STSJ Galicia , 28 de Marzo de 2003
| Ponente | FRANCISCO JAVIER D'AMORIN VIEITEZ |
| ECLI | ES:TSJGAL:2003:1765 |
| Número de Recurso | 8402/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 28 de Marzo de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
RECURSO NÚMERO: 8402/1998 RECURRENTE: Jesús Carlos , Gema Y María Teresa ADMON. DEMANDADA: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA CODEMANDADO/COADYUVANTE: CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER AMORIN VIEITEZ EN NOMBRE DEL REY La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la SENTENCIA NÚMERO 423/2003 Ilmos. Señores:
D. Jose Antonio Vesteiro Perez D. FRANCISCO JAVIER AMORIN VIEITEZ D. Juan Bautista Quintas Rodriguez A Coruña, Veintiocho de Marzo de dos mil tres.
En el proceso contencioso-administrativo que, con el número 8402/1998, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por Jesús Carlos , Gema y María Teresa , representados y dirigidos por el Letrado D. JULIO MANUEL LOIS BOEDO, contra acuerdo de 22-9-98 desestimatorio de Rec. 27/324/96 contra otro de la Delegación en Lugo de la Consellería de Economía e Facenda sobre Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados Es parte la administración demandada TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA, representada por ABOGADO DEL ESTADO.
Así mismo comparece como codemandado/coadyuvante CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA, representado y dirigido por LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA. La cuantía del asunto es indeterminada.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don FRANCISCO JAVIER AMORIN VIEITEZ
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Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora para que se dedujera la demanda lo realizó por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.
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Conferido traslado a la parte demandada, solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en su escrito de contestación.
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En iguales términos se manifestó la representación procesal de la parte coadyuvante.
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Habiéndose recibido el asunto a prueba, y seguido el trámite de conclusiones, se señaló para votación y fallo el día 18 de Marzo de 2003, fecha en que tuvo lugar.
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En la substanciación del recurso se han observado las prescripciones legales.
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Son antecedentes necesarios a tener en cuenta para la resolución del presente recurso:
- por documento privado de 26 de junio de 1986 los demandantes adquirieron por compraventa la finca denominada " DIRECCION000 ", por el precio de 1.500.000 ptas.
- en fecha 4 de diciembre de 1991 elevaron a escritura pública el referido contrato de compraventa.
- el Servicio de Gestión Tributaria de la Delegación en Lugo de la Consellería de Economía e Facenda, procedió a la comprobación de valores, dictándose resolución del Jefe del citado Servicio, de fecha 1 de setiembre de 1992, por la que se le asigna a la finca el valor de 15.240.000 ptas.
- contra la anterior resolución se formuló reclamación económico-administrativa n° 27/884/92, que fue desestimada por acuerdo del TEAR de Galicia, y contra la que se interpuso el recurso contencioso-administrativo n° 7277/94, recayendo sentencia estimatoria de esta Sala (22 de junio de 1995), al apreciar la falta de motivación del acto de comprobación de valores.
- en fecha 26 de marzo de 1996, el citado Servicio procede de nuevo a la comprobación del valor, asignándosele el mismo valor de 15.240.000 ptas, acto que es objeto de nueva reclamación económico-administrativa n° 27/324/96, que fue desestimada por acuerdo del TEAR de Galicia, de fecha 22 de abril de 1988 frente al cual se interpuso el presente recurso contencioso-administrativo.
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Pues bien, a través del primero de los motivos de impugnación, aducen los demandantes la no procedencia de que la Administración reitere una resolución ya anulada por sentencia firme, y que en todo caso, el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria estaba prescrita, al haber transcurridos más de cuatro años...
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