STSJ Cataluña 817/2013, 12 de Julio de 2013
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sala Contencioso Administrativo |
| Fecha | 12 Julio 2013 |
| Número de resolución | 817/2013 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Recurso nº 378/2010
Parte actora: Brigida
Parte demandada: DEPARTAMENT DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES
SENTENCIA nº 817/2013
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE
-
EDUARDO BARRACHINA JUAN
MAGISTRADOS
DÑA. MARÍA FERNANDA NAVARRO DE ZULOAGA
DÑA. MARÍA JOSÉ MOSEÑE GRACIA
En Barcelona, a doce de julio de dos mil trece.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION CUARTA), constituida como figura al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY la siguiente sentencia para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, interpuesto por Brigida, representada por el Procurador de los Tribunales
-
Jordi Ribo Cladellas, y asistida por la Letrada Dña. Helena Martínez Villar, contra la Administración demandada DEPARTAMENT DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES, actuando en nombre y representación de la misma el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D/Dª. MARÍA FERNANDA NAVARRO DE ZULOAGA, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la parte actora, a través de su representación en autos, se interpuso en tiempo y forma legal, recurso contencioso administrativo contra la resolución objeto de recurso dictada por la Administración demandada.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Se acordó recibir el presente pleito a prueba, con el resultado que obra en autos.
Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron.
Se señaló para votación y fallo de este recurso, habiéndose observado y cumplido en este procedimiento las prescripciones legales correspondientes .
Por la representación procesal de Doña Brigida se interpone recurso contra la resolución de la Directora General de la Función Pública de 9 de marzo de 2.010 que resuelve el recurso de alzada interpuesto contra Acuerdo del Tribunal Calificador de 20 de noviembre de 2.009 por la que se hacen públicas las calificaciones correspondientes a la primera prueba del proceso selectivo para proveer 384 plazas de la escala superior de administración general del cuerpo superior de administración (subgrupo A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registro de la convocatoria 167).
Conviene recordar, una vez más, que como reiteradamente tiene establecido el Tribunal Supremo las bases de las convocatorias vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones de Selección y a quienes participen en las mismas, de manera que no recurridas las convocatorias, dentro de los plazos legales previstos, no cabe admitir tal posibilidad impugnatoria junto al acto final de resolución del concurso, puesto que ello iría en contra del principio de seguridad jurídica. Criterio este que, además, ha sido reiteradamente mantenido por la Sala en Sentencias diversas, conforme a las cuales, resulta que al suscribir la convocatoria y al participar en las pruebas selectivas el aspirante acepta las bases de las mismas, de forma que aún cuando las bases y la convocatoria pueden ser impugnadas por los interesados, pero en los casos y en los plazos previstos, en tanto que aquéllas constituyen la ley del proceso selectivo, y que al concurrir a éste, sin impugnarlas, queda impedida la ulterior impugnación de la resolución que en el mismo recaiga por motivos que en su día pudieron y debieron hacerse valer por medio del oportuno recurso, relativos a posibles defectos de la citada convocatoria.
En este sentido, es doctrina reiterada que las bases de la convocatoria de selección constituyen "la verdadera Ley" de la convocatoria, siendo innegable el carácter reglado de tales normas rectoras del proceso selectivo, correspondiendo a la Administración, en el ejercicio de dicha potestad reglada, constatar el supuesto de hecho legalmente definido de manera completa y aplicar lo que la propia Ley ha determinado, siendo la decisión de aquélla obligatoria en presencia del referido supuesto, en cuanto su contenido no puede ser configurado libremente por la Administración, sino que ha de limitarse a lo que la propia Ley de la convocatoria ha previsto sobre ese contenido de modo preciso y completo.
Cuestión distinta es el desarrollo del proceso cuando no se cuestionan las bases, que es el supuesto que aquí enjuiciamos.
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