STSJ Comunidad Valenciana , 4 de Mayo de 2005

Ponente:LUIS MANGLANO SADA
Número de Recurso:726/2003
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución: 4 de Mayo de 2005
Emisor:Sala de lo Contencioso
RESUMEN

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DAÑOS. Llama la atención con carácter previo lo que parece ser una duplicidad de garantías de un mismo riesgo, careciendo de sentido que se exijan garantías que persigan un mismo objeto y cubran las mismas contingencias: posibles daños a personas y bienes por la actividad desarrollada por las operadoras. Sin embargo, esta sala considera que tales exigencias no están... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Rº 691/03 SENTENCIA Nº 833/05 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PLENO Iltmos. Srs.:

Presidente:

  1. JOSÉ DÍAZ DELGADO.

    Magistrados:

  2. JOSÉ BELLMONT MORA.

  3. MARIANO FERRANDO MARZAL.

  4. JOSÉ MARTÍNEZ ARENAS SANTOS.

  5. JUAN L. LORENTE ALMIÑANA.

  6. MIGUEL SOLER MARGARIT.

  7. FRANCISCO HERVÁS VERCHER.

  8. MIGUEL A. OLARTE MADERO.

  9. LUIS MANGLANO SADA.

  10. AGUSTÍN GÓMEZ MORENO MORA.

  11. RAFAEL S. MANZANA LAGUARDA.

  12. CARLOS ALTARRIBA CANO.

    Dª.ROSARIO VIDAL MAS. D. FERNANDO NIETO MARTÍN.

  13. JUAN CLIMENT BARBERÁ.

    Dª.DESAMPARADOS IRUELA JIMÉNEZ.

  14. MANUEL J. BAEZA DÍAZ PORTALÉS.

  15. MANUEL DOMINGO ZABALLOS.

    En la Ciudad de Valencia, a 4 de mayo de dos mil cinco.

    VISTO por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso-administrativo nº 691/03 y su acumulado nº 726/03, interpuestos por la Procuradora Dª. Almudena Llovet Osuna, en nombre y representación de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., y por la procuradora Dª. Pilar Ibáñez Martí, en nombre y representación de RETEVISIÓN MÓVIL S.A., contra el Ayuntamiento de Albal, habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por el Letrado D. Fernando Salom Herrero.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a las partes recurrentes para que formalizaran las demandas, lo que verificaron mediante sendos escritos en que solicitaron se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.

SEGUNDO

La representación de la parte demandada contestó a las demandas, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmara la resolución recurrida.

TERCERO

Habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO

Se señaló la votación y fallo del Pleno de esta Sala para el día 3 de mayo de dos mil cinco, teniendo así lugar, anunciando voto particular Los Ilmos. Sres. D. JOSÉ MARTÍNEZ ARENAS SANTOS, D. FRANCISCO HERVÁS VERCHER, D. RAFAEL S. MANZANA LAGUARDA y D. FERNANDO NIETO MARTÍN.

QUINTO

En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS: Los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. LUIS MANGLANO SADA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto por las mercantiles TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. y RETEVISIÓN MÓVIL S.A. contra la Ordenanza Municipal reguladora para la instalación y funcionamiento de instalaciones de radiocomunicación de telefonía móvil en el término municipal de Albal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Albal de 28 de noviembre de 2002 y publicada en el BOP nº 61, de 13 de marzo de 2003.

SEGUNDO

Las demandas formuladas por las sociedades actoras pretenden la declaración de nulidad de la Ordenanza cuestionada y, en particular, de los arts. 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6.3, 6.4, 7 y Disposición Transitoria por ser contrarios a la Constitución Española, ley 11/98, de 24 de abril , General de Telecomunicaciones, o reglamentos (RD 1066/01, de 28 de septiembre) de rango superior, por existir una manifiesta extralimitación competencial, por incurrir en arbitrariedad y falta de motivación.

La Corporación demandada argumenta la sujeción a Derecho de la Ordenanza impugnada por haberse dictado al amparo de las competencias municipales previstas en el ordenamiento jurídico (Constitución Española, Ley 7/1985, de 2 de abril , Ley valenciana 6/1994, de 15 de noviembre , Ley valenciana 3/1989, de 2 de mayo , y Ley 11/1999, de 21 de abril), en materias que le son propias (ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística y protección medioambiental y de la salubridad pública), invocando la jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo, lo que permite alegar la procedencia de la desestimación de la demanda.

TERCERO

El punto de partida del presente litigio debe ser el delimitador de las competencias concurrentes en el complejo campo de la telefonía móvil, de manera que las disposiciones que lo regulen deberán ser dictadas en el respectivo ámbito competencial para no incurrir en nulidad de pleno derecho.

