STSJ Comunidad de Madrid , 23 de Abril de 2002
| Ponente | JUAN FRANCISCO LOPEZ DE HONTANAR SANCHEZ |
| ECLI | ES:TSJM:2002:5286 |
| Número de Recurso | 358/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 23 de Abril de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
RECURSO N° 358/2.000 SENTENCIA N° 432 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA Ilustrísimos Señores:
Presidente:
Don José Félix Méndez Canseco Magistrados:
Doña Francisca Rosas Carrión Doña Elvira Adoración Rodríguez Martí
Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez Don Enrique Calderón de la Iglesia En la Villa de Madrid a veintitrés de Abril del año dos mil dos. Vistos por la Sala, constituida por los. señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los autos del recurso contencioso-administrativo número 358 de 2.000 interpuesto por Don Diego representado por la Procuradora Doña María Gema Fernández Saavedra y asistido por el Letrado Don José
Félix García Martín, contra el Decreto de 15 de Noviembre de 1.999 del Cuarto Teniente de Alcalde, responsable de la Rama de Policía Municipal, Circulación, Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid por el que se declaraba la situación de incompatibilidad del recurrente al no explotar la licencia de autotaxi en régimen de exclusiva dedicación concediéndosele el plazo de 3 meses para que transmitiera la licencia de la que es titular, o acreditara haber cesado en la actividad que origina la incompatibilidad, todo ello de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 763/1.979 de 16 de Marzo, por el que se aprobó el Reglamento nacional de Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóviles Ligeros. Ha sido parte el Ayuntamiento de Madrid representado por el Procurador Don Felipe de Juanas Blanco.
Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó demanda el día 24 de Octubre de 2.001, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando Sentencia por la que estimando íntegramente el recurso declarara contraria a Derecho y en consecuencia nula de pleno derecho la resolución administrativa impugnada y declarara el Derecho del recurrente a que se le conceda con carácter definitivo y sin ningún tipo de limitación la tarjeta de Identificación de Conductor de Autotaxi, condenando al Ayuntamiento a estar y pasar por tal declaración.
Que asimismo se confirió traslado al Procurador Don Felipe de Juanas Blanco para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 12 de Enero de 2002, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.
Por auto de 3 de Abril de 2.002 se acordó no haber lugar a recibir el recurso a prueba y de conformidad con el artículo 62.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 10 de Julio de 2.001 a las 10,00 horas de su mañana en que tuvo lugar.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.
Por la Procuradora Doña María Gema Fernández Saavedra en nombre y representación de Don Diego se interpone recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de 15 de Noviembre de 1.999 del Cuarto Teniente de Alcalde, responsable de la Rama de Policía Municipal, Circulación, Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid por el que se declaraba la situación de incompatibilidad del recurrente al no explotar la licencia de autotaxi en régimen de exclusiva dedicación concediéndosele el plazo de 3 meses para que transmitiera la licencia de la que es titular, o acreditara haber cesado en la actividad que origina la incompatibilidad, todo ello de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 763/1.979 de 16 de Marzo, por el que se aprobó el Reglamento nacional de Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóviles Ligeros SEGUNDO.- Entrando a analizar la cuestión de fondo, ha de señalarse que el recurrente en apoyo de su pretensión impugnatoria, alega la falta de tramitación del correspondiente procedimiento sancionador; la inconstitucionalidad del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte de Automóviles ligeros aprobado por RD. 763/79 de 16 de marzo; y finalmente, la infracción de los derechos constitucionales de igualdad y libertad de empresa y derecho al trabajo.
Ha de rechazarse la alegación de hallarnos ante un procedimiento sancionador, ya que la actuación administrativa no impone sanción alguna al recurrente, sino que tan sólo le requiere para que ejercite su libertad de elección en orden a cumplir con el régimen de exclusiva dedicación que la titularidad de la licencia de autotaxi le impone por estar legalmente establecida, tampoco nos hallamos ante la revocación de una licencia de autotaxi y por tanto, ante la revisión de un acto administrativo propio declarativo de derechos para el titular, no siendo por tanto exigibles los requisitos formales que para los diversos supuestos de revisión de oficio, se establecen en los artículos 102 a 106 de la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El supuesto que nos ocupa, ni siquiera constituye el previsto en el art. 48.f) del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes de Automóviles ligeros, que prevé la revocación de licencias y la retirada de las mismas a sus titulares, cuando se incumplan las obligaciones inherentes a las mismas, ya que nos hallamos ante la mera constatación de una situación de incompatibilidad en la titularidad de la licencia, con el ejercicio comprobado de otra actividad profesional, en detrimento del régimen de plena y exclusiva dedicación, y un correlativo requerimiento para que cese la citada situación de incompatibilidad, pudiendo elegir libremente el interesado entre la transmisión de la licencia, o el cese en la distinta profesión, lo cual constituye, la menos gravosa de las consecuencias previstas en el art. 17 del citado Reglamento. Al haberse otorgado un plazo razonable al recurrente para que optara entre las dos alternativas incluidas en el requerimiento, se ha respetado por parte de la resolución administrativa, el derecho de audiencia, así como el de defensa por tratarse de una resolución suficientemente motivada y explícita ya que expresa no sólo los presupuestos de hecho en que se basa, sino además las normas jurídicas aplicables a las mismas y en las cuales, se fundamenta la decisión del órgano administrativo; sin que a ello constituya obstáculo alguno que el acto recurrido estuviera dirigido a una o a varias personas, pues al ser idéntica la norma aplicable, resulta perfectamente individualizable respecto de cada uno de sus destinatarios.
Por lo que se refiere a la inconstitucionalidad del Reglamento Nacional de los...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
ATS, 17 de Junio de 2004
...de 2002, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 358/00, sobre declaración de incompatibilidad de titular de licencia de Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y LópezMagistrado de la ......