STSJ Comunidad Valenciana , 1 de Septiembre de 2004
| Ponente | EDILBERTO JOSE NARBON LAINEZ |
| ECLI | ES:TSJCV:2004:4467 |
| Número de Recurso | 873/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 1 de Septiembre de 2004 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.C.V. Sala Contencioso Administrativo Sección Tercera Asunto nº "873/2001"
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA En la Ciudad de Valencia, uno de septiembre de dos mil cuatro.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos.Srs. D. EDILBERTO JOSE NARBÓN LAINEZ, Presidente, Dña. DESAMPARADOS IRUELA Y D. MANUEL DOMINGO ZABALLOS, Magistrados, han pronunciado la siguiente:
SENTENCIA NUM: 1390 En el recurso contencioso administrativo num.873/2001,interpuesto por D. Hugo representada por el Procurador D./ña LUISA ROMUALDO CAPPUS y dirigida por el Letrado D./ña. MANUEL ISERTE SORIANO contra "Resolución del Ayuntamiento de Valencia de 4.5.2001 en exp. 04001/1999/912 desestimando reclamación de responsabilidad patrimonial por importe 19.520,01 Euros consecuencia de caida a las 19'15 horas del 13.02.1999 a la altura del nº 20 de la Plaza de Honduras de Valencia al introducir el pié en una arqueta o trampilla que se encontraba abierta.
Habiendo sido parte en autos como Administración demandada AYUNTAMIENTO DE VALENCIA representada y defendida por sus SERVICIOS JURÍDICOS Y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS , representada por el Procurador D. JESUS QUEREDA PALOP Y defendida por el Letrado Dña. INMACULADA BONO TOMAS y Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. EDILBERTO JOSE NARBÓN LAINEZ.
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.
La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmase la resolución recurrida.
Habiéndose recibido a prueba el presente proceso, se practicó la propuesta y admitida por el Tribunal con el resultado que consta en las actuaciones, verificado, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y, concluido, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
Se señaló la votación para el día Siete de Julio de dos mil cuatro.
En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.
En el presente proceso la parte demandante D. Hugo interpone recurso contra Resolución del Ayuntamiento de Valencia de 4.5.2001 en exp. 04001/1999/912 desestimando reclamación de responsabilidad patrimonial por importe 19.520,01 Euros consecuencia de caida a las 19'15 horas del 13.02.1999 a la altura del nº 20 de la Plaza de Honduras de Valencia al introducir el pié en una arqueta o trampilla que se encontraba abierta.
Centrada así la cuestión litigiosa, ha de señalarse que la misma se encuentra regulada por el artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1.992, de 26 de noviembre), preceptos legales que explicitan el principio general de resarcimiento por las Administraciones Públicas de los daños y perjuicios causados por el funcionamiento de los servicios públicos, sancionado constitucionalmente en España en el artículo 106.2 de la Constitución ("Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos"); estas normas son aplicables a las Entidades Locales en mérito a la previsión normativa del artículo 54 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1.985, de 2 de abril), el cual remite a la legislación general sobre responsabilidad administrativa, al igual que el artículo 223 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales (Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre).
El régimen legal citado ha sido profusamente aplicado -y, consecuentemente, desarrollado e interpretado- por la Jurisprudencia (tanto aplicando el actual y citado artículo 139 de la Ley 30/1.992 , como su predecesor, el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado), formando un cuerpo de doctrina, dentro del que cabe afirmar que, para la declaración de la responsabilidad patrimonial de la Administración hace falta la concurrencia de dos requisitos sustanciales positivos, uno negativo y otro procedimental:
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El primero de los positivos es el que exista un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con respecto a una persona o grupo de personas, que el interesado no tenga el deber jurídico de soportar. Este requisito se incardina dentro de los elementos que han de ser objeto de la prueba, si bien alguno de sus aspectos se produce o manifiesta dentro del ámbito de la argumentación de las partes (simplificado por la existencia de un catálogo de soluciones jurisprudenciales que cabe invocar -y apreciar- sin mayor disquisición), como puede ser la extensión y naturaleza de los daños resarcibles, las personas legitimadas y los supuesto en los que existe obligación jurídica de soportar el daño.
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El segundo requisito positivo es el de que el daño sea imputable a una Administración Pública.
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