STSJ Comunidad de Madrid 1015/2004, 22 de Julio de 2004
| Ponente | JOSE ALBERTO GALLEGO LAGUNA |
| ECLI | ES:TSJM:2004:10204 |
| Número de Recurso | 1555/2002 |
| Número de Resolución | 1015/2004 |
| Fecha de Resolución | 22 de Julio de 2004 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA 1015
RECURSO NÚM: 1555-2002
PROCURADOR: D. JUAN FRANCISCO ALONSO ADALIA
Ilmos. Sres.:
Presidente
D. José Alberto Gallego Laguna
Magistrados
DÑA. Maria Antonia de la Peña Elias
D. J. Ignacio Parada Vázquez
D. Santos Gandarillas Martos
D. J. Ignacio Zarzalejos Burguillo
-----------------------------------------------En la Villa de Madrid a 22 de Julio de 2004.
Visto por la Sala del margen el recurso núm. 1555-2002, interpuesto por D. Humberto , representado por el procurador D. JUAN FRANCISCO ALONSO ADALIA, contra la resolución dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid el 27 de junio de 2002, por la que se decretó la expulsión del territorio nacional del recurrente, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de 3 años, a contar desdela fecha en que se lleve a efecto la expulsión. habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.
Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la suplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda.
Dado traslado de la demanda al Sr. Abogado del Estado, para su contestación, lo hizo admitiendo los hechos de la misma, en cuanto se deducen del expediente, alegó en derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido.
No estimándose necesario el recibimiento a prueba, se señaló para la votación y fallo, la audiencia del día 20.7.2004 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Alberto Gallego Laguna; quien expresa el parecer de la Sala.
Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid el 27 de junio de 2002, por la que se decretó la expulsión del territorio nacional del recurrente, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de 3 años, a contar desde la fecha en que se lleve a efecto la expulsión.
En la expresada resolución se hace constar como motivo de la expulsión, la infracción grave de encontrarse irregularmente en territorio español por no disponer de documento alguno que acredite la situación de estancia o residencia legal en España, por no haber obtenido o tener caducado más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos cuando fueran exigibles, según dispone el art. 53. A) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre .
El actor solicita que se declare la nulidad de la resolución recurrida, o subsidiariamente la anulabilidad, dejando sin efecto la orden de expulsión y se le autorice a permanecer en territorio nacional con indemnización por los daños y perjuicios causados, alegando, en resumen, como fundamento de su pretensión, que llevaba viviendo en España varios meses, donde viven sus padres, hermanos y primos, habiéndosele denegado permiso de trabajo y residencia, presentando otra solicitud que estaba en trámite, estando afiliado a la Seguridad Social, teniendo arraigo en España, habiéndose infringido los principios constitucionales de legalidad penal, porque reunía los requisitos para no ser expulsado y el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado el 16 de diciembre de 1.966 y ratificado por España el 13 de abril de 1.977, la vulneración del principio de contradicción y audiencia y la falta de motivación, habiéndose impuesto la sanción más grave de expulsión en vez de la sanción de multa, entendiendo que el plazo máximo para la tramitación del expediente debía de ser de un mes y no de seis meses.
En el análisis de la cuestión objeto del presente recurso, en atención...
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