En tal sentido, y en lo que afecta al ámbito de las competencias de los Ayuntamientos sobre la instalación de antenas de telefonía móvil, conviene destacar la doctrina delimitadora realizada por el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 15 de diciembre de 2003 , que afirma en el apartado a) del fundamento jurídico tercero:

"Como tuvimos ocasión de señalar en STS 24 de enero de 2000 , el artículo 149.1.21 CE delimita las competencias estatales en materia de telecomunicaciones respecto de las Comunidades Autónomas, mientras que las competencias municipales derivan de la Ley, sin perjuicio de que la autonomía local represente una garantía institucional reconocida por la CE para la "gestión de los intereses locales" (arts.

137 y 140 CE). Y añadíamos, en STS de 18 de junio de 2001 , que la existencia de un reconocimiento de la competencia en una materia como exclusiva de la Administración del Estado no comporta, por sí misma, la imposibilidad de que en la materia puedan existir competencias cuya titularidad corresponda a los entes locales.

El sistema de fijación o de determinación de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas que se verifica en el Título VIII de la Constitución tiene como finalidad el establecer los principios con arreglo a los cuales deben distribuirse las competencias básicas, normativas y de ejecución entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como entes territoriales investidos de autonomía legislativa. Sin embargo, no impide que la ley, dictada con arreglo al esquema competencial citado, reconozca competencias a los entes locales ni anule la exigencia constitucional de reconocer a cada ente local aquellas competencias que deban considerarse necesarias para la protección de sus intereses en forma tal que permita el carácter recognoscible de la institución.

La autonomía municipal es, en efecto, una garantía institucional reconocida por la Constitución para la «gestión de sus intereses» (artículos 137 y 140 de la Constitución) y hoy asumida en sus compromisos internacionales por el Reino de España (artículo 3.1 de la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985 , ratificada por Instrumento de 20 de enero de 1988).

Los Ayuntamientos pueden establecer las condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio público que requiera el establecimiento o la ampliación de las instalaciones del concesionario u operador de servicios de telecomunicaciones, en su término municipal, utilizando el vuelo o el subsuelo de sus calles. Ello no es obstáculo al derecho que lleva aparejada la explotación de servicios portadores o finales de telecomunicación (la titularidad que corresponde a los operadores) de ocupación del dominio público, en la medida en que lo requiera la infraestructura del servicio público de que se trata (artículos 17 LOT/87 y 43 y siguientes LGT/98).

Este principio es plenamente aplicable a las instalaciones por parte de los operadores (sujetos a la sazón al régimen de concesión) que puedan afectar en cualquier modo a los intereses que la Corporación municipal está obligada a salvaguardar en el orden urbanístico, incluyendo la estética y seguridad de las edificaciones y sus repercusiones medioambientales, derivadas de los riesgos de deterioro del medio ambiente urbano que las mismas puedan originar. Las expresadas instalaciones por parte de las empresas de servicios aconsejan una regulación municipal para evitar la saturación, el desorden y el menoscabo del patrimonio histórico y del medio ambiente urbano que puede producirse, por lo que no es posible negar a los Ayuntamientos competencia para establecer la regulación pertinente. La necesidad de dicha regulación es más evidente, incluso, si se considera el efecto multiplicador que en la incidencia ciudadana puede tener la liberalización en la provisión de redes prevista en la normativa comunitaria (Directiva 96/19/CE, de la Comisión de 13 de marzo , y Ley 11/1998, de 24 de abril , General de Telecomunicaciones) y en la nueva regulación estatal. Esta normativa reconoce la existencia de una relación directa entre las limitaciones medioambientales y de ordenación urbana, a las que, sin duda, puede y debe atender la regulación municipal, y las expresadas instalaciones.

El artículo 17 LOT/87 establecía una importante conexión entre el derecho del operador a establecer la red e infraestructura necesarias para la prestación de los servicios, en el ámbito de las condiciones que establece el artículo 28 de la misma, y los instrumentos de planeamiento urbanístico. En su apartado segundo establecía que «En tal sentido, los diferentes instrumentos de ordenación urbanística del territorio deberán tener en cuenta la instalación de servicios de telecomunicación, a cuyo efecto el Órgano encargado de su redacción recabará de la Administración la oportuna información». El artículo 18 reconocía el carácter vinculante de estos instrumentos en relación con la obligación de la canalización subterránea y establecía la proporción en que los operadores deben sufragar los costes de construcción de la infraestructura en proporción a su interés urbanístico. De este criterio se ha hecho eco la Jurisprudencia de esta Sala (sentencias del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1982, 7 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA