STSJ Comunidad Valenciana 826/2014, 16 de Diciembre de 2014
| Ponente | RICARDO FERNANDEZ CARBALLO-CALERO |
| ECLI | ES:TSJCV:2014:10462 |
| Número de Recurso | 401/2012 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - APELACION |
| Número de Resolución | 826/2014 |
| Fecha de Resolución | 16 de Diciembre de 2014 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
RECURSO DE APELACION - 000401/2012
N.I.G.: 46250-33-3-2012-0005923
SENTENCIA Nº 826/14
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN 2
Iltmos. Sres:
Presidenta
D/Dª ALICIA MILLAN HERRANDIS
Magistrados
D/Dª RAFAEL MANZANA LAGUARDA
D/Dª RICARDO FERNÁNDEZ CARBALLO CALERO
D/Dª MIGUEL SOLER MARGARIT
En VALENCIA a dieciséis de diciembre de dos mil catorce.
VISTO por este Tribunal, el recurso de apelación, tramitado con el número 401/2012 interpuesto por Bárbara, Celestina, Elsa, Flora, Héctor, Iván, Lidia, Melisa, Petra, Mariano, Sofía, María Cristina, Amelia, Ricardo y Teofilo a través del Letrado Javier Sánchez Barderay y Belinda a través de la Procuradora Alicia Ramírez Gómez contra la Sentencia nº. 174/2012, de 26 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 4 de Alicante recaída en el seno del recurso contencioso-administrativo número 651/2010 B.
Personados en esta instancia el AYUNTAMIENTO DE ALTEA a través de la Procuradora de los Tribunales Constanza Aliño Díaz-Teran, Paloma a través del Procurador de los Tribunales Juan Francisco Fernández Reina.
Resulta objeto de la presente apelación la Sentencia nº. 174/2012, de 26 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 4 de Alicante recaída en el seno del recurso contenciosoadministrativo número 651/2010 B, la cual falló ""Que debo ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por Paloma frente a los Acuerdos del Ayuntamiento de Altea de fechas: a) 30/4/2010, corregido por Acuerdo del Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Altea de 19/5/2010; b) 11/6/2010, c)9/7/2010; d) 14/7/2010;
e) 16/7/2010; f) 10/9/2010 y Decretos de la Alcaldía de fechas 2/12/2010 y 9/12/2010, todos ellos en relación al proceso selectivo convocado para cubrir 21 plazas de Auxiliar de Administración General vacantes en la plantilla del Ayuntamiento, decretando LA NULIDAD DE LOS MISMOS, por no ser conformes a derecho y todo ello sin imponer las costas procesales causadas ".
Frente a la precedente resolución jurisdiccional interpusieron recurso de apelación Bárbara, Celestina, Elsa, Flora, Héctor, Iván, Lidia, Melisa, Petra, Mariano, Sofía, María Cristina, Amelia, Ricardo y Teofilo a través del Letrado Javier Sánchez Barderay y Belinda los cuales, postularon tras argumentar, a través de escrito registrado en 27/4/2012. fuese dictada por la Sala sentencia por la que "con estimación del recurso, revoque la apelada y se desestime la demanda interpuesta por la parte actora, con los demás derechos inherentes a tal declaración".
Igualmente interpuso recurso apelación frente a tal sentencia, Belinda, la cual, en escrito registrado en 2/5/2012, tras argumentar, suplicó de la Sala el dictado de sentencia que "con estimación del recurso presentado por esta parte, se revoque la sentencia apelada, declarando ajustados a derecho los acuerdos que la misma ha declarado nulos, desestimando por tanto la demanda interpuesta por la actora con los demás derechos inherentes a tal declaración".
Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Contencioso Administrativo, y tras incorporarse a actuaciones determinada documental, se señaló el día 16 de diciembre de 2014, para deliberación y fallo.
En la tramitación del recurso se han seguido las sustanciales prescripciones legales.
Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. RICARDO FERNÁNDEZ CARBALLO CALERO, quien expresa el parecer de la Sala conforme a los siguientes,
Definido el fallo impugnado en apelación, cabe destacar que tal conclusión jurisdiccional se alcanza, tras haber entendido, la sentencia de instancia, no debían prosperar los óbices planteados frente al eventual conocimiento del asunto (carencia de legitimación activa en la actora hoy apelada y eventual extemporaneidad del recurso), el cual focaliza (Fundamento Jurídico Segundo) " en determinar si fue ajustada a derecho o no la decisión de la Junta de Gobierno Local de continuar adelante con el proceso selectivo convocado pese a los Acuerdos del Pleno de la Corporación Local de fechas 27 de mayo y 8 de junio de 2010 (sic. por "1 de julio").
