STSJ Galicia 371/2013, 22 de Mayo de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 371/2013 |
| Fecha | 22 Mayo 2013 |
T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00371/2013
- N11600
N.I.G: 15030 33 3 2011 0014201
Procedimiento : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0015751 /2011 /
Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA
De D./ña. Inés
LETRADO ARANZAZU ALBINA DE MIGUEL FEIJOO
PROCURADOR D./Dª. ALEJANDRO REYES PAZ
Contra D./Dª. TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA
LETRADO ABOGADO DEL ESTADO
PROCURADOR D./Dª.
CODEMANDADA: CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA DA XUNTA DE GALICIA
LETRADO DE LA XUNTA
PONENTE: D. JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la
SENTENCIA
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª
JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE
JUAN SELLES FERREIRO
FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA
MARIA DOLORES RIVERA FRADE
A CORUÑA, veintidós de mayo de dos mil trece.
En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 15751/2011, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por Inés, representada por el procurador D.ALEJANDRO REYES PAZ, dirigido por la letrada D.ª ARANZAZU ALBINA DE MIGUEL FEIJOO, contra TEAR DESESTIMA EL 19 DE JULIO DE 2011, LA RECLAMACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA Nº NUM000 CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR EL SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DELEGACION EN A CORUÑA DE LA CONSELLERIA DE FACENDA DE LA XUNTA DE GALICIA EN RSOLUCION AL RECURSO DE REPOSICION CONTRA EL ACUERDO POR EL QUE SE FIJA LA BASE IMPONIBLE Y SE PARCTICA ACUERDO POR EL QUE SE FIJA LA BASE IMPONIBLE Y SE PRACTICA LIQUIDCION PROVISIONAL POR EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS. Es parte la Administración demandada el TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA, representado por el ABOGADO DEL ESTADO y la codemandada CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA DA XUNTA DE GALICIA representada por el letrado de la XUNTA DE GALICIA.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE.
Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución impugnada en este procedimiento.
Conferido traslado a las partes demandadas, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en las contestaciones de la demanda.
No habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo de 6.583,28 euros.
El presente recurso jurisdiccional lo dirige Dª Inés contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia de fecha 19 de julio de 2011, dictado en la reclamación NUM000, sobre liquidación en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados.
La demandante adquirió una vivienda en la CALLE000, NUM001 de la ciudad de A Coruña, efectuado autoliquidación en la modalidad de transmisiones onerosas, siendo objeto de comprobación de valores sobre una base imponible de 437.100 euros, en función de la tasación a efectos de constitución de préstamo con garantía hipotecaria para su adquisición.
Alega la demandante que tal cifra dista en mucho de la que fue realmente abonada por la transmisión y de la previamente obtenida por consulta a la Xunta de Galicia, argumentando igualmente que la cantidad comprobada no se corresponde con el valor real de la vivienda, por englobar otros conceptos, al margen de ser una valoración que le viene impuesta al contribuyente en función de la intervención de la entidad bancaria.
El medio de comprobación utilizado por la Administración autonómica en cuanto a la vivienda, como se dijo, es el previsto en el artículo 57.1, g) de la Ley General Tributaria (LGT ), referido al " valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria" .
Las Administraciones demandadas interesan la desestimación del recurso, con apoyo en la STS de 7/12/11 .
Concretados los aspectos esenciales del debate, así como el medio de comprobación de la base imponible, debe repararse, ante todo, en que el artículo 57.3 LGT dispone que "las normas de cada tributo regularán la aplicación de los medios de comprobación señalados en el apartado 1 de este artículo".
Consiguientemente, y en lo que hace al presente caso, efectúa una remisión al Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. En concreto, el artículo 10 (Transmisiones Patrimoniales) refiere la base al valor real del bien transmitido, y el artículo 30 (Actos Jurídicos Documentados), en los casos de préstamos con garantía hipotecaria al " importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos análogos" Por lo tanto, es necesario partir de que el medio de comprobación previsto en el apartado 1, g) del artículo 57 LGT no puede referirse a un criterio abstracto y desligado del tributo a que se refiere, cuya normativa debe observarse por imperativo de lo dispuesto en el artículo 57.3.
Al medio de comprobación utilizado, se refiere la STS de 7/12/11, dictada en el recurso de casación en interés de la Ley (recurso 71/2010), en los siguientes términos:
LGT de 1963 (art. 52 ), así como en la primera redacción de la actual ley 58/2003 (art.57 ), el legislador incluyó, a efectos de las actuaciones de comprobación de valores, un catálogo de medios de los que podía servirse la Administración para tal fin, mencionando expresamente en ese listado la tasación pericial contradictoria. Esta situación, sin embargo, cambió como consecuencia de la entrada en vigor de la ley 36/2006, de medidas de prevención del fraude fiscal que, entre otras cuestiones, provocó la modificación del artículo 57 LGT, excluyendo a la tasación pericial contradictoria de entre los aludidos medios de comprobación de valores y pasando a considerarla como un medio de impugnación de una comprobación de valores acordada por la aplicación de los medios enumerados en el apartado 1.
Por otra parte, la nueva redacción dada al precepto por la Ley 36/2006 no solo matiza el medio de comprobación de la letra b), al señalar que la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal, "podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración Tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario", sino que amplia los medios de comprobación en las nuevas letras f) a h) (valores asignados en las pólizas de contratos de seguros, valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas y precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien).
No obstante la enumeración de los medios de comprobación de valores que realiza el apartado 1 del art. 57, hay que tener en cuenta que según el apartado 3 las normas de cada tributo regularán la aplicación de dichos medios de comprobación, por lo que la ley de un tributo puede establecer como medio de comprobación exclusivamente uno o varios de los enumerados en el apartado 1.
La regulación legal fue objeto de desarrollo reglamentario por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de Julio, refiriéndose a la comprobación de valores los artículos 157 y 158 .
En el apartado 1 del artículo 157 señala que la Administración Tributaria no puede comprobar el valor declarado por el obligado tributario en dos casos.
En primer lugar, es el caso del obligado tributario que haya declarado de acuerdo con el valor que le haya sido comunicado al efecto por la propia Administración Tributaria según el artículo 90 de la LGT . Se trata de una consecuencia del citado precepto legal que establecía el carácter vinculante de la información sobre valoración suministrada con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles, aunque sólo durante tres meses desde la fecha de notificación al interesado, lo que no impide la comprobación por la Administración Tributaria de los elementos de hecho y circunstancias manifestados por el propio obligado tributario.
En segundo lugar, tampoco puede comprobarse el valor cuando el obligado tributario haya declarado de acuerdo con los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los medios previstos en el apartado 1 del artículo 57 de la LGT . En este caso la regulación reglamentaria se limita a reiterar lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 134 de la LGT .
Además, conviene precisar que el art. 57 de la ley no establece la preferencia de ningún medio de comprobación sobre los demás, señalando...
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