STSJ Canarias 127/2019, 26 de Febrero de 2019
| Ponente | FRANCISCO JAVIER VARONA GOMEZ-ACEDO |
| ECLI | ES:TSJICAN:2019:815 |
| Número de Recurso | 76/2018 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 127/2019 |
| Fecha de Resolución | 26 de Febrero de 2019 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
? TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA
Plaza de San Agustín 6
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 30 64 60
Fax.: 928 30 64 62
Email: s2contadm.lpa@justiciaencanarias.org
Procedimiento: Recurso de apelación
Nº Procedimiento: 0000076/2018
NIG: 3501645320160001534
Materia: Actividad administrativa. Sanciones
Resolución:Sentencia 000127/2019
Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen: 0000252/2016-00
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria
Apelado: Gervasio ; Procurador: MARIA JESUS RIVERO HERRERA
Apelante: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA; Procurador: JAVIER TORRENT RODRIGUEZ
SENTENCIA
Ilmos. /as Sres. /as
Presidente
D. ÓSCAR BOSCH BENÍTEZ
Magistrados
D. FRANCISCO JAVIER VARONA GOMEZ ACEDO (Ponente)
Dª. MARÍA MERCEDES MARTÍN OLIVERA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de febrero de 2019.
Visto por esta Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda con sede en Las Palmas, integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el presente recurso de apelación número 0000076/2018, interpuesto por AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, representado el Procurador de los Tribunales D. JAVIER TORRENT RODRIGUEZ contra D. Gervasio, habiendo comparecido,
en su representación y defensa Dña. MARIA JESUS RIVERO HERRERA y dirigido por el Abogado D. RICARDO RODRIGUEZ MARTINON, versando sobre Actividad Administrativa. Sanciones. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado/a D. FRANCISCO JAVIER VARONA GOMEZ ACEDO.
El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia el 25 de enero de 2018 con el fallo siguiente: -" ÚNICO. ESTIMO el recurso contencioso - administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Gervasio frente al Acto administrativo identificado en el Antecedente de Hecho Primero de la presente Resolución ANULANDO el mismo con imposición de costas a la Administración"
El recurso se interpuso por la representación procesal de Gervasio contra la desestimación, por silencio administrativo, del recurso de reposición formulado frente a la Resolución número 41007/2015 de 10 de diciembre del Concejal Delegado de Movilidad y Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en virtud de la cual se declaraba a D. Gervasio responsable de la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 104.4 de la Ley 13/2017 de 17 de mayo de Ordenación de Transporte por Carretera de Canarias con imposición de las correspondientes sanciones.
Interpuso recurso de apelación frente a dicha sentencia el Ayuntamiento Las Palmas de Gran Canaria.
Al recurso de apelación la representación de la demandante en el proceso de instancia.
Tramitado el recurso sin practica de nueva prueba, se señaló día para votación y fallo del presente recurso.
Se han observado las prescripciones legales que regulan la tramitación del recurso.
Es ponente el Ilmo. Sr. Don FRANCISCO JAVIER VARONA GOMEZ ACEDO, que expresa el parecer de la Sala.
En esencia la sentencia apelada, siguiendo otras ya dictadas,responde a los siguientes razonamientos, en primer lugar sobre la alegada caducidad del procedimiento:
En cuanto a la caducidad del expediente administrativo, del examen del mismo resulta acreditado que, en fecha 27 de agosto de 2014 se dicta resolución de incoación y, en fecha 16 de diciembre de 2015, se notifica la resolución sancionadora a la interesada, mediando una resolución de ampliación del plazo para resolver, de fecha 23 de julio de 2015, en la que se justifica la necesidad de ampliación del plazo por tres motivos: a) sustitución de la Instructora; b) escasez de personal en el departamento correspondiente, para la tramitación de los expedientes sancionadores y c) elecciones municipales que han supuesto un cambio en la jerarquía política y en la organización de las áreas municipales.
Sin embargo, estos motivos no son suficientes para justificar la ampliación del plazo acordada y ello porque el art. 42.6 Ley 30/92 dispone que "Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles...".
