STSJ Andalucía , 14 de Febrero de 2003
| Ponente | SANTIAGO MARTINEZ VARES GARCIA |
| ECLI | ES:TSJAND:2003:2480 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 14 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. SEDE DE SEVILLA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA
R. Nº 298 de 1.997
SENTENCIA
Iltmo. Sr Presidente
Don Santiago Martínez Vares García
Iltmos Sres Magistrados
Don Julián Manuel Moreno Retamino
Doña María Luisa Alejandre Durán.-
En la ciudad de Sevilla, a catorce de febrero de dos mil tres.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha visto el recurso n° 298 de 1.997, interpuesto por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, SA., ALJARAFESA, representada por el Procurador Don Julio Paneque Guerrero, y defendida por el Letrado Don Antonio Domínguez Platas, contra la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de 20 de diciembre de 1.996, por la que se autorizan tarifas de agua potable de Sevilla, Camas, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Coria del Río, Mairena del Alcor, La Rinconada, Gelves, San Juan de Aznalfarache, Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y El Garrobo, y en concreto en lo que se refiere a la denominada "tarifa de agua en alta sin depurar" y su correspondiente "recargo especial transitorio". Como Administraciones demandadas han comparecido la Junta de Andalucía, representada y defendida por Letrado de sus servicios jurídicos, la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, SA., EMASESA, representada por el Procurador Doña Pilar Cabello Sánchez, y defendida por Letrado en ejercicio y el Excmo Ayuntamiento de Dos Hermanas, representado y defendido por el Letrado Don Isidoro Junguito Moreno. La cuantía del proceso se ha fijado como indeterminada. Ha sido ponente el Iltmo. Sr D. Santiago Martínez Vares García, Presidente de la Sala que expresa la decisión de la misma.
El recurso se interpuso el día veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete, contra la resolución citada.
En la demanda la parte actora pretendió de la Sala una Sentencia que anulase la resolución recurrida, y solicitó mediante otrosí el recibimiento del pleito a prueba.
En la contestación a la demanda las Administraciones codemandadas pretendieron la desestimación del recurso y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.
Recibido el pleito a prueba la misma se celebró con el resultado que consta en Autos.
Concluida la prueba, la Sala dio traslado a las partes para que formularan los escritos de conclusiones, sin que se admitiese el de la recurrente al presentarse fuera de plazo, y en los que las Administraciones codemandadas ratificaron sus respectivas pretensiones.
Señalada fecha para la votación y fallo tuvo lugar en la audiencia del día diez de febrero de dos mil tres, en que se deliberó, votó y falló.
El proceso se interpuso frente a la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de 20 de diciembre de 1.996 que autorizó las tarifas de agua potable para la ciudad de Sevilla y otras poblaciones de su área metropolitana y en relación con los particulares de la misma que establecían en el apartado "OTROS CONSUMOS" una tarifa de 8,48.- ptas/m3 "para los suministros en alta de agua sin depurar" y en el "apartado DÉCIMO.- Sobre los precios de la cuota variable de la tarifa que se establece en el punto 1°, se facturará un Recargo Especial Transitorio finalista por costes adicionales de la sequía de... 8,75 ptas m/3 en el suministro de agua en alta sin depurar". Añadía la Orden en ese punto que "el plazo de aplicación del citado Recargo será el mismo que el de amortización de los préstamos necesarios, estimándose su duración hasta el 31 de diciembre de 1.999".
La suplica de la demanda en el "petitum" pretendía la nulidad de la Orden mencionada en lo que se refiere al suministro en alta del agua sin depurar y su recargo transitorio, aplicable al abastecimiento a cargo de esta empresa, o, subsidiariamente, la nulidad de los citados tarifa y recargo aplicados a la recurrente por no ser ajustados a los costes reales que le correspondía satisfacer, estableciéndose, en su caso, éstos en la suma de 6,16 ptas/m3, incluido el "recargo Especial Transitorio por Costes adicionales de Sequía.
La Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, EMASESA, plantea como cuestión previa que existe cosa juzgada en relación con la estructura tarifaria a partir de 1.990, por haber declarado su corrección tanto para dicho año como para los posteriores, el Laudo de equidad dictado. En definitiva lo que está planteando la empresa codemandada es una causa de inadmisibilidad del proceso contenida en el artículo 82.d) de la Ley de 27 de diciembre de 1.956 por la que rige la litis, y reiterada por la Ley 29 de 1.998 que la amplia al añadir que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia, causa que la jurisprudencia del TS venía aceptando como motivo de inadmisión del proceso.
