STSJ Cataluña , 22 de Noviembre de 2002
| Ponente | JUAN BERTRAN CASTELLS |
| ECLI | ES:TSJCAT:2002:13540 |
| Número de Recurso | 85/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 22 de Noviembre de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Rollo de apelación nº 85/02 Partes: María Consuelo C/ ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA S E N T E N C I A Nº 1633 Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE D. ÁNGEL GARCÍA FONTANET MAGISTRADOS D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN D. FRANCISCO DÍAZ FRAILE D. JUAN BERTRÁN CASTELLS Dª. PILAR GALINDO MORELL En la ciudad de Barcelona, a veintidos de noviembre de dos mil dos. VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el rollo de apelación nº 85/2002, interpuesto por Dª María Consuelo , representado y defendido por el procurador D. MANUEL MARTI FONOLLOSA, contra ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTARIA, representada y defendida por la letrada Dª LUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ.. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D.JUAN BERTRÁN CASTELLS, quien expresa el parecer de la SALA.
ANTECEDENTESDEHECHO
La sentencia apelada contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: "En atención a los expuesto, he decidido:
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ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. José Rabionet Rissech en nombre y representación de Dª. María Consuelo contra la resolución de 6 de junio de 2000, de la Gerente del Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la actora contra las liquidaciones del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de Martorelles, núms. 183228-13603; 183228-13574; 183228-13623; 180490- 97722 y 180490-97705, y en consecuencia ANULAR los actos administrativos impugnados.
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No se hace expresa condena en costas."
Contra dicha resolución, se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, siendo admitido en ambos efectos, por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal previo emplazamiento de las partes, habiendo comparecido como apelante la representación procesal del Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, y como apelada la representación procesal de Dª. María Consuelo .
Desarrollada la apelación y no habiéndose interesado el recibimiento a prueba, se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 20 de noviembre del año en curso.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Se impugna en esta alzada por el ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA la sentencia dictada el 19 de febrero de 2002 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 8 de Barcelona , que desesestima el recurso contencioso-administrativo ordinario núm. 192/2000 interpuesto por la particular aquí apelada contra las liquidaciones giradas por el Organismo apelante, actuando por delegación del Ayuntamiento de Martorelles, por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y contra la desestimación del recurso de reposición deducido contra las mismas.
Como queda reseñado en la sentencia apelada, el motivo central de impugnación de las liquidaciones tributarias objeto de la litis hace referencia a la fecha de devengo del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, esto es, el momento temporal en que se produce el hecho imponible, en relación con lo previsto en el art. 110.1.a) de la Ley de Haciendas Locales.
Ha de determinarse, por tanto, la fecha de la transmisión, que en el caso enjuiciado produce sustanciales efectos porque el 1 de enero de 1999 entró en vigor en el Municipio la aplicación de una revisión catastral: para la aquí apelante los bienes deben entenderse transmitidos el 23 de diciembre de 1998, fecha de la escritura pública de constitución de la sociedad; mientras que para la Administración demandada (aquí apelada), debe estarse a la fecha de presentación de la escritura pública en el Registro Mercantil, que se produjo el 23 de enero de 1999.
La cuestión jurídica debatida ha recibido en la doctrina y jurisprudencia mercantil soluciones por completo diversas con la legislación anterior (Leyes de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Civil de 1951 y 1953, respectivamente) y con la legislación actualmente vigente y aplicable al caso (Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 --LSA-- y Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1995 -- LSRL--).
En efecto, en relación con la legislación anterior, de las distintas posturas propuestas por la doctrina para responder a la cuestión de si la aportación o "puesta en común" de un bien o derecho entraña o no la transmisión de aquellos, destaca la más tradicional y mayoritaria que ha visto siempre en el acto de aportación a título de propiedad un negocio oneroso de enajenación que, como tal, opera la transmisión de la propiedad del objeto aportado a la sociedad de tal manera que el socio deja de ser propietario de la cosa aportada, perdiendo completa y definitivamente sus derechos sobre ella, que pasa a formar parte del patrimonio de la sociedad, y desde esta óptica el socio siquiera es copropietario de la cosa aportada, sino que, a cambio de la misma adquiere tan sólo un derecho social, de carácter mobiliario, equivalente a un derecho de crédito.
Por ello, esta doctrina tradicional vinculaba la adquisición del dominio por la sociedad al reconocimiento de su personalidad jurídica, por lo que se consideraba que el efecto transmisivo no podía operar con el mero otorgamiento de la escritura pública sino en el momento en que la sociedad queda válidamente constituida mediante su inscripción registral, al ser ésta constitutiva en orden a la adquisición de personalidad jurídica propia e independiente de sus socios (art. 6 de la LSA de 1951 y art. 7.1 de la vigente LSA), que le confiere capacidad jurídica y de obrar. La cuestión cobra especial trascendencia en sede de tercerías de dominio y la misma solución es válida para los efectos del art. 110.1.a) de la Ley de Haciendas Locales que aquí interesa.
También bajo el régimen normativo anterior (LSA de 1951) la jurisprudencia no fue uniforme, pues, por una parte, diversas sentencias negaban la adquisición inmediata de las cosas aportadas por parte de la sociedad en supuestos de aportaciones iniciales, que no podían tener efectividad --se sostenía-- hasta tanto la sociedad no adquiriera la personalidad jurídica mediante la preceptiva inscripción constitutiva, de modo que en tanto se verificara la inscripción en el Registro Mercantil se consideraba la inexistencia de sujeto adquirente. Por ello, en caso de embargo de los bienes aportados por parte de los acreedores personales del socio aportante, efectuada la traba con posterioridad a la escritura constitutiva de la sociedad pero con anterioridad a su inscripción, el mejor derecho del embargante debía prevalecer sobre la tercería de dominio entablada por la sociedad ya inscrita (SSTS 22 de febrero de 1980, 6 de marzo de 1981, 13 de febrero de 1985), doctrina que menciona la STS 2 de abril de 1990 y acoge también la STS 14 de noviembre de 1995 al resolver una tercería de dominio en la que aplica el régimen normativo anterior a la LSA de 1989. No se reconocía bajo esta normativa lo que se ha venido en denominar la presociedad como...
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STSJ Murcia 415/2020, 16 de Septiembre de 2020
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