STSJ Comunidad de Madrid 202/2008, 12 de Febrero de 2008
| Ponente | MIGUEL DE LOS SANTOS GANDARILLAS MARTOS |
| ECLI | ES:TSJM:2008:1894 |
| Número de Recurso | 1094/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 202/2008 |
| Fecha de Resolución | 12 de Febrero de 2008 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.5
MADRID
SENTENCIA: 00202/2008
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE
MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
SENTENCIA 202
RECURSO NÚM.: 1094/2004
Procurador: D. Antonio Miguel Ángel Araque Almendros
Ilmos. Sres.:
Presidente
D. José Alberto Gallego Laguna
Magistrados
D. J. Ignacio Parada Vázquez
Dña. María Antonia de la Peña Elías
D. Santos Gandarillas Martos
D. J. Ignacio Zarzalejos Burguillo
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Madrid, 12 de febrero de 2008
Visto por la Sala del margen el recurso núm. 1094/2004 interpuestos por el procurador D. Antonio Miguel Ángel Araque
Almendros en representación D. Ismael, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional
de Madrid de 15 de junio de 2004 por la que se desestima la reclamación económico administrativa nº NUM000, sobre
rectificación de la autoliquidación realizada en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio de
2000, ha sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía
Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la suplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda.
Dado traslado de la demanda al Sr. Abogado del Estado, para su contestación, lo hizo admitiendo los hechos de la misma, en cuanto se deducen del expediente, alegó en derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido.
Estimándose necesario el recibimiento a prueba, con el resultado que obra en autos y no la celebración de vista pública, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron a efecto en tiempo y forma, señalándose para la audiencia el día 22/01/2008 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Santos Gandarillas Martos
Se impugna en el presente recurso la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 15 de junio de 2004 por la que se desestima la reclamación económico administrativa nº NUM000, interpuesta contra la presunta desestimación, por parte de la Administración de Guzmán el Bueno de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la solicitud de rectificación de la autoliquidación realizada en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el ejercicio de 2000, por cuantía de 1.751.017 pesetas.
El sujeto pasivo presentó el 19 de junio de 2001 ante la Oficina Gestora autoliquidación por el Impuesto y ejercicio reseñados, de la cual resultaba una cuota diferencial a ingresar por el importe de referencia y en la que declaraba como retribuciones dinerarias, la cuantía de 374.756.330 ptas procedente de las cantidades obtenidas del programa RISE de Telefónica de España S.A. de incentivos a directivos. Sobre este importe aplicó la reducción del 30 por ciento prevista en el artículo 17.2, apartado a), de la vigente Ley reguladora del Impuesto, según la redacción dada este precepto por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, con la aplicación del tope que en dicha disposición se establece.
El 6 de agosto de 2001, el interesado solicitó la rectificación de su autoliquidación, y ante el silencio administrativo interpuso, el 17 de enero de 2002, reclamación económico-administrativa ante el TEAC. En su resolución de 8 de febrero siguiente, se declaró incompetente por falta de cuantía para conocer de la reclamación promovida, remitiendo las al TEAR cuya resolución desestimatoria es objeto del presente recurso.
El recurrente en su escrito de demanda reitera exactamente los mismos motivos argumentos invocados ante la Administración. En síntesis alega la posible inconstitucionalidad de la reforma del artículo 17.2 de la Ley 40/1998 por la Ley de acompañamiento 55/1999, basando las implicaciones constitucionales de la disposición citada en la formulación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de un recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley de Acompañamiento. Reitera y hace suyos los argumentos esgrimidos del recurso de inconstitucionalidad: el primero de ellos cuestiona la legitimidad constitucional que en sí supone la aprobación anual de una norma de acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado que trate, de esta manera, de evitar la previsión del apartado 7 del artículo 134 de la Constitución. En el segundo, se examina la adecuación constitucional de la disposición transitoria duodécima de la Ley de acompañamiento, que declara aplicable la limitación impuesta a los rendimientos del trabajo a aquellos devengados a partir del 1 de octubre de 1999, analizando, las repercusiones de las percepciones devengadas, en un caso, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 1999, y, de otro, a partir del 1 de enero de 2000. Considera que se ha excedido el límite reconocido por el Tribunal Constitucional en cuanto a la posible retroactividad de las normas tributarias, vulnerándose el artículo 9.3 de la Constitución de la seguridad jurídica. En tercer lugar, considera que se ha producido una vulneración del principio de igualdad contenido en el artículo 14 y de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución. Por último, entiende violado el principio de reserva de ley en materia tributaria, recogido en el artículo 31.3 de nuestra Constitución, en lo que se refiere a la determinación de la cuantía del salario medio anual del conjunto de los declarantes del IRPF y la falta de motivación en su cuantificación.
