STSJ Comunidad Valenciana 6647, 31 de Octubre de 2005
| Ponente | RAFAEL SALVADOR MANZANA LAGUARDA |
| ECLI | ES:TSJCV:2005:6647 |
| Número de Recurso | 1072/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 6647 |
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2005 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA S E N T E N C I A NUMERO 1214/05 Ilmos. Sres:
Presidente:
D. MARIANO FERRANDO MARZAL Magistrados:
D. JUAN CLIMENT BARBERA D. RAFAEL S. MANZANA LAGUARDA En la Ciudad de Valencia, a treinta y uno de Octubre de dos mil cinco.- VISTO, por la Sección Segunda de este Tribunal, el presente Recurso Contencioso- Administrativo num. 1072/03, promovido por Dª. Sandra , contra el Decreto de 11/Abril/03 del Alcalde del Ayuntamiento de Almoradí, sobre responsabilidad patrimonial por lesiones causadas en caída en la vía pública , en el que han sido partes, la actora, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Alicia Ramírez Gómez y defendida por el Letrado D. Sergio Hernández Dueñas, y como demandado, el AYUNTAMIENTO DE ALMORADI, bajo la representación de la Procuradora de los Tribunales Dª. Elena Gil Bayo y la defensa del Letrado D. José L. Abrisqueta Sempere; ha pronunciado la presente Sentencia.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL S. MANZANA LAGUARDA.
Interpuesto el Recurso y seguidos los trámites previstos en la Ley, se emplazó a la parte demandante al objeto de que formalizara su escrito de demanda, lo que verificó en tiempo y forma, solicitando se dictara Sentencia anulando por no ser ajustado a derecho el acto recurrido.
Por la parte demandada se contestó a la demanda mediante escrito en el que se solicitó la desestimación del recurso y la confirmación íntegra de las resoluciones objeto del mismo, por estimarlas ajustadas a derecho.
Habiéndose recibido el proceso a prueba, se practicó la propuesta por las partes que resultó admitida, y cumplido dicho trámite se dio traslado a éstas para que formalizaran sus escritos de conclusiones, verificado lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo.
Se señaló para la votación y fallo del presente Recurso el día veintiséis de los corrientes.
En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.
Se plantea por la actora demanda de responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento de Almoradí, en reclamación de la suma de 8.934,60 euros, como indemnización de las lesiones y secuelas producidas como consecuencia de la caída en la vía pública, sufrida el 14/Diciembre/01, en la Avda. Dr. Marañón, de dicha población, al caer al suelo tras introducir el pie en un agujero existente en la acera debido a la ausencia del baldosín del pavimento, de resultas de cuya caída sufrió fractura de muñeca izquierda, que curó en 146 dias con secuelas La Corporación municipal niega su responsabilidad en los hechos, por falta de prueba suficiente sobre la forma y circunstancias en que se produjo la caída, entendiendo que en todo caso sería imputable a la distracción de la propia lesionada, y, en todo caso, considera excesiva la suma reclamada.
Tales son los términos delimitadores de la controversia.
El art. 106.2 CE . establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Así, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se regula en el Titulo X de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ; se configura como una responsabilidad de carácter objetivo, o por el resultado, en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
Así, y como se recoge en la Sentencia núm. 44/2005, de 1/Febrero, del TSJ. De Castilla-La Mancha , la copiosa jurisprudencia sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina de la que pueden significarse como pilares fundamentales los siguientes:
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La legislación ha estatuido una cobertura patrimonial de toda clase de daños que los administrados hayan sufrido en sus bienes a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, fórmula que abarca la total actividad administrativa.
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Servicio público viene a ser sinónimo de actividad administrativa y para su calificación hay que atender, más que a una tipificación especial de alguna de las formas en que suelen presentarse, al conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la Administración; de este modo, y a los fines del artículo 106.2 de la Constitución , el Tribunal Supremo, en sentencias, entre otras, de 5/Junio/1989 y 22/Marzo/1995 , ha homologado como servicio público toda actuación, gestión, actividad, o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad, con resultado lesivo. En el sentido amplio con que lo entiende la jurisprudencia, el servicio público sería comprensivo de toda actividad de la Administración sometida a derecho administrativo o, en otras palabras, como sinónimo de toda actividad administrativa,...
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