STSJ Cantabria , 12 de Julio de 2000
| Ponente | CESAR TOLOSA TRIVIÑO |
| ECLI | ES:TSJCANT:2000:1329 |
| Número de Recurso | 578/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2000 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SENTENCIA Iltmo. Sr. Presidente Don César Tolosa Tribiño Iltmos. Sres. Magistrados Doña María Josefa Artaza Bilbao Doña María Jesús Vegas Torres En la Ciudad de Santander, a 12 de julio de 2000.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 578/99, interpuesto por la sociedad BERGE MARITIMA, S.A., representada por el Procurador Don Luis López Rodríguez y defendida por la Letrado Doña María del Carmen López Rendo, contra la ADMINISTRACION DEL ESTADO (AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER), representada y defendido por el Sr. Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de inferior a 25 millones de pesetas. Es Ponente el Iltmo. Sr. Don César Tolosa Tribiño, quien expresa el parecer de la Sala.
El recurso se interpuso el día 10 de agosto de 1.999, contra las resoluciones dictadas por la Autoridad Portuaria de Santander, por las que se inadmiten las reclamaciones interpuestas por la recurrente contra las liquidaciones en concepto de Tarifa T-3.
En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que se declare la nulidad de las resoluciones combatidas, por ser contrarias al ordenamiento jurídico.
En su escrito de contestación a la demanda la Administración demandada solicita de la Sala la desestimación del recurso, por ser conformes a Derecho los actos administrativos que se impugnan.
Denegado el recibimiento del proceso a prueba se señala fecha para la correspondiente votación y fallo, que tuvo lugar el día 10 de julio de 2000, en que efectivamente se deliberó, votó y falló.
Es objeto del presente recurso las resoluciones dictadas por la Autoridad Portuaria de Santander, por las que se inadmiten las reclamaciones interpuestas por la recurrente contra las liquidaciones en concepto de Tarifa T-3.
Como afirmabamos en nuestra sentencia de 18 de mayo de 1999:
"SEGUNDO: Por la Administración del Estado se plantea con carácter previo al examen de la cuestión de fondo planteada, la falta de jurisdicción de esta Sala para conocer del presente recurso, por cuanto considerando la naturaleza de la tarifa girada como un mero precio privado, su impugnación sólo puede ser conocida por la jurisdicción civil. Para resolver esta cuestión, cuestión de orden público procesal y de evidente carácter preferente, resulta patente en el presente caso que debemos entrar a conocer del fondo del asunto, dado que el mismo hace referencia, precisamente, a la verdadera naturaleza de la tarifa T-3 y consecuentemente al cumplimiento del principio de reserva de ley en materia tributaria.
Como afirmó esta Sala en su sentencia de 26 de septiembre de 1997:
"SEGUNDO: La parte recurrente invoca la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos de la Ley 8/89, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/95, de 14 de diciembre, y en especial, la que afecta al art. 24.1.a) de la citada Ley, como causa obstativa de la posibilidad legal de ejercicio, por parte de la Administración, de la potestad de exacción de prestaciones patrimoniales de Derecho Público que se refieran a la utilización privativa o al aprovechamiento especial del dominio público, cuando los elementos esenciales de aquél ingreso público no se han previsto en normas con rango formal de Ley, tal como aquí ha sucedido, con quebrantamiento del principio constitucional de reserva de Ley en la materia (art. 31.3 de la Constitución). Cita, en apoyo de su tesis, la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central de 12 de febrero de 1997 que, para el caso de una exacción idéntica a la ahora revisada, referida al año 1992, estima el recurso de alzada y anula aquélla, en directa aplicación de la indicada sentencia.
La relatada declaración de inconstitucionalidad ha determinado, en el ámbito de las prestaciones patrimoniales gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes, la promulgación del Real Decreto-Ley 2/96, de 26 de enero, cuya finalidad era la de dotar de cobertura legal a tales exacciones, reguladas anteriormente por disposiciones de rango reglamentario.
En el apartado A) del Anexo, punto 3., se citan expresamente "los precios públicos por ocupación o aprevechamiento del dominio público portuario, regulados por el Real Decreto 2456/85, de 27 de diciembre".
Es de notar, por lo tanto, que el Real Decreto-Ley 2/96 se refiere exclusivamente al canon anual por ocupación del demanio portuario, no a las tarifas relativas a la prestaciones de los diferentes servicios, con las que cabe establecer una delimitación conceptual nítida.
Por lo que se refiere a estas últimas, una copiosa doctrina jurisprudencial, plasmada en numerosas sentencias dictadas todas ellas en el mes de enero del presente año, ha rectificado el criterio anterior, según el cual tales tarifas tenían la consideración de precios públicos y que, por aplicación de la Ley 8/89, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, no estaban sometidas al principio de reserva de Ley para, en directa y rigurosa aplicación de aquélla doctrina constitucional, pasar a catalogarlas como tasas, ya que responden plenamente a la descripción de tales tributos que contiene la Ley 13/89. Debe entenderse que las sentencias del Tribunal Supremo venían referidas a exacciones anteriores a la Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que tipificaba como precios privados las tarifas portuarias (art. 70.1).
Tras las sentencias del Tribunal Supremo a que hacíamos referencia, las tarifas portuarias no pueden tener otra consideración legal que la de tasas, al exigirse por personas jurídico-públicas que gestionan servicios públicos esenciales y son de solicitud y recepción obligatorias, en el sentido que atribuye a esta expresión el propio Tribunal Constitucional, ya que si la alternativa a su recepción es la pura inactividad del interesado, esto es, la abstención, no cabe hablar de voluntariedad. Se podrá redargüir frente a ello que el art. 70.1 de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante considera como precios privados las tarifas, aunque no contiene su regulación material, pero lo evidente es que, al ser exigidas por organismos públicos y responder al modelo legal de tasas, tal como se deriva claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional y su interpretación por el Tribunal Supremo, como tales han de ser tratadas, en el sentido de que debe ser una norma con rango legal la que defina y regule sus elementos esenciales.
Tal interpretación es esencial, no tanto para considerar como tasa la liquidación girada y aplicarle, en toda su extensión, el régimen jurídico propio de tales tributos, sino precisamente para lo contrario, esto es, para reforzar la tesis de que la liquidación no nace de la Ley, como los tributos, sino que tiene su origen en el cumplimiento de una cláusula concesional. Estas son las razones: a) la liquidación responde directamente al contenido de una cláusula o prescripción contenida en la Orden que otorga la concesión; b) el hecho determinante es puramente negativo, es decir, la circunstancia de no haberse cumplido el mínimo tránsito de mercancías a que se vinculaba el concesionario, mientras que, si de una tasa se tratare, el hecho imponible vendría constituído por un acontecimiento de signo contrario, esto es, el efectivo tráfico de mercaderías; c) el importe de la tarifa se establece de una manera presuntiva, atribuyendo al tonelaje que no ha sido objeto de tránsito una naturaleza presunta e indemostrable,...
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