Por el Abogado del Estado se solicita la desestimación del recurso.
Todos los argumentos en los que el recurrente encardina la nulidad de la resolución por la que se le denegó la rectificación de autoliquidación, giran en torno a la posible inconstitucionalidad de la disposición transitoria 12 de la Ley 55/1999. En primer lugar, cuestiona la legitimidad constitucional que en sí supone la aprobación anual de una norma de acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado que trate, de esta manera, de evitar la previsión del apartado 7 del artículo 134 de la Constitución. En primer lugar, no se trata de la creación o modificación de un tributo por una Ley de Presupuestos, técnica proscrita por el Tribunal Constitución desde la sentencia de 20 de julio de 1981, nº 27/1981, rec. 38/1981, sino de la adecuación circunstancial y puntual llevada a cabo por una Ley de acompañamiento, sobre la cuantificación de una determinada categoría de renta, que conceptualmente no ha variado. La técnica legislativa puede que no sea la más adecuada y de hecho ha sido crítica desde algún sector doctrinal. Desde la legislatura 2004/2005 se ha se ha evitado que junto con la Ley de Presupuestos Generales de cada año, se dictara la correspondiente Ley de acompañamiento, sin embargo esto no es motivo suficiente para presumir que la 55/1999 era inconstitucional. La Sala no ve motivos suficientes que justifiquen ni sustente el planteamiento de una cuestión de inconstitucional.
En el segundo se examina la adecuación constitucional de la disposición transitoria duodécima de la Ley de acompañamiento, que declara aplicable la limitación impuesta a los rendimientos del trabajo a aquellos devengados a partir del 1 de octubre de 1999, analizando, las repercusiones de las percepciones devengadas, en un caso, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 1999, y, de otro, a partir del 1 de enero de 2000. Considera que se ha excedido el límite reconocido por el Tribunal Constitucional en cuanto a la posible retroactividad de las normas tributarias, vulnerándose el artículo 9.3 de la Constitución de la seguridad jurídica.
Al hilo de este motivo de impugnación, no debemos perder de vista, que los rendimientos del IRPF objeto del presente litigio son los del ejercicio de 2000. La Ley 55/1999 introdujo un importante modificación en la forma y en el calculo para la determinación de los rendimientos irregulares procedente del ejercicio de opciones sobre acciones, estableciendo la disposición transitoria por lo que se refería a la entrada en vigor de la modificación que: "La modificación introducida en el art. 17.2 a) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, por el art. 1.º de esta Ley, será aplicable a los rendimientos devengados desde el día 1 de octubre de 1999. A estos efectos, la cuantía del salario medio correspondiente a 1999 será 2.500.000 pesetas".
Por lo tanto difícilmente se puede invocar que la norma tiene efecto retroactivo para el ejercicio del 2000, en todo caso las dudas surgieron para los rendimientos de 1999, toda vez que se retrotrae la eficacia de la reforma a momentos anteriores a su publicación y casi al final del periodo impositivo afectado.
Por lo tanto, pocos visos contravención de la seguridad jurídica puede tener la simple aplicación temporal de la reforma, que es lo que ocurrió para el ejercicio de 2000.
No obstante el recurrente considera que incluso para el ejercicio en cuestión la norma sobrepasa los límites de retroactividad compatibles con la jurisprudencia constitucional. Viene a manifestar que el Legislador, a la vista del tipo de rendimiento de que estamos hablando, no puede...
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