STSJ Murcia 337/2018, 10 de Mayo de 2018

Ponente:PILAR RUBIO BERNA
Número de Recurso:101/2017
Procedimiento:Procedimiento ordinario
Número de Resolución:337/2018
Fecha de Resolución:10 de Mayo de 2018
Emisor:Sala de lo Contencioso
RESUMEN

DOMINIO PÚBLICO. AUTORIZACIÓN DE OBRAS. La falta de resolución en plazo debe dar lugar necesariamente a la desestimación por silencio negativo al ser una petición que entraña el reconocimiento de facultades relativas al dominio público, independientemente de que la concesión se otorgue ex novo o como una continuación de un derecho anteriormente existente; puesto que en todo caso se trata de una... (ver resumen completo)

 
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T.S.J.MURCIA SALA 2 CON/AD

MURCIA

SENTENCIA: 00337/2018

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Equipo/usuario: UP3

Modelo: N11600

PALACIO DE JUSTICIA, RONDA DE GARAY, 5, 3ª PLANTA -DIR3:J00008051

N.I.G: 30030 33 3 2017 0000147

Procedimiento : PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000101 /2017 /

Sobre: COSTAS Y PUERTOS

De D./ña. Mariola

ABOGADO ANTONIO GARCIA MONTES

PROCURADOR D./Dª. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ FOULQUIE

Contra D./Dª. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE, AYUNTAMIENTO

DE CARTAGENA AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

ABOGADO ABOGADO DEL ESTADO,

PROCURADOR D./Dª., MARIA ASUNCION MERCADER ROCA

RECURSO núm. 101/2017

SENTENCIA núm. 337/2018

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

SECCIÓN SEGUNDA

compuesta por los Ilmos. Srs.:

D. Abel Ángel Sáez Doménech

Presidente

Dª. Leonor Alonso Díaz Marta

Dª. Pilar Rubio Berná

Magistradas

ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº. 337/18

En Murcia, a diez de mayo de dos mil dieciocho.

En el recurso contencioso administrativo nº. 101/17, tramitado por las normas ordinarias, en cuantía de 1.000 euros, y referido a: autorización de obras

Parte demandante:

Dª. Mariola, representada por el procurador D. José Augusto Hernández Foulquié y dirigido por el letrado

D. Antonio García Montes

Parte demandada:

LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

Acto administrativo impugnado:

Resolución de 30 de noviembre de 2016 de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución de 9 de marzo de 2016 de la Demarcación de Costas de Murcia por la que se autorizan en precario las obras mínimas e imprescindibles de reparación del cerramiento de parcela y forjado del habitáculo orientada hacia el mar ubicadas en DPMT y servidumbre de tránsito, descritas en la memoria valorada presentada, sin que ello presuponga la legalidad de la ocupación preexistente pendiente de regularizarse y/o recuperación posesoria, en parcela sita en Cala del Contrabando, en Isla Plana, t.m. de Cartagena (Murcia).

Pretensión deducida en la demanda:

Que se dicte sentencia en la que, estimando el recurso, por acto de contrario imperio anule la resolución recurrida por ser contraria a Derecho; todo ello, imponiendo las costas a la Administración demandada.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª . Pilar Rubio Berná, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 7 de febrero de 2017 y admitido a trámite, y previa recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO

La parte demandada se ha opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.

TERCERO

Acordado el recibimiento del recurso a prueba se practicó la que propuesta fue admitida con el resultado que obra en autos, y después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 27 de abril de 2018.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO

Dirige la actora el presente recurso contencioso-administrativo frente a la resolución de 30 de noviembre de 2016 de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución de 9 de marzo de 2016 de la Demarcación de Costas de Murcia por la que se autorizan en precario las obras mínimas e imprescindibles de reparación del cerramiento de parcela y forjado del habitáculo orientada hacia el mar ubicadas en DPMT y servidumbre de tránsito, descritas en la memoria valorada presentada, sin que ello presuponga la legalidad de la ocupación preexistente pendiente de regularizarse y/o recuperación posesoria, en parcela sita en Cala del Contrabando, en Isla Plana, t.m. de Cartagena (Murcia) Y con sometimiento a las condiciones generales que en la propia resolución se expresan:

"1°.- La presente autorización, que no implica cesión del dominio público, ni de las facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en la Ley 2/2013, de 29 de Mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el Reglamento General de la citada Ley de 28 de Julio, de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de Octubre, dejando a salvo los derechos particulares y sin perjuicio de terceros.

  1. - Esta autorización, que se otorga en precario, no prejuzga la legalidad de la ocupación existente ni de la afección a la Servidumbre de Tránsito que en todo caso ha de quedar libre y expedita.

  2. - No obstante, para garantizar la retirada de las instalaciones, si éstas quedaran en DPMT, se deberá constituir en la Caja General de Depósitos de la Delegación de Hacienda una fianza en metálico o mediante aval bancario por un importe de 1.000 €. ( art. 161.1.j del Reglamento de Costas vigente).

  3. - La ocupación del dominio público no implica en ningún caso la cesión de este, ni su utilización significará la cesión de las facultades demaniales de la Administración del Estado, ni la asunción por ésta de responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros. El mencionado titular será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado, salvo en el caso en que aquéllos tengan su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al titular...

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