STSJ Cantabria 709/2019, 21 de Octubre de 2019
| Ponente | ELENA PEREZ PEREZ |
| ECLI | ES:TSJCANT:2019:410 |
| Número de Recurso | 578/2019 |
| Procedimiento | Recurso de suplicación |
| Número de Resolución | 709/2019 |
| Fecha de Resolución | 21 de Octubre de 2019 |
| Emisor | Sala de lo Social |
SENTENCIA nº 000709/2019
En Santander, a 21 de octubre del 2019.
PRESIDENTA
Ilma. Sra. Dª. MERCEDES SANCHA SAIZ
MAGISTRADAS
Ilma. Sra. Dª. MARIA JESUS FERNANDEZ GARCIA
Ilma. Sra. Dª. ELENA PEREZ PEREZ (ponente)
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por las Ilmas. Sras. citadas al margen ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de suplicación interpuesto por la representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. 6 de Santander, ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. ELENA PEREZ PEREZ, quien expresa el parecer de la Sala.
Según consta en autos se presentó demanda por Doña Sandra siendo demandado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre reclamación de cantidad y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 13 de mayo de 2019, en los términos que se recogen en su parte dispositiva.
Como hechos probados se declararon los siguientes:
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- La actora, Dña. Sandra, ha venido prestando sus servicios profesionales para la empresa demandada, MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA, como Profesora de Religión, desde febrero a junio de 2009, y desde septiembre de 2009 en adelante, percibiendo un salario mensual, con prorrata de pagas extraordinarias, de
1.800,76 €.
-
- Las cuantías económicas asignadas al componente específico por formación permanente de los funcionarios de carrera docentes (valor del sexenio) fueron fijadas en la Resolución del 25 de mayo de 2010 de la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos (BOE 26/05/2010).
De estimarse la demanda, la cantidad no abonada por la empresa demandada a la actora, en concepto de Componente por Formación Permanente (sexenios), asciende 1.059,35 €, en el periodo comprendido entre octubre de 2014 a enero de 2017.
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- Con fechas de 29 de octubre y 2 de diciembre de 2014, por las organizaciones CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-F), ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA
ENSEÑANZA (ANPE), USO, APPRECE y CC.OO se presentaron demandas de conflicto colectivo, que dieron lugar a los autos nº 297/2014 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que, con fecha de 16 de diciembre de 2014 dictó Sentencia con el siguiente Fallo: "En las demandas acumuladas de conflicto colectivo, promovidas por CSIF y AMPE, a las que se adhirieron USO, APRECE y CC.OO, estimamos dichas demandas en sus propios términos y declaramos el derecho de los profesores de religión a devengar y percibir el complemento de formación (sexenios) en las mismas condiciones que los profesores interinos docentes en el mismo nivel educativo y condenamos al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, a estar y pasar por dicha declaración a todos los efectos legales oportunos".
Contra dicha resolución se interpuso recurso de casación por el Abogado del Estado, en representación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, y con fecha de 9 de febrero de 2016, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el recurso nº 152/2015, dictó Sentencia desestimatoria del recurso de casación.
Ambas resoluciones constan en las actuaciones y se dan por reproducidas.
-
- Con fecha de 30 de junio de 2017, la actora presentó ante la entidad demandada, solicitud en reclamación de los sexenios.
La demanda origen del presente procedimiento se presentó con fecha de 9 de febrero de 2017.
En dicha sentencia se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
"Estimo la demanda formulada por Dña. Sandra frente al MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, y en consecuencia, debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad de 1.059,35 €, que devengará el 10% de interés de demora."
Con fecha 24 de mayo de 2019 se dictó auto de aclaración a la sentencia en el que figura la siguiente parte dispositiva: " ACUERDO acceder a la aclaración solicitada por la Letrada Habilitada por Abogacía del Estado, Dña. María Madrazo Caballero, y en consecuencia se sustituye la expresión " devengados en el periodo comprendido entre octubre 2014 a enero 2017", contenida en el párrafo segundo del Hecho Probado Segundo y el primer párrafo del Fundamento de Derecho Primero, por la siguiente: deberá tener la siguiente redacción: " devengados en el periodo comprendido entre mayo de 2015 a enero de 2017 ".
Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos a la Ponente para su examen y resolución por la Sala.
- Controversia y objeto del recurso.
En la demanda que ha dado lugar a las presentes actuaciones Dª. Sandra, profesora de religión, solicitaba frente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante, MECD), el pago de "sexenios" en las mismas condiciones que los profesores interinos.
La sentencia de instancia estima la demanda, siendo recurrida en suplicación por la Administración condenada por medio de tres motivos y con correcto encaje procesal en los apartados a), b) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, a fin de que se desestime íntegramente la demanda.
El recurso ha sido objeto de impugnación por la parte actora.
- Petición de nulidad de actuaciones.
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- En el primero de los motivos postula la Administración recurrente la nulidad de actuaciones. Afirma que la sentencia de instancia se funda en dos hechos que no han sido objeto de debate ni de prueba, por no haber sido alegados por la parte actora como fundamento de la pretensión, por lo que adolece de un defecto de motivación. Dichos hechos son: a) que la Administración no ha proporcionado a los profesores de religión la actividad formativa en los mismos términos que a los funcionarios de carrera; y b) el referido a que a los funcionarios interinos se les reconocen los sexenios sin acreditar la formación. Se dice que tales datos no se consignan el relato de hechos probados de la sentencia de instancia, como exige el artículo 97.2 LRJS, ni tampoco se expone en los fundamentos de derecho el proceso lógico a través del cual se han entendido probados.
-
- La doctrina del Tribunal Constitucional, que también se cita en el recurso (por todas, STC 45/2000, de 14 febrero), es constante, al determinar que las nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad y economía procesal, que constituye una de las meta de necesaria cobertura como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones
que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda condicionada al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos que han de ser analizados en el caso concreto y no de forma general, sin que la no concurrencia de alguno de ellos, de carácter formal en todo caso, sea constitutivo de indefensión, por cuanto la indefensión constitucionalmente prohibida es la material y no la formal.
Como nos recuerda la STC 62/2009, de 9 de marzo, "la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales. Por otro lado, para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24 CE, se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones, esto es, que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional".
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- La aplicación de la anterior doctrina nos lleva a la desestimación del motivo, toda vez que nos encontramos ante una cuestión eminentemente jurídica, referida a la efectividad en el caso presente de las sentencias que se citan, tanto de la Audiencia Nacional (SAN) como del Tribunal Supremo (STS), y que se dan por reproducidas. En ellas se justifica el reconocimiento a los profesores interinos de los sexenios sin justificación respecto a la formación.
La sentencia de instancia, siquiera por remisión a los precedentes de aquellas Salas (AN y TS) e incluso de alguna resolución de instancia, cuyos fundamentos comparte y transcribe, expresa los motivos que le llevan a estimar la demanda. Además, indica de forma individualizada cuales son las consecuencias económicas de la reclamación en el caso de la actora. Ninguna indefensión material motiva tal resolución a la recurrente y siquiera " per relationem ", lo que es admisible, se cumple en plenitud con las exigencias del art. 97.2 de la LRJS, art. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y art. 24 de la Constitución.
En idéntico sentido se ha manifestado esta Sala de lo Social del TSJ de Cantabria, entre otras, en sus sentencias de 3 de mayo de 2019 (Rec. 264/2019), 21 noviembre 2017 (Rec. 705/2017) y 27 noviembre 2017 (Rec. 708/2017).
- Revisión de hechos probados.
Interesa el MECD en su recurso la adición de tres nuevos hechos declarados probados, el cuarto, quinto y sexto, proponiendo la siguiente redacción:
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Cuarto HDP: " Con fecha de 30 de junio de 2017, la actora presentó ante la entidad demandada solicitud de reclamación de sexenios. La demanda origen del presente procedimiento se presentó con fecha...
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