STSJ Galicia 348/2015, 25 de Junio de 2015
| Ponente | JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ-CASTROVERDE |
| ECLI | ES:TSJGAL:2015:4764 |
| Número de Recurso | 15449/2014 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 348/2015 |
| Fecha de Resolución | 25 de Junio de 2015 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00348/2015
- N11600
PLAZA GALICIA S/N
N.I.G: 15030 33 3 2014 0001129
Procedimiento : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0015449 /2014 /
Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA
De D./ña. LISARDO GONZALEZ SL
LETRADO EDUARDO IGLESIAS ALVAREZ
PROCURADOR D./Dª. MARIA DEL MAR RODRIGUEZ GONZALEZ
Contra D./Dª. TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA
LETRADO ABOGADO DEL ESTADO
PROCURADOR D./Dª.
PONENTE: D. JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la
SENTENCIA
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª
JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE
FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA
MARIA DOLORES RIVERA FRADE
MARIA DEL CARMEN NUÑEZ FIAÑO
A CORUÑA, veinticinco de junio de dos mil quince.
En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 15449/2014, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por LISARDO GONZALEZ S.L., representado por la procuradora D.ª MARIA DEL MAR RODRIGUEZ GONZALEZ, dirigida por el letrado D.EDUARDO IGLESIAS ALVAREZ, contra ACUERDO DEL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA DE FECHA 12/6/2014.TARIFA EXTERIOR COMUN, EJERCICIOS 2008-2009.EXPEDIENTE 15/5519/2012. Es parte la Administración demandada el TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA, representado por el ABOGADO DEL ESTADO.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE.
Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución impugnada en este procedimiento.
Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la contestación de la demanda.
Habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo de 14.474,30 euros.
El presente recurso jurisdiccional lo dirige la entidad mercantil "Lisardo González, S.L." contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia de fecha 12 de junio de 2014 dictado en la reclamación número 15/5519/12, sobre liquidación en concepto de Tarifa Exterior-Comunidad, ejercicios 2008 y 2009.
En la liquidación de referencia resulta una cuota arancelaria superior a la ingresada que deriva del incremento de la base del arancel declarado por aplicación para el cálculo del valor del flete de un tipo de cambio que se dice vigente al momento de la presentación del DUA de importación y por la modificación de las partidas y, consiguientemente, del tipo arancelario que había consignado la actora en los DUA#s presentados a despacho con el código el 4418720000 y tipo arancelario del 0% y que la Administración ha clasificado con otro código, concretamente el 4412321000, con tipo arancelario del 7%.
Cuestiones similares hemos resuelto en nuestra sentencia de 22/4/15 (recurso 15448/14 ), suscitado por la misma recurrente y relativo al ejercicio 2010.
En el presente caso, y al igual que en la sentencia citada, el recurso se sustenta en los siguientes motivos de impugnación: a) Nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida en conexión con la caducidad del procedimiento y prescripción; b) infracción de la doctrina de los propios actos; c) vulneración del artículo 18 del Reglamento (CE ) nº 450/2008, de 23 de abril, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (derogado por el Reglamento (UE) 528/2013, de 12 de junio), al anular una decisión favorable sin concurrir las circunstancias del precepto, así como del artículo 220.2.b del Reglamento (CEE) 2913/1992 al ser improcedente la contracción posterior y, en todo caso, llevarse a cabo al margen del procedimiento establecido y sin dictamen del Laboratorio Central de Aduanas o de cualquier prueba directa que sustente el cambio de código arancelario, siendo inexactas las identificaciones que se realizan entre mercancías amparadas por distintos DUA#s que, además se niegan; d) error de la Administración al determinar el cálculo del valor del flete; y, e) incorrección de la clasificación realizada.
Con cita de los artículos 150.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 87 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la demandante esgrime la caducidad del procedimiento a lo que anuda la prescripción del derecho de la Administración a liquidar, por haber transcurrido más de doce meses desde el inicio de las actuaciones hasta la notificación de la liquidación.
