STSJ Aragón , 26 de Diciembre de 2002
| Ponente | JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE |
| ECLI | ES:TSJAR:2002:3587 |
| Número de Recurso | 941/2002 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 26 de Diciembre de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Social |
11 11 Rollo núm. 941/2002 Sentencia núm. 1496/2002 MAGISTRADOS ILMOS. Sres:
D. JUAN PIQUERAS GAYÓ
D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE En Zaragoza, a veintiséis de diciembre de dos mil dos. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta SENTENCIA En el recurso de suplicación núm. 941 de 2.002 (Autos núm. 278/2.002), interpuesto por la parte demandada Instituto Nacional de la Salud, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Zaragoza, de fecha 14 de junio de 2.002; siendo demandante Dª Edurne y codemandado el Servicio Aragonés de la Salud, sobre reclamación de cantidad -cuotas colegiales-. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE.
Según consta en autos, se presentó demanda por Dª Edurne , contra Instituto Nacional de la Salud y el Servicio Aragonés de la Salud, sobre reclamación de cantidad -cuotas colegiales-, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Zaragoza, de fecha 14 de junio de 2.002, siendo el fallo del tenor literal siguiente:
"Que estimando la excepción de falta de legitimación pasiva aducida por el Servicio Aragonés de Salud y desestimando la opuesta por la demandada INSALUD, debo estimar y estimo en parte la demanda interpuesta por Dña. Edurne , absolviendo al S.A.S demandado de los pedimentos en su contra y condenando al INSALUD a pagar a la actora la cantidad de 781,80 euros".
En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:
"1.- La actora Dña. Edurne ha prestado sus servicios como ATS/DUE para el organismo INSALUD como personal sanitario facultativo de carácter fijo y en modalidad de prestación exclusiva de servicios desde fecha 20.10.75
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- La actora se halla colegiado desde el inicio de la prestación en el Colegio Oficial de Médicos y ha satisfecho las cuotas y cantidades que en la presente demanda se reclaman a lo largo de los cinco últimos años, y que lo son de 114,24 euros en 1997, 148,57 euros en 1998, 158,67 euros en 1999, 162,27 euros en el 2000 y 169,04 euros en el 2001 conforme al art. 2.4 del RD. 3/87 de 11 de septiembre.
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- E1 desempeño de la profesión de la actora hace necesaria y obligatoria la colegiación para el ejercicio de sus funciones según la normativa reguladora vigente en los últimos cinco años (art.3.2 ley 2/74).
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- Por resolución del INSALUD de fecha 22.6.98 dicho organismo acordó satisfacer a los inspectores médicos a su servicio con dedicación exclusiva los gastos de incorporación y cuotas colegiales que hubieran de satisfacer para su ejercicio al servicio del organismo público, decisión que tenía precedente en el reconocimiento a otros colectivos en idem situación del mismo derecho por la decisión de 11.6.90.
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- Por RD 1475/01 de 27 de septiembre la Comunidad autónoma de Aragón asumió las competencias, funciones y medios hasta entonces estatales con efecto 1.1.02 en virtud de descentralización administrativa.
Por resolución de fecha 25.3.02 el S.A.S. competente acordó suprimir con efectos 1.1.02 en su ámbito competencial las decisiones estatales de fecha 11.6.90 y 22.6.98 6.- Se interpuesto reclamación administrativa previa, agotándose dicha vía previa al recurso jurisdiccional.
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-La reclamación planteada es notorio afecta a una generalidad de trabajadores".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada Instituto Nacional de la Salud, siendo impugnado dicho escrito por la parte codemandada Servicio Aragonés de la Salud, no haciéndolo el resto de las partes.
La sentencia de instancia condena al INSALUD a pagar a la parte actora el importe de las cuotas de colegiación reclamado por la misma. Contra la mentada resolución recurre en suplicación el Letrado de la Administración Pública de la Seguridad Social con un primer motivo, interpuesto al amparo del apartado c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, en el que denuncia la infracción del art. 2 en relación con los apartados G), J) y K) del Real Decreto 1475/2001, de 27-12; la violación de la doctrina sentada en las sentencias del TS/IV de 26-6 y 24-7- 2001; y la infracción del art. 20.1 de la Ley 12/1983 en relación con el art. 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitando que se condene al Servicio Aragonés de Salud a abonar las cantidades reclamadas, dejando sin efecto la condena al INSALUD.