Efectivamente las partes convinieron en su momento someterse a un laudo arbitral de equidad comprometiéndose a ello en la reunión que celebraron el 20 de diciembre de 1.991, y en la que estuvieron presentes representantes de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Entre otras cuestiones el laudo resolvió en el punto CUARTO del Acuerdo "que en las tarifas del Precio Público del agua, cuya corrección se ha dispuesto para 1.990 y 1.991, EMASESA puede incluir aparte los otros conceptos, el costo de la amortización y gastos financieros de los préstamos concertados con la garantía del canon de mejora, y en tanto que dichos empréstitos continúen vivos. Si bien en las cuentas para la formación de aquellas tarifas deberá figurar con separación este concepto de amortización y gasto financiero indicado". Lo anterior debe completarse con lo establecido en el fundamento 4° del laudo, en el que ciertamente se daba por buena la estructura tarifaria establecida para los ejercicios sucesivos, y ello de acuerdo con el contenido del convenio arbitral suscrito.
En definitiva para la codemandada la estructura tarifaria es inatacable, puesto que el laudo la dio por buena no sólo para los años 1.990 y 1.991 sino también para los sucesivos.
El artículo 37 de la Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1.988, dispuso que: "El laudo arbitral firme produce efectos idénticos a la cosa juzgada". El artículo 11 de la Ley- citada, antes de la redacción dada al mismo por la Disposición Final 8ª de la Ley 1 de 2.000. de 7 de enero, Ley de Enjuiciamiento Civil, manifiesta que: " El convenio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado e impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque inmediatamente a la oportuna excepción. Las partes podrán renunciar por convenio al arbitraje pactado, quedando expedita la vía judicial. En todo caso, se entenderá que renuncian cuando, interpuesta demanda por cualquiera de ellas, el demandado o demandados realicen, después de personados en el juicio, cualquier actividad procesal que no sea la de proponer en forma la oportuna excepción".
Sobre lo que acabamos de exponer deben realizarse las siguientes consideraciones: No es posible aceptar la inadmisibilidad que se plantea, puesto que además de la presencia en el proceso de las empresas que litigan, éste afecta a uno de los municipios concernidos por la Orden y a la Junta de Andalucía, por lo que al menos para estas Administraciones esa causa de inadmisión no reza. Pero es que, además, el modo en que la empresa Emasesa la plantea la desactiva. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Arbitraje lo que debió hacer la codemandada era simplemente oponer la inadmisión sin ir más allá en el planteamiento de otras cuestiones en el proceso como ha hecho.
Todo ello sin olvidar que para que pudiera prosperar la inadmisión sería preciso que en el asunto y en relación con lo resuelto en el laudo, concurrieran las identidades a que se refiere el artículo 1.252 del Código Civil, lo que tampoco concurre en este supuesto ya que en el proceso se introducen cuestiones ajenas como por ejemplo la relativa al recargo transitorio finalista por la sequía que forma parte de la estructura de las tarifas, y que no se contempló en el convenio arbitral ni en el laudo que le dio cumplimiento.
Por lo que hace al fondo de la cuestión los argumentos sobre los que se sustentan esas pretensiones son según la demanda, y, en primer lugar, el siguiente: La Orden adolece de un vicio de nulidad al que se refiere el apartado 1b) del artículo. 62 de la Ley 30 de 1.992 "Son nulos de pleno derecho: los (actos administrativos) dictados por órgano manifiestamente incompetente".
Lo apoya en que "las competencias de la Junta de Andalucía, en materia de precios autorizados, que recibe en el Decreto 4.110 de 1.982, de 29 de diciembre, son las que poseía la Administración del Estado en virtud de los Reales Decretos 2.226 y 2.695, ambos de 1.977, que tenían sus antecedentes en el DL 12 de 1.973 de 30 de noviembre, y DL 6 de 1.974 de 27 de noviembre que lo hizo de vigencia ilimitada. Según esas normas el precio autorizado es el de abastecimiento, que es el abastecimiento domiciliario de agua potable, es decir, aquél que coincide con los servicios obligatorios a prestar por todos los municipios a sus ciudadanos, al amparo de lo establecido en el vigente artículo 26 de la LBRL....
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