STSJ Asturias , 25 de Julio de 2001
| Ponente | LUIS QUEROL CARCELLER |
| ECLI | ES:TSJAS:2001:3446 |
| Número de Recurso | 315/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 25 de Julio de 2001 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA RECURSO: 315/98 RECURRENTE: ASERSA GIJON, S.L. PROCURADORA: DOÑA MARIA DOLORES LOPEZ ALBERDI.
RECURRIDO: T.E.A.R.A. SENTENCIA NUM. 716 ILMO SR. PRESIDENTE D. ANTONIO ROBLEDO PEÑA ILMOS SRES. MAGISTRADOS D. ANTONIO ROBLEDO PEÑA Dª. OLGA GONZALEZ LAMUÑO ROMAY En Oviedo, a veinticinco de julio de dos mil uno. Vistos por la Sala, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionado al margen, los autos del recurso contencioso-administrativo número 315 de 1.998, interpuesto por la Procuradora doña María Dolores López Alberdi en nombre y representación de ASERSA GIJON, S.L., contra la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Asturias, recaida en la reclamación 52/01450/96 por el concepto tributario Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1.994. Estando la Administración demandada representada por el Abogado del Estado. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado suplente D. Luis Querol Carceller.
Admitido el recurso y previos los oportunos trámites procedimentales, se confirió traslado a la parte actora para que, en el término de quince días formalizara la demanda, lo que llevó a efecto mediante el pertinente escrito de fecha 22 de abril de 1.998, en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando se dicte sentencia por la que, estimando el recurso, revoque la Resolución del Tribunal Económico Administrativo recaída en la Reclamación n°
52/01446/96, anulando la liquidación impugnada en dicha Reclamación y anulando igualmente la totalidad del procedimiento de inspección que dio lugar a dicha liquidación, o ala parte de él que proceda, con todo cuanto de ello derive.
Formalizada la demanda se dio traslado de la misma a la parte demandada para que la contestara en el plazo de quince días, lo que realizó, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, y terminó suplicando que previos los trámites oportunos, dicte sentencia por la que se acuerde la confirmación del acto administrativo impugnado, desestimando la demanda, ello con imposición al actor de las costas procesales
Recibido el recurso a prueba, se practicaron las propuestas por las partes y admitidas con el resultado que obra en autos.
No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.
Se señaló para la votación y Fallo el día 18 de julio, fecha en que tuvo lugar dicho acto.
Constituye el objeto de este recurso contencioso- administrativo, la impugnación de la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Asturias de fecha 31 de octubre de 1997, desestimatoria de la reclamación interpuesta contra el Acuerdo dictado el día 29 de octubre de 1.996 por la Inspección de los Tributos de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Gijón por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de 23 de septiembre del mismo año relativo al acta de disconformidad levantada el 14 de junio por el concepto tributario Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1994.
Alega la parte recurrente la falta de transparencia y objetividad en la actuación de la Inspección, en primer lugar porque la iniciación del procedimiento se llevó a cabo a través de una denuncia anónima lo que, en su opinión, en base al artículo 103.1 de la Ley General Tributaria en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, establece que "la denuncia es independiente del deber de colaboración con la Administración tributaria..., y podrá ser realizada por las personas físicas o jurídicas que tengan capacidad de obrar en el orden tributario, con relación a hechos o situaciones que conozcan y puedan ser constitutivas de infracción tributaria o de otro modo puedan tener trascendencia para la gestión" está proscrito, a lo que hay que decir, en primer lugar que el mencionado artículo 103.1 de la Ley General Tributaria se desarrolló en otros preceptos legales, en especial en el artículo 29. c del Reglamento de la Inspección de 1.986 y en los artículo 50 a 53 del Reglamento de la Inspección de 13 de octubre de 1903, debidamente integrados entre sí; en segundo lugar, hay que tener en cuenta que el fundamento de la denuncia puede buscarse en el artículo 23.1 de la Constitución Española, referente al derecho constitucional de participación del administrado en la Administración, lo que supone ha de calificarse como acción, ya que es actuación de un derecho por el particular, pero sin el contenido procesal que la palabra acción podría conllevar, porque el procedimiento que se origina no tiene el carácter de proceso entre partes, ni se atiene al principio de contradicción; en tercer lugar, en ningún caso la normativa aplicable exige que el denunciante tenga que ser conocido por el denunciado, ahora bien, dado que puede originar determinadas relaciones jurídicas en el orden tributario el denunciante ha de ser conocido por la Administración y quedar constancia de sus manifestaciones; en quinto lugar, como afirmación de la prohibición de indefensión del denunciado se puede presentar el derecho de éste a exigir, en...
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