No se cuestiona el derecho de la parte demandante a percibir lo reclamado, por lo que el debate litigioso se ciñe a la determinación de cual de estas dos Administraciones públicas tiene que pagar estas cantidades.
La cuestión relativa a si es la Administración del Estado o la Comunidad Autónoma la que tiene que responder de las reclamaciones producidas en el marco de un proceso de transferencias de la primera a la segunda ha sido abordada por una pluralidad de sentencias del Tribunal Supremo (TS), quien ha resuelto estas controversias, como regla general, en función de lo dispuesto en el Real Decreto de transferencias.
Así, las sentencias del TS/III de 30-4-1992, 20-5-1992, 3-10-1994 y 8-11-1994 declararon la responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña respecto de reclamaciones derivadas de certificaciones de obras iniciadas por el INSALUD antes de la transferencia, que se continuaron realizando con posterioridad a la misma. Al respecto, el Alto Tribunal se limitó a interpretar el apartado G) del anexo del Real Decreto 1517/1981, de 8-7, de traspaso de estos servicios a la Generalidad de Cataluña, que establecía que "las obligaciones vencidas con anterioridad a la efectividad del traspaso serán asumidas por el INSALUD o INSERSO, según proceda". Como quiera que las citadas obligaciones no estaban vencidas a la fecha del traspaso, condenó a su abono a la Comunidad Autónoma.
La sentencia del TS/III de 10-2-2001, relativa a un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración, con cita de las de 4-12-1993, 27-11-1995 y 6-5-1997, interpretando el art. 2 del Real Decreto 1679/1990, de 28-12, de traspaso de funciones y servicios del INSALUD a la Comunidad Autónoma de Galicia, que preveía el traspaso de los "bienes, derechos y obligaciones", argumentó que "al haberse transferido a la Comunidad Autónoma los bienes, derechos y obligaciones del Instituto Nacional de la Salud, en uno de cuyos Centros hospitalarios ocurrió el hecho del que se pretende derivar laresponsabilidad patrimonial de la Administración, las obligaciones nacidas de la asistencia prestada en ese Centro hospitalario, entrelas que lógicamente está el hacer frente a la responsabilidad patrimonial emanada de dicha asistencia sanitaria, deben ser asumidas por la Administración a la que fue traspasado el servicio".
Por su parte el TS/II, en sentencia de 11-10-1990, ha sostenido que en virtud del principio de subrogación en derechos y obligaciones de la Administración transferida respecto de la cedente, la entidad obligada al pago de la indemnización derivada de una responsabilidad patrimonial es la que gestione el servicio sanitario en la fecha de la sentencia. Este criterio se reiteró en la sentencia del TS/II de 9-12-1993.
Respecto de la Sala de lo Social del TS, la sentencia de 6-5-2002 condenó a la Comunidad Autónoma de Castilla y León al abono de las diferencias salariales reclamadas por un profesor de un centro concertado, correspondientes a un periodo anterior al traspaso de servicios y funciones a la citada Comunidad Autónoma, invocando su propia doctrina relativa a que "el traspaso, al afectar al conjunto de "bienes, derechos y obligaciones", en relación con las funciones objeto de transferencia, supone una sucesión patrimonial que afecta no sólo a la parte activa del patrimonio -bienes y derechos-, sino a la pasiva -obligaciones-, con independencia de su fecha y constitución. Esto es lo que sucede también en el presente caso, pues el artículo 2 del Real Decreto 1340/1999 establece que "quedan traspasados a la Comunidad de Castilla y León, las funciones y servicios, así como los bienes, derechos, obligaciones, personal y créditos presupuestarios correspondientes, en los términos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones anexas", y entre las funciones traspasadas se encuentran, según el apartado B).f) del Anexo, las relativas a los centros privados. En relación con estas funciones se trasmiten también los medios necesarios para...
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