STSJ Andalucía 2722/2012, 3 de Octubre de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 2722/2012 |
| Fecha | 03 Octubre 2012 |
Recurso nº 3529/11 -CD- Sentencia nº 2722/2012
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO SOCIAL
SEVILLA
Dª ANA MARIA ORELLANA CANO, Presidente
Dª. EVA MARIA GOMEZ SANCHEZ
D. JESUS SÁNCHEZ ANDRADA
En Sevilla, a tres de octubre de dos mil doce.
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA NÚM. 2722/2012
En los recursos de suplicación interpuestos por Dª Aurora Y LA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número SIETE de los de SEVILLA en sus autos nº 231/11; ha sido Ponente la Iltma. Sra. Dª. EVA MARIA GOMEZ SANCHEZ, Magistrada
Según consta en autos, se presentó demanda por Dª Aurora contra LA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, se celebró el juicio y se dictó sentencia el día 26-4-11 por el Juzgado de referencia, que estimó parcialmente la demanda.
En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:
"
-ILa actora, Aurora, ha venido prestando sus servicios por cuenta de la Junta de Andalucía, desde el 4 de mayo de 2.005, con la categoría de licenciada en Derecho y salario de 85,72 euros diarios.
-IILas partes han suscrito los contratos administrativos que se expresan en el hecho segundo de la demanda y que se tienen aquí por reproducidos.
-III- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tras denuncia de la actora de 12 de noviembre de 2.010 y visita al centro de trabajo de 13 de diciembre de 2.010, decidió mediante resolución de 21 de enero de 2.011 dar de oficio de alta a la actora en el Régimen General de la Seguridad Social durante todo el periodo de prestación de servicios por cuenta de la demandada.
-IVLa actora ha prestado sus servicios en el servicio de protección de menores de la Delegación provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, integrada en los equipos de menores, formados por un licenciado en Derecho, un sicólogo y un trabajador social, en particular en el equipo nº 3 de Sevilla Provincia.
Las tareas de la actora consisten en la tramitación (inicio, prueba, audiencia, propuesta de resolución, resolución administrativa y notificación) de los expedientes de protección de menores (desamparo, guarda y acogimiento) incoados por la Administración.
-VLa actora presta sus servicios en las dependencias de la citada Delegación, usando los medios técnicos y materiales (material de oficina e informático) de esta, en iguales condiciones que lo hacen otros licenciados en Derecho de otros equipos de menores, que son funcionarios.
La actora figura en el directorio del listín telefónico de la Delegación, con número de teléfono corporativo.
La actora realiza una jornada de trabajo de 8 a 15 horas, de lunes a viernes, con 22 días de vacaciones que solicita, al igual que para otras ausencias o permisos, al jefe de servicio de la Delegación, quedando incluida en los cuadrantes de vacaciones, durante las cuales se sustituyen entre sí los licenciados en Derecho de los equipos de menores, ya sean funcionarios o no.
-VILa actora recibía instrucciones de trabajo del jefe de servicio y demás personal con funciones de dirección de la Delegación.
-VIIEl 30 de diciembre de 2.010, sobre las 8,30 horas, la jefa de servicio de protección de menores, Encarna
, informó en presencia de diversos trabajadores que la actora volvería a ser contratada como tal. Ese mismo día, sobre las 13,45 horas, la Sra. Encarna informó a los trabajadores que la actora finalizaba su labor y que no sería renovado su contrato.
-VIIILa demandada dio por extinguido el contrato de trabajo de la actora el 31 de diciembre de 2.010.
-IXInterpuesta conciliación el 28 de enero, fue desestimada por resolución de 6 de abril, interponiendo demanda el 1 de marzo anterior.
-XLa retribución de la actora fue reducida en julio de 2.010.
-XIA Margarita, que también venía prestando sus servicios como licenciada en Derecho para la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, en virtud de sucesivos contratos administrativos, hasta el 3 de enero de 2.011, no le fue renovado su contrato.
-XIIEn la Relación de Puestos de Trabajo, durante la prestación de servicios de la actora, se encontraba vacante el puesto de trabajo de licenciado en Derecho del equipo de menores nº 3 de Sevilla Provincia.
