STSJ Canarias 219/2016, 15 de Septiembre de 2016
| Ponente | JAIME GUILARTE MARTIN-CALERO |
| ECLI | ES:TSJICAN:2016:2442 |
| Número de Recurso | 77/2016 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 219/2016 |
| Fecha de Resolución | 15 de Septiembre de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
? TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA
Plaza San Francisco Nº 15
Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 47 93 99
Fax.: 922 479 423
Email: s2contadm.tfe@justiciaencanarias.org
Procedimiento: Recurso de apelación
Nº Procedimiento: 0000077/2016
NIG: 3803845320140000535
Materia: Personal
Resolución:Sentencia 000219/2016
Proc. origen: Procedimiento abreviado Nº proc. origen: 0000131/2014-00
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife
Intervención: Interviniente: Procurador:
Codemandado FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE C.C.A..O.O.
Codemandado CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS CSI-F
Codemandado UNION GENERAL DE TRABAJADORES UGT
Codemandado UNION SINDICAL OBRERA (USO)
Apelado CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD
Apelante AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ANTONIO GARCIA CAMI
Apelante INTERSINDICAL CANARIA
Apelante ASIPAL
Apelante Lorena
SENTENCIA
Ilustrísimos Señores:
PRESIDENTE
D. Pedro Hernández Cordobés MAGISTRADOS
D. Juan Ignacio Moreno Luque Casariego
D. Helmuth Moya Meyer
D. Jaime Guilarte Martín Calero
===============================
En Santa Cruz de Tenerife a 15 de septiembre de 2016.
Visto por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, Sección Segunda, integrada por los Sres. Magistrados antes reseñados, el presente recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de La Laguna y varias organizaciones sindicales; frente a la Comunidad Autónoma de Canarias; sobre personal; ponente don Jaime Guilarte Martín Calero.
1 Por sentencia de fecha 15 de febrero de 2016 el Juzgado número 2 resolvió el recurso 131/14, sobre abono de pagas o primas de permanencia, estimándolo con imposición de costas.
2 Contra dicha resolución se ha interpuesto recurso de apelación. Seguido el recurso por todos sus trámites, se elevaron las actuaciones a la Sala, formándose el correspondiente rollo. Señalado día y hora para votación y fallo, tuvo lugar la reunión del Tribunal en el designado al efecto.
1 La sentencia apelada anula el decreto 657/13 considerando la ilegalidad del Acuerdo CorporaciónFuncionarios donde se ha pactado retribuir a los funcionarios que hayan prestado servicios durante determinado número de años. Por ello se considera nulo dicho acuerdo plenario adoptado el 11 de enero de 2002 (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 20 de febrero de 2002 número 22) cuyo artículo 25 ha previsto el premio por permanencia como una mejora social: el personal funcionario con veinte años o más de servicio percibirá una paga extra más en el mes de marzo de cada año . . No es una ayuda social sino una retribución por el trabajo prestado sin que las Entidades Locales tengan competencia para crear una nueva retribución no prevista en la Ley.
2 Como recuerda la sentencia de instancia, en varios asuntos la Sala ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad de los premios de permanencia mediante metálico (o permisos). También en los recursos 59/15 y 29/16 sobre el mismo acuerdo colectivo cuestionado en este recurso por las siguientes razones.
Las normas ordenadoras del régimen estatutario de los funcionarios públicos han de ser establecidas, en virtud de lo dispuesto en el art. 103.3 CE, mediante normas con rango de Ley. Se entiende comprendido en el ámbito del estatuto de los funcionarios públicos "en principio, la normación relativa a . los derechos de los funcionarios" ( STC 99/1987 ) sin perjuicio de su desarrollo reglamentario.
El acto recurrido se basa en una supuesta norma que ha sido dictada por una Administración sin competencia para ello incumpliendo el artículo 51.1 de la Ley de las Administraciones Públicas de 1992 al regular una materia reservada a los órganos legislativos lo que constituye nulidad de pleno derecho según el artículo 62.2 de dicha Ley en cuanto atribuye nuevos derechos estatutarios por el hecho de cumplir determinados años de servicios prestados sin la necesaria cobertura legal.
Las retribuciones se establecen por la Ley general o territorial a tenor de los artículos 22 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 (de dudosa vigencia a fecha de hoy pero de obligada cita). Los funcionarios no podrán ser retribuidos por conceptos diferentes a los especificados en los artículos 82 y siguientes de la Ley de Función Pública de Canarias que es aplicable a las Corporaciones Locales ( artículo 2.4 en...
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