantilla o Plaza con funciones análogas a las desempeñadas durante el tiempo de servicios prestados que se reconozcan, no hace sino reflejar el alcance y naturaleza de dicho concepto retributivo en los términos antes expuestos.
Esta doctrina ha de ser puesta en relación con la normativa específica aplicable a cada caso, cuando de lo que se trata, como sucede en el caso que nos ocupa, es el de la reclasificación del propio empleo, es decir, cuando el mismo se adscribe por una reforma normativa a un grupo o índice de proporcionalidad distinto.
Para resolver tal cuestión hemos de remitirnos al Real Decreto Ley 12/95, de 29 de diciembre, sobre Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera, que fue convalidado por Resolución de 30 de enero de 1996, de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados (BOE de 3 de febrero de 1996) y que tiene rango de Ley, como es obvio. Esta norma, en su art. 5, efectuó una reclasificación del personal de las Fuerzas...
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