El 11 de febrero de 2.011 ha tomado posesión, con carácter definitivo, como titulada superior, en la Delegación Provincial de la Consejería, Adelaida, la cual ha ocupado el puesto de trabajo que venía desempeñando la actora." TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y por la parte actora, que fueron impugnados ambos recursos de de contrario.
No conforme con la sentencia de Instancia que declara improcedente el despido de la actora
31.12.2010, no dando lugar a su nulidad y limitando los salarios de tramitación a 11.2.2011, por entender que hubo cobertura reglamentaria de su plaza, se alzan en Suplicación, tanto la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, como la parte actora, con sus respectivas representaciones Letradas, por los cauces procesales de los apartados a), b) y c) LPL.
Comenzando en primer lugar por el análisis del Recurso de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y como ya se ha pronunciado esta Sala, entre otras, en sus sentencias de 29.2.2012, nº 697/2012 y de 10.5.2012, nº 1494/2012, alegada la excepción de incompetencia de jurisdicción en el recurso, por la vía del ap. a) del art. 191 LPL, al considerar competente para el conocimiento de la reclamación a la jurisdicción contencioso- administrativa, alegando la vulneración de los arts. 1.3 E.T ., y 1.41 y 277.4 de la Ley 30/2007 de 30.10, cuestión que hay que poner en relación con la naturaleza laboral o administrativa de la contratación de la actora y, por tanto, debemos examinar conjuntamente con este motivo de recurso la infracción del art. 15 del Estatuto de los Trabajadores que se denuncia al amparo del apartado c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral en el tercer motivo de recurso, pretendiendo por el cauce procesal del 191.b) añadir al Hecho Probado 2º, lo siguiente: "En la memoria justificativa de los contratos se establece como causa de suscripción del contrato que dado que, transitoriamente, el número de plazas vacantes existentes en el Servicio de Protección de Menores es muy superior al máximo con el que racionalmente podrían realizarse las funciones apuntadas en el párrafo anterior, a medio del presente se informa sobre la insuficiencia para poder llevar a cabo con los medios materiales y personales actualmente existentes en esta Delegación Provincial, las necesidades que se tratan de satisfacer con esta contratación, ya que son trabajos de carácter especializado y singular, por lo que se hace necesario la contratación de personal técnico cualificado que realice el servicio objeto del contrato (folios 54 y 58)", lo que no procede, pues es irrelevante, y se refiere sólo a los dos primeros contratos, no cumpliendo los requisitos de este apartado.
La Sala -como ya dijimos en la STSJA Sevilla nº 2754/11 de 18 de octubre- no puede apreciar las infracciones jurídicas denunciadas, al haberse pronunciado el Tribunal Supremo sobre la cuestión competencial y la naturaleza de la relación que vincula a las partes, en un caso similar de impugnación de despido en el que figuraba como demandada la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en su STS de 22 enero 2008 (RJ 2008\2774) en la que declara que: "Para el estudio de esta importante cuestión hay que partir del principio establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública en la que se dispuso de forma paladina que "a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley no podrán celebrarse por las Administraciones Públicas contratos de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo", a lo que añadió que "los contratos a celebrar excepcionalmente por las Administraciones públicas con personal para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales se someterán a la Ley de contratos del Estado", con lo que se pretendió eliminar la posibilidad antes permitida por el artículo 6 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 de que la Administración pudiera contratar trabajadores a su servicio por la vía de la contratación administrativa, habiendo sido desarrollada esta Ley en el aspecto concreto de la realización de trabajos específicos por el Real Decreto 1465/1985, de 17 de julio.
No obstante aquella prohibición general, se planteó siempre el problema acerca de si las distintas Administraciones Públicas podían contratar personal a su servicio por la vía de la contratación administrativa al amparo de la excepción prevista en aquella Ley para la Reforma de la Función Pública, y posteriormente en Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en su versión original del año 1995 -Ley 13/1995, de 18 de mayo- en cuanto que ésta preveía como posible la contratación por parte de las Administraciones Públicas de los trabajos "de consultoría y asistencia, los de servicios y los trabajos específicos y concretos no habituales que celebre la Administración" conforme al detalle establecido en los artículos 197 y siguientes de aquella disposición legal.
-
- El problema se planteó tradicionalmente en la distinción entre lo que pudiera entenderse por "trabajos específicos y concretos no habituales"...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba