STSJ Cataluña 1158/2013, 6 de Noviembre de 2013
| Ponente | MARIA LUISA PEREZ BORRAT |
| ECLI | ES:TSJCAT:2013:11763 |
| Número de Recurso | 285/2011 |
| Procedimiento | RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) |
| Número de Resolución | 1158/2013 |
| Fecha de Resolución | 6 de Noviembre de 2013 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Recurso nº 285/2011
Parte actora: Patricia
Parte demandada: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
SENTENCIA nº 1158/2013
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE
D. EDUARDO BARRACHINA JUAN
MAGISTRADOS
DÑA. MARÍA LUISA PÉREZ BORRAT
DÑA. MARÍA FERNANDA NAVARRO DE ZULOAGA
En Barcelona, a seis de noviembre de dos mil trece.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION CUARTA), constituida como figura al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY la siguiente sentencia para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, interpuesto por Dña. Patricia, que en su calidad de funcionario asume su propia representación y defensa, contra la Administración demandada INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, representada por el Procurador D. Alfredo Martínez Sánchez y asistida por la Letrada Dña. Mª Coral Tello Guerrero.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D/Dª. MARÍA LUISA PÉREZ BORRAT, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la parte actora, a través de su representación en autos, se interpuso en tiempo y forma legal, recurso contencioso administrativo contra la resolución objeto de recurso dictada por la Administración demandada.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Se acordó recibir el presente pleito a prueba, con el resultado que obra en autos.
Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron.
Se señaló para votación y fallo de este recurso, habiéndose observado y cumplido en este procedimiento las prescripciones legales correspondientes .
Se impugna en este proceso la Resolución del Gerente del Instituto Catalán de la Salud, de 31 de enero de 2011, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la diligencia del Tribunal calificador de 10 de diciembre de 2010, correspondiente a la convocatoria para cubrir plazas vacantes de la categoría profesional de auxiliar administrativo y en la que no se valora el mérito del actor.
La actora, personal estatutario interino en el momento de iniciarse el proceso selectivo, participó en el mismo y alegó como mérito el curso "Información y Atención al público". Muestra su disconformidad con el hecho de que el Tribunal calificador no le haya valorado el citado curso a pesar de las múltiples reclamaciones que ha efectuado.
Considera que la finalidad de las bases de la convocatoria y del art. 84 de la Ley 30/1992 es la de posibilitar al órgano calificador revisar su actuación. En este caso entiende que se han vulnerado las bases y el artículo citado porque el Tribunal no ha motivado suficientemente por qué no ha tenido en cuenta las reclamaciones presentadas. Por todo ello, entiende que el acto administrativo impugnado ha de ser considerado nulo, al amparo del art. 62.1.a ) y c) en relación con el art. 54.1.a ) y c) de la Ley 30/1992 y que el Tribunal calificador debe proceder a valorar el curso alegado por la recurrente.
La Administración demandada, se opone al recurso alegando en primer lugar la firmeza de las bases de la convocatoria así como la discrecionalidad técnica del Tribunal calilficador. Por todo ello, solicita que se desestime el recurso.
Este Tribunal ha tenido conocimiento de varios recursos que afectan a la misma convocatoria. Por ello, es el momento de hacer referencia a nuestra reciente Sentencia nº 1085, de 22 de octubre de 2013 (recurso contencioso-administrativo nº 349/11 ), en la que se resolvía otra impugnación relativa a la misma convocatoria y a la anterior Sentencia nº 981, de 2 de octubre (recaída en el recurso 284/11 ), ambas en relación a la misma convocatoria. En la primera citada hemos dicho que "Así planteadas las posiciones de las partes, es momento de traer a colación, y en la medida en que será capital para decantar la solución a adoptar, la doctrina a tenor de la cual las bases de la Convocatoria de un proceso como aquél en el que participó la actora constituyen la Ley del mismo y en tal consideración vinculan tanto a la Administración convocante, como a quienes toman parte en el mismo. Bases que si bien pueden ser impugnadas, necesariamente han de serlo en los casos y en los plazos previstos en el Ordenamiento Jurídico lo que, de no llevarse a cabo como ocurrió en el supuesto que nos ocupa, impide la ulterior impugnación de la resolución que recaiga en el proceso selectivo correspondiente por motivos que en su día pudieron y debieron hacerse valer por medio del oportuno recurso, relativos a posibles defectos de la citada Convocatoria, (en este sentido se pronuncia nuestro Tribunal Supremo en innumerables Sentencias, entre otras, de 19 de Septiembre de 1.994, 20 de Marzo de 1.995, 16 de Junio de 1.997 y 24 de Marzo de 1.998 ).
En cuanto a la autonomía del Órgano calificador a la hora de interpretar el contenido y alcance de las bases de la convocatoria hay que reconocer que goza de una amplia discrecionalidad técnica por la presumible imparcialidad de sus componentes, especialización de sus conocimientos, e intervención directa en el proceso de selección. Lo anterior explica que las normas reguladoras de la actuación de esos órganos calificadores solo exijan a estos formalizar sus dictámenes o calificaciones mediante la expresión de la puntuación que exteriorice su juicio técnico. Y que tal puntuación sea bastante para que pueda ser considerada formalmente correcta dicha actuación de evaluación técnica.
No obstante lo anterior y sin desconocer que los órganos calificadores de oposiciones y concursos gozan de la denominada discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, es posible, sin embargo, la revisión jurisdiccional de su actuación en circunstancias tales como en casos de dolo, coacción, infracción de las normas reglamentarias que regulan su actuación y, singularmente, de las propias bases de la convocatoria que vinculan por igual a la Administración y a los participantes en el proceso selectivo ( SSTS de 17 de diciembre de 1986 y 8 y 13 de junio de 1988 ), casos éstos a los que la más moderna doctrina ha añadido la advertencia de defectos formales sustanciales, producción de indefensión, desviación de poder, evidencia de un resultado manifiestamente arbitrario y apreciación de los hechos a todas luces errónea, supuestos en los que la actividad de los órganos calificadores puede ser también objeto de revisión judicial. Sin embargo no basta pues con la alegación de que se han cometido irregularidades en el proceso selectivo o que se ha abusado del principio de discrecionalidad técnica o que se ha producido discriminación en el trato recibido, o
bien que se ha producido una desviación de poder. Es necesaria la prueba que justifique tales alegaciones.
Sentado lo anterior procede analizar con carácter previo la actuación del Tribunal Calificador en relación a los defectos formales del procedimiento alegados y que se califican por la actora como determinantes de una situación de indefensión por arbitrariedad del Tribunal en la valoración que había de realizar en la fase de concurso y que determinó que la lista de puntuaciones definitivas se mostrara como sorpresiva negativamente cosa que no había ocurrido en las listas provisionales que le otorgaban la puntuación que si se ajustaba a sus expectativas.
El Anexo III de la convocatoria "Baremo de méritos" en su apartado 2 hace referencia a las "Actividades formativas, de docencia y científicas relacionadas con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria (hasta un máximo de 14.00 puntos)". Dice así este apartado 2 (la traducción es nuestra):
"2.1 Cursos de perfeccionamiento (hasta un máximo de 11.00 puntos).
Los contenidos de los cursos han de estar en relación directa con las tareas propias de la función administrativa.
Por cada hora de los cursos de los apartados 2.1.a) y 2.1.b): 0.02 puntos hasta un máximo de 200 horas por cada curso.
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Cursos de perfeccionamiento autorizados y/o organizados por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, el departamento correspondiente de las comunidades autónomas, universidades, escuelas universitarias, entidades gestores de instituciones sanitarias de la Seguridad Social, organismos autónomos docentes dependientes del Departament de Salut, entidades nacionales o extranjeras acreditadas para la docencia (según las respectivas leyes de sus países).
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También serán objeto de valoración los cursos de perfeccionamiento organizados por las escuelas profesionales y/o las asociaciones profesionales, siempre que sean financiadas, autorizadas y/o acreditadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, el departamento correspondiente de las comunidades autónomas, universidades, escuelas universitarias, entidades gestoras de instituciones sanitarias de la Seguridad Social y organismos autónomos docentes dependientes del Departamento de Salut.
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Cursos a distancia.
Con carácter general todos los cursos a distancia se...
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