STSJ Comunidad Valenciana , 16 de Julio de 2003
| Ponente | EDILBERTO JOSE NARBON LAINEZ |
| ECLI | ES:TSJCV:2003:6138 |
| Número de Recurso | 1571/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Julio de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TSJCV.
Sala Contencioso Administrativo Sección Tercera Asunto n° "CH-1571/2000"
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA En la Ciudad de Valencia, dieciséis de julio de dos mil tres.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Srs. D. EDILBERTO JOSE NARBON LAINEZ, Presidente, Dña. AMPARO PEREZ NAVARRO Dª DESAMPARADOS IRUELA JIMENEZ, Magistrados, han pronunciado la siguiente:
SENTENCIA NUM: 1344/03 En el recurso contencioso administrativo num. CH-1571/2000, interpuesto por D. Humberto representada por el Procurador D./ña DÑA. MARGARITA SANCHIS MENDOZA y dirigida por el Letrado D./ña. MARIA ROSARIO LLACER SANJORDI contra "Constra desestimación tácita de la reclamación presentada por el demandante ante el Ayuntamiento el 28.9.1998 por importe de 175.792 pesetas, consecuencia de daños sufridos en el vehículo F-....-KC en la madrugada del 26.9.1998 frente al n°
NUM000 de la CALLE000 , como consecuencia de un festejo popular.
Habiendo sido parte en autos como Administración demandada AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES representada por el Procurador/ra D. JAVIER ARRIBAS VALLADARES y defendida por el Letrado/da y Magistrado ponente el Iltmo. Sr. D. EDILBERTO JOSE NARBON LAINEZ.
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.
La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmase la resolución recurrida.
No Habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
Se señaló la votación para el día dieciséis de julio de dos mil tres.
En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.
En el presente proceso la parte demandante D. Humberto interpone recurso contra Constra desestimación tácita de la reclamación presentada por el demandante ante el Ayuntamiento el 28.9.1998 por importe de 175.792 pesetas, consecuencia de daños sufridos en el vehículo F-....-KC en la madrugada del 26.9.1998 frente al n° NUM000 de la CALLE000 , como consecuencia de un festejo popular
Centrada así la cuestión litigiosa, ha de señalarse que la misma se encuentra regulada por el artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1.992, de 26 de noviembre), preceptos legales que explicitan el principio general de resarcimiento por las Administraciones Públicas de los daños y perjuicios causados por el, funcionamiento de los servicios públicos, sancionado constitucionalmente en España en el artículo 106.2 de la Constitución ("Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos"); estas normas son aplicables a las Entidades Locales en mérito a la previsión normativa del artículo 54 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1.985, de 2 de abril), el cual remite a la legislación general sobre responsabilidad administrativa, al igual que el artículo 223 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales (Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre).
El régimen, legal citado ha sido profusamente aplicado -y, consecuentemente, desarrollado e interpretado- por la Jurisprudencia (tanto aplicando el actual y citado artículo 139 de la Ley 30/1.992 , como su predecesor, el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado), formando un cuerpo de doctrina, dentro del que cabe afirmar que, para la declaración de la responsabilidad patrimonial de la Administración hace falta la concurrencia de dos requisitos sustanciales positivos, uno negativo y otro procedimental:
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El primero de los positivos es el que exista un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con respecto a una persona o grupo de personas, que el interesado no tenga el deber jurídico de soportar. Este requisito se incardina dentro de los elementos que han de ser objeto de la prueba, si bien alguno de sus aspectos se produce o manifiesta dentro del ámbito de la argumentación de las partes (simplificado por la existencia de un catálogo de soluciones jurisprudenciales que cabe invocar -y apreciar- sin mayor disquisición), como puede ser la extensión y naturaleza de los daños resarcibles, las personas legitimadas y los supuesto en los que existe obligación jurídica de soportar el daño.
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El segundo requisito positivo es el de que el daño sea imputable a una Administración Pública.
Esta nota es la aparentemente más compleja, puesto que la doctrina común de la responsabilidad...
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