STSJ Comunidad Valenciana , 7 de Diciembre de 2001
| Ponente | JOSE MARTINEZ-ARENAS SANTOS |
| ECLI | ES:TSJCV:2001:10305 |
| Número de Recurso | 2507/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 7 de Diciembre de 2001 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
RECURSO Núm. 2.507/98 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SENTENCIA Núm. 1329/01 Presidente D. Mariano Ferrando Marzal Magistrados D. José Martínez Arenas Santos D. Francisco Hervás Vercher - En Valencia a siete de diciembre de dos mil uno. Visto el recurso interpuesto por D. Bruno , representado por la Procuradora Sra. Sánchez Moya y defendido por el Letrado Sr. Arin Arnau, contra la Resolución del Ministerio del Interior de 30 de abril de 1.998, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Resolución del Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana de 11 de diciembre de 1.997, que impuso sanción por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente el Magistrado D. José Martínez Arenas Santos.
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que suplicó se dictara Sentencia anulando los actos impugnados.
El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitó se desestimara la misma por ser los actos impugnados dictados conforme a derecho.
No se recibió el proceso a prueba y se emplazó a los litigantes para que evacuaran el trámite previsto en el art. 78 de la Ley Reguladora, cumplido el cual quedaron los autos pendientes de votación y fallo.
Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 5 de diciembre de 2.001, teniendo lugar la misma el citado día.
En la substanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
El objeto del recurso lo constituye el examen de la legalidad de la resolución impugnada en virtud de la cual el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana impuso al actor la sanción de 10.000 ptas. como autor de una falta del art. 26 h) de la LO. 1/92, consistente en la negativa reiterada a identificarse ante la Guardia Civil.
La parte recurrente alega en defensa de su pretensión que se vulneró el principio de tipicidad, el de presunción de inocencia, el de derecho de defensa y el de proporcionalidad.
El Abogado del Estado opone a ello la conformidad a derecho de los actos recurridos por los propios fundamentos de los mismos.
El argumento de los hechos de la demanda acerca de si los hechos ocurrieron en término de San Mateo o de Peñíscola carece de trascendencia, dado que se han...
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