Ante ello, tras transcribir los Artículos 123.1.h ) y 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL, en adelante) razona lo siguiente
" a priori, cabría afirmar que siendo competencia exclusiva de la Junta de Gobierno Local la de convocar los procesos selectivos, el acto administrativo en principio sería acorde a derecho. Pero el iter acontecido revela todo lo contrario, toda vez que en el ejercicio de la función de control y fiscalización que ostenta el Pleno, sobre los órganos de gobierno, materializada a través de una moción, se instó a la Junta de Gobierno Local a que paralizara el proceso selectivo por razones fundadas, mostrando la misma una actitud rebelde y contraria a tal instrucción en modo alguno motivada. Y a juicio de la que suscribe, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en modo alguno se excedió en sus competencias al aprobar tal moción - como mecanismo de control al instar a la Junta de Gobierno Local a que suspendiera el proceso selectivo y ello por cuanto que las resultas del mismo, venían a incidir directamente en una de las competencias reservadas al Pleno, cual es la aprobación de la plantilla de personal, cuya reducción pretendía, dada la difícil coyuntura económica que dicho Ayuntamiento se encuentra atravesando. Y dicha decisión debió ser respetada, ya que de lo contrario, la Junta de Gobierno Local no sólo estaría asumiendo bajo un pretendido juicio técnico una decisión política que sólo al Pleno le corresponde- como es la referente a la reducción o no de su Plantilla, con la consecuente suspensión de procesos selectivos hasta su definitiva concreción-, sino, además y desde la óptica de la representación democrática, se estaría soslayando la decisión de las distintas fuerzas políticas con representación en la Corporación, manifestada a través de la moción por la que se acordaba realizar un estudio previo de necesidades concretas de recursos humanos teniendo en cuenta la actual coyuntura económica del Ayuntamiento de Altea en aras a reducir el déficit y conseguir un equilibrio entre ingresos-gastos con la consiguiente modificación de la RPT. La Junta de Gobierno Local pese a la existencia de un claro interés general en la supervisión del proceso, opta por continuar adelante con el mismo, de forma absolutamente inmotivada, fundada exclusivamente en la "elevada tasa de interinidad" existente en el Ayuntamiento - sin ni tan siquiera justificar por qué optó por el sistema de oposición libre en lugar del de la consolidación de empleo- razón por la cual tal decisión debe ser declarada nula, así como los actos administrativos recaídos con posterioridad al mismo en desarrollo del proceso selectivo, por su carácter arbitrario y constitutivo de desviación de poder. Siendo posible la suspensión del proceso selectivo al haber sido instada con anterioridad a la publicación de la lista de admitidos - de conformidad con lo establecido en sentencias del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1982 y de la Audiencia Nacional de 30 de enero de 2003 - hallándose justificada y motivada tal suspensión y no habiendo accedido a ello la Junta de Gobierno Local es por lo que procede la estimación íntegra del recurso".
El grupo de apelantes, aspirantes que superaron el proceso selectivo de referencia por el turno libre, a excepción de Ricardo y Teofilo (que lo hicieron por el turno promoción interna) insisten en las causas de inadmisibilidad que no alcanzó a asumir la sentencia de instancia, considerando, en cuanto al fondo, que los actos impugnados, resultaron ajustados a derecho, por mor de refugiarse en una oferta de empleo público (OEP, en adelante) consolidada por referencia a una relación de puestos de trabajo que específicamente preveía la configuración de los puestos de referencia. Defienden que "una vez aprobada la OEP por el Pleno, la convocatoria de las pruebas y las bases corresponde al Alcalde, siendo obligatorio su cumplimiento (..) excediéndose el Pleno, ante el Acuerdo de 1 de julio de 2010 (..) en cuanto "deja sin efecto la convocatoria y bases específicas aprobadas por sesión de Junta de Gobierno Local de 20 de abril de 2010" las cuales, se aduce, solamente podrían ser modificadas con sujeción estricta a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRAAPP y PAC en adelante) y a lo previsto en las Bases Generales para la selección de personal al servicio de las entidades locales de la Comunidad Valenciana, de las que destaca su Base 15.2, que fueron asumidas en su integridad por el Ayuntamiento convocante. Considera que la sentencia yerra al confundir las funciones de "control y fiscalización" que la LBRL asigna al Pleno con la obligatoriedad y vinculación de la Junta de Gobierno a acuerdos plenarios como los adoptados, sin que, pese a la terminología empleada por la sentencia de instancia (v.gr, "instrucción") nos hallemos ante órganos jerárquicamente subordinados. De lo argumentado infiere la inexistencia de todo atisbo de desviación de poder o arbitrariedad en la actuación impugnada.
Belinda por su parte, insiste asimismo en la persistencia de las causas de inadmisibilidad del recurso contencioso interpuesto,...
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Alcalde
...fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual" (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 16 de diciembre de 2014, recurso 401/2012 [j 12]). Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y ......