STSJ Comunidad de Madrid , 16 de Abril de 2004
| Ponente | JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO |
| ECLI | ES:TSJM:2004:4762 |
| Número de Recurso | 722/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Abril de 2004 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.4 MADRID SENTENCIA: 00308/2004 Proc. Sra. del Pino López A del E TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sección 4ª
PONENTE SR.Juan Pedro Quintana Carretero RECURSO Nº. 722 de 2001 S E N T E N C I A Nº 308 Presidente Ilmo. Sr. Juan Ignacio González Escribano Magistrados Ilmos. Sres.
D. Alfonso Sabán Godoy Dª Mª Rosario Ornosa Fernández D. Juan Pedro Quintana Carretero En Madrid a dieciséis de abril de dos mil cuatro Vistos los autos del presente recurso nº 722 de 2001, que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha promovido la Procuradora Dª Paloma del Pino López en nombre y representación de D. Raúl , con asistencia letrada, frente a la Administración General del Estado representada por su Abogacía, contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de fecha 4 de abril de 2001, que desestima el recurso de reposición formulado contra la resolución del mismo órgano, de fecha 22 de noviembre de 2000, que determina el justiprecio de la finca número 28.740.068 del Proyecto "Línea de Alta Velocidad de Madrid-Barcelona-Frontera Francesa" en la cantidad de 11.401.665.- pesetas, siendo Magistrado Ponente, el Ilmo. Sr. D. Juan Pedro Quintana Carretero.
La cuantía del presente recurso es determinable y, en todo caso inferior a 150.000 euros
Por la recurrente se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado el día 6 de junio de 2001 contra la resolución antes mencionada, acordándose por providencia de fecha 25 de junio de 2001 su admisión y la reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2001 en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando "la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de la resolución recurrida y se fije el justiprecio de las fincas expropiadas en 74.932.050.- pesetas.
El Sr. Abogado del Estado contestó la demanda mediante escrito presentado el día 26 de octubre de 2001 en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando " la desestimación del presente recurso".
Recibido el pleito a prueba por Auto de 5 de noviembre de 2001 se propuso por la actora prueba documental y pericial, con el resultado que obra en los autos.
Dado traslado a las partes, por su orden, para conclusiones, las evacuaron en sendos escritos, reiterándose en sus respectivos pedimentos.
Conclusos los autos se señaló para votación y fallo de éste recurso el día 15 de abril de 2004 en que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
Se interpone el presente recurso contencioso administrativo contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de fecha 4 de abril de 2001, que desestima el recurso de reposición formulado contra la resolución del mismo órgano, de fecha 22 de noviembre de 2000, que determina el justiprecio de la finca número 28.740.068 del Proyecto "Línea de Alta Velocidad de Madrid-Barcelona-Frontera Francesa" en la cantidad de 11.401.665.- pesetas Sustenta su recurso la parte actora en la consideración de que no fue correctamente determinado el justiprecio de la finca expropiada, que debió ascender a 74.932.050.-pesetas. Y ello sobre la base de los siguientes argumentos: a) La valoración de los bienes y derechos expropiados debe hacerse atendiendo a la fecha determinada por el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación definitiva, es decir el 25 de marzo de 1999, en atención a lo previsto en el articulo 52.7 de la Ley de Expropiación Forzosa (L.E.F .); b)
El suelo expropiado debe ser valorado como suelo urbanizable en consideración a su destino, sistema general, a tenor de lo establecido en los fallos jurisprudenciales que cita, destacando las sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 29 de enero de 1994 y 9 de mayo de 1994 ; c) Errónea valoración del suelo expropiado por el Jurado, que además de no atender a su consideración del sistema general no tuvo en cuenta sus expectativas urbanísticas ni las cantidades ofrecidas por la Administración Expropiante para la adquisición de fincas de mutuo acuerdo de características análogas a las expropiadas, donde se abona una media de 1500 a 2000.- pesetas/m2 por el suelo y d) ausencia de motivación de las valoraciones del Jurado, dado que dice tener como referencia valoraciones precedentes en la misma zona, a razón de 300.- pesetas/m2, sin identificarlas ni acreditar su semejanza entre estas fincas y las expropiadas, e) procedencia de la indemnización por expropiación parcial en relación a la finca expropiada, y por división de la finca, que deberá fijarse en el 30% del valor asignado al suelo por cada uno de tales conceptos, e indebida valoración de su ocupación temporal que deberá fijarse en el 40% del valor del suelo, f) procedencia de la indemnización en favor del expropiado por razón de la pérdida de edificabilidad y construcción de zonas de servidumbre y afección a ambos lados de la zona de pleno dominio expropiada.
Concluye el demandante en solicitar se determine el justiprecio en 74.932.050.- pesetas, más los intereses legales correspondientes o, subsidiariamente se fije en la cantidad establecida por el perito, más los intereses legales correspondientes.
Por su parte, el Abogado del Estado, en representación de la Administración demandada, sostiene la conformidad a Derecho de las resoluciones impugnadas, reiterando la consideración de suelo no urbanizable del terreno expropiado y su valoración como tal, conforme a la Ley 6/1998, de 13 de abril, concretamente su artículo 26 , pues nos hallamos ante una expropiación no urbanística que tiene por objeto la ejecución de una obra pública de infraestructura de ámbito supramunicipal no reflejada en el planeamiento.
Del examen de las presentes actuaciones se desprenden los siguientes hechos, no controvertidos y relevante en la resolución del presente recurso contenciosos administrativo:
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- Con motivo del Proyecto "Líneas de Alta Velocidad de Madrid-Barcelona- Frontera Francesa" fue expropiada la finca designada con el número 28.740.068 del plano parcelario de la obra, que se corresponde con la parcela del Catastro de Rústica del Término Municipal de Torres de la Alameda designada como parcela 117 del polígono 6, cuya acta de ocupación definitiva fue levantada el 24 de marzo de 1999.
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- Tramitado el expediente de justiprecio, se dictó resolución por el Jurado de Expropiación Forzosa de Madrid de 22 de noviembre de 2000 que determina el justiprecio de la finca número 28.740.068 del Proyecto "Línea de Alta Velocidad de Madrid-Barcelona-Frontera Francesa" en la cantidad de 11.401.665.- pesetas, formulado recurso de reposición frente a dicha resolución fue desestimado por acuerdo del mismo órgano de fecha 4 de abril de 2001 contra la que se interpone el presente recurso contencioso administrativo.
La valoración de los bienes y derechos expropiados debe hacerse siguiendo los criterios previstos en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en atención a lo previsto en Disposición Transitoria Quinta . Razón por la cual resulta de aplicación su artículo 36 en relación con su artículo 26 , donde se fija como criterio para la valoración del suelo no urbanizable el método de comparación a partir de valores de fincas análogas, habida cuenta de su regulación urbanística, situación, tamaño y naturaleza, así como de los usos y aprovechamientos permitidos por el planeamiento, y en ausencia de tales valores la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo conforme a su estado en el momento de la valoración Ahora bien, tal consideración exige descartar de aplicación al caso que nos ocupa de la doctrina jurisprudencial relativa a la valoración de terrenos destinados a sistemas generales, los cuales pese a su calificación como no urbanizables, deberían ser valorados como si de terrenos urbanizables se tratara.
Siguiendo la doctrina contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 3 de diciembre de 1994 y 27 de noviembre y 28 de diciembre de 2001 , entre otras muchas, podemos afirmar que la clasificación como no urbanizable del suelo dedicado a Sistemas Generales en los Planes Generales Municipales no puede hacerse de manera que suponga la singularización y el aislamiento del suelo afectado, pues el trazado y características de la red viaria y el desarrollo de los sistemas de la estructura general de ordenación urbanística del territorio (artículos 12.2.1 e y 2.2 a de la Ley del Suelo 1976) se incluyen específicamente entre las previsiones para el suelo urbano y el urbanizable, sin perjuicio de la previsión más general acerca de la determinación en los Planes Generales Municipales de Ordenación de los Sistemas Generales de comunicación y sus zonas de protección (art. 12.1 de la Ley), lo que no excluye, lógicamente, que puedan proyectarse también sobre suelo no urbanizable. La consideración como urbanizable del suelo clasificado como no urbanizable destinado a Sistemas Generales en los casos en que concurran aquellas circunstancias de indebida singularización, responde a la interpretación más adecuada a la finalidad de que la expropiación de las dotaciones que están al servicio de la generalidad de los ciudadanos se verifique realmente, de acuerdo con el sentido que a esta institución reconoce la jurisprudencia, con cargo a un presupuesto al que contribuyan...
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