En la propia resolución de ampliación se dice que, dada la escasez de personal existente en el departamento encargado de la tramitación de los expedientes, se ha interesado la ampliación de la plantilla y dicha solicitud no ha sido satisfecha, no explicándose por la Administración demandada por qué dicha ampliación no podía ser atendida. Las demás razones para justificar la ampliación tampoco pueden ser admitidas, pues consta que la instructora designada inicialmente cambió de destino y ello ocurrió en enero de 2015, por tanto, mucho antes de que venciera el plazo inicial para la resolución del expediente y, en cuanto a la celebración de las elecciones municipales, tampoco ello puede suponer una paralización absoluta de la actividad municipal, más cuando también es un hecho conocido con antelación.
Por ello, se concluye que la ampliación del plazo acordada no está suficientemente motivada.
No podemos compartir tal conclusión pues como afirma la representación del Ayuntamiento, tres son las causas que motivan la ampliación del plazo para resolver: 1ª) La sustitución de la instructora (dado que la nombrada en origen cesa su relación con la Administración por jubilación); 2ª) Escasez de personal en el Servicio de Tráfico y Transportes que al trabajo ordinario ya ingente del servicio, se enfrentan a la tramitación de 180 expedientes sancionadores y 3ª) La convocatoria y celebración de elecciones municipales. De ellas la primera y tercera puede ser dudosa, por las dificultades que sucesivas normas legales impedían el aumento de personal, pero es evidente que el número de expedientes incoados y lo voluminoso de la documentación de cada uno de ellos, es causa suficiente para justificar la ampliación del plazo.
En relación con la causa de estimación del recurso por razones sustantivas, la sentencia sostiene lo siguiente:
-Pero es más, y sobre la vulneración del principio de presunción de inocencia, cabe recordar que este principio, tras la Constitución de 1.978 (art. 24 ), dejó de ser un principio informador del Derecho Sancionador para convertirse en un derecho fundamental de inmediata aplicación que vincula a todos los poderes públicos, incluso en el ámbito de sanciones administrativas (entre otras SSTC de 36/1985, de 8 de Marzo y 76/1990, de 26 de Abril ), y así aparece consagrado en el art. 137.1 de la LRJAP y PAC, de modo que, por un lado, nadie puede ser considerado responsable de una infracción administrativa hasta que haya concluido el procedimiento con una resolución sancionadora y, por otro, la Administración no puede sancionar sino en virtud de pruebas de cargo obtenidas de manera constitucionalmente legítima, incumbiendo a la Administración la carga de probar los hechos y la culpabilidad del presunto responsable; y tampoco en vía de impugnación contenciosoadministrativa se produce para el sancionado un desplazamiento de la carga de la prueba-.
Posteriormente se trascribe el artº 95 de la Ley 58/03 General Tributaria y se concluye que:
Pues bien, en ninguno de estos supuestos encaja la colaboración solicitada por la Administración demandada, habida cuenta que la finalidad de la actuación no guarda relación con la actividad de recaudación de tributos que pudiera desarrollar el Ayuntamiento, ni ha existido consentimiento del obligado tributario, para la cesión de sus datos, y ello pese a la preexistencia de una autorización judicial para la cesión de los datos obtenidos por la Agencia Tributaria, como se afirma por la Administración, pues dicha cesión siempre debe tener una finalidad tributaria, que no es el caso, de ahí que sólo podría hacerse uso de la información facilitada, previo consentimiento del interesado, que tampoco consta se obtuviera, de ahí que deba concluirse que no existe prueba de cargo suficiente para la imposición de sanción al recurrente.
Adelantamos que no podemos compartir tal motivo de anulación.
El acto recurrido contiene la siguiente parte dispositiva: a) se declara que el demandante en la instancia ha cometido una infracción muy grave tipificada en el art.104.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; b) impone la multa de 4.001 euros de conformidad con el artº 108 i de la misma Ley ; c) de conformidad con el art. 109.2, de la Ley 13/2007, impone la sanción de pérdida de validez de cuantas autorizaciones, licencias o copias certificadas de idéntica clase a las utilizadas fuese titular a cuyo nombre fue expedida por la Administración y d) de conformidad con el artº 109. de la Ley y 29 del Decreto 74/2012 Reglamento del Taxi de revoca la Licencia Municipal de Autotaxi nº 24, de que era titular.
Es decir que el acto administrativo contiene de un lado la imposición de una sanción y declara la caducidad de la licencia, distinción que es fundamental para obtener la conclusión de que esta declaración no es una sanción. Para ello nos servimos de lo expuesto en la STS Sala 3ª, sec. 4ª, S 8-10-2001, rec. 3946/1996, que resuelve un asunto similar Dice...
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