Lo primero que debemos destacar es que el carácter supletorio de la Ley 30/1992 en materia tributaria determina su inaplicación a la caducidad y prescripción de los procedimientos tributarios al existir una regulación específica. La disposición adicional quinta de la LRJAP y PAC así lo establece cuando dispone: " 1. Los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán por la Ley General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garantías de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las demás normas dictadas en su desarrollo y aplicación. En defecto de norma tributaria aplicable, regirán supletoriamente las disposiciones de la presente Ley. En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria" .
Lo segundo, que el artículo 150.1 de la LGT no contempla la caducidad del procedimiento inspector aunque sí la consecuencia, derivada de su paralización injustificada durante más de seis meses o no terminación en el plazo de doce meses desde la notificación de acuerdo de inicio, de que todas las actuaciones desarrolladas hasta la interrupción injustificada o dentro del plazo de doce meses no interrumpen la prescripción. Resulta indiscutido que desde la notificación a la demandante de la incoación del procedimiento, que tuvo lugar el 28 de junio de 2011, hasta la notificación de la liquidación de fecha 17 de agosto de 2012, que tiene lugar el 3 de septiembre siguiente, transcurrieron más de doce meses sin que, en definitiva, se pueda imputar a la recurrente más allá de 13 días de dilaciones de los 120 inicialmente atribuidos, tal como la propia Administración reconoce, contexto en el cual el plazo legal de actuaciones inspectoras habría finalizado el 12 de julio de 2012. Ello, no obstante, dado que los DUA#s que nos incumben se admitieron a despacho a partir del 14 de septiembre de 2009, a la fecha de notificación del acuerdo de liquidación (3 de septiembre de 2012), no había transcurrido el plazo de prescripción que, aunque no se cita en la demanda, es el de tres años previsto en el artículo 221.3 del Reglamento (CEE) 2913/1992, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario . Dispone este precepto que: " La comunicación al deudor no podrá efectuarse una vez que haya expirado un plazo de tres años contados a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera. No obstante, cuando la causa de que las autoridades aduaneras no hayan podido determinar el importe exacto de los derechos legalmente adeudados sea un acto perseguible judicialmente, dicha comunicación se efectuará, en la medida prevista por las disposiciones vigentes, después de la expiración de dicho plazo de tres años". Pese a que existe alguna sentencia como la de la SAN 4/3/2015 (Roj: SAN 545/2015 - ECLI:ES:AN:2015:545) que a pesar de analizar la prescripción habla de la caducidad de los derechos por transcurso de dicho plazo de tres años, lo cierto es que conforme a jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, por ejemplo, en sentencias de 29 de marzo de 2012 (recursos de casación para unificación de doctrina números 496 y 497 /2009) y en consonancia con la jurisprudencia del TJUE, ha de considerarse como de prescripción. Así, el Tribunal Supremo declara en dichas sentencias: " ... Antes de ofrecer nuestra respuesta al presente recurso de casación para la unificación de doctrina, debemos poner de relieve que nos encontramos ante liquidación de derechos antidumping e IVA, donde la normativa no solo tiene origen comunitario (Reglamento 2913/1992, del Consejo, por el que se apruebe el Código Aduanero Comunitario y Reglamento 2454/1993, de la Comisión, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del CAC) sino que también existen muy diversas Sentencias del TJUE en interpretación de la misma. Y así, la Sentencia de 14 de noviembre de 2002 califica el plazo de tres años del artículo 221.3 del CAC, como de prescripción; la de 16 de julio de 2009 interpreta el artículo 221.1 del CAC, en el sentido de que la comunicación por las autoridades aduaneras al deudor, según las modalidades apropiadas, del importe de los derechos de importación o de exportación por pagar, sólo puede hacerse válidamente previa contracción del importe de esos derechos por dichas autoridades.
Por su carácter clarificador respecto de las disposiciones del CAC, nos referimos a dos Sentencias del TJUE de la misma fecha (23 de febrero de 2006 )...
En la segunda de las Sentencias...
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