STSJ Murcia , 9 de Noviembre de 2001
| Ponente | LUIS FEDERICO ALCAZAR VIEYRA DE ABREU |
| ECLI | ES:TSJMU:2001:3037 |
| Número de Recurso | 451/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 9 de Noviembre de 2001 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
1 Este documento está impreso por una sola cara.
RECURSO nº: 451/1999 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA SENTENCIA NÚM. 658/2001 En Murcia, a nueve de noviembre de dos mil uno. Los Iltmos. Sres. Magistrados anotados al margen han visto el presente recurso contencioso administrativo que con el nº 451/1999 pende de resolución, tramitado por las normas de procedimiento en materia de personal en cuantía indeterminada, interpuesto por Doña Raquel , Doña Rita , Doña Sofía y Doña Victoria , representadas y defendidas por el Letrado Don José Vidal Maestre, y en el que ha sido parte demandada La Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolución del Director General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia de 9 de febrero de 1999.
I.-
El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 15 de abril de 1999, y admitido a trámite, y previa su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la siguiente pretensión: Que se dicte sentencia por la que estimando no ajustado a Derecho el acto administrativo impugnado en el presente recurso, se anule y, al propio tiempo, se declare que el trabajo desarrollado por cada una de las actoras, impartiendo la asignatura de Religión Católica en los Centros Públicos y durante los cursos que respecto a cada una de ellas consta acreditado en el expediente administrativo, ha constituido relación de servicio con la Administración demandada y, por tanto, la condene a adoptar los acuerdos precisos para considerar a cada una de ellas, y por los periodos acreditados, como funcionarias interinas, y a fijar y abonarles una retribución equiparada a la de los demás profesores interinos de asignaturas fundamentales, con los derechos inherentes a tal declaración y reconocimiento y, especialmente , su acogimiento en el Régimen General de la Seguridad Social.
La parte demandada se ha opuesto, pidiendo se desestime el recurso con imposición de costas, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico, la resolución impugnada.
Se señaló para la votación y fallo el día 26 de octubre de 2001.
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Luis Federico Alcázar Vieyra de Abreu, quien expresa el parecer de la Sala.
II.-
Por las recurrentes se dirigió el 6 de noviembre de 1998 escrito al Ministerio de Educación y Cultura en reclamación del reconocimiento de la pretensión de que el trabajo desarrollado por cada una de las actoras impartiendo la asignatura de Religión y Moral Católica en Centros Públicos de Educación General Básica o Educación Primaria había constituido relación de servicio con la Administración demandada, por lo que debía abonarles una retribución equiparada a la de los demás profesores de asignaturas fundamentales, con los derechos inherentes a tal declaración y reconocimiento y, especialmente, su acogimiento en el Régimen General de la Seguridad Social.
La base de hecho en que se sustentaba esta petición era la de que, como consecuencia de no poder ser impartida la asignatura de Religión Católica por personal docente de los distintos Colegios Públicos, se vino impartiendo esta asignatura por las recurrentes, personas ajenas al Centro a quienes para tal fin les fueron requeridos sus servicios, que creen que deben considerarse como integrantes del contenido de la relación de servicio propia de los funcionarios interinos al haber desempeñado su trabajo en condiciones equiparables a las de los demás profesores de asignaturas fundamentales.
Ante esta pretensión, la Administración responde denegándola en la resolución de 9 de febrero de 1999 dictada por el Director General de Personal y Servicios, al entender que no se trata de personal docente, al establecerlo así el Convenio de 20 de mayo de 1.993 suscrito entre el Gobierno español y la Santa Sede en desarrollo del artículo VII del Acuerdo de 3 de enero de 1.978 con la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. Niega con la misma base el reconocimiento del derecho a la integración en el Régimen General de la Seguridad Social.
Añade que esta nueva regulación no altera la situación anterior, que venía regulada por la Orden de 16 de julio de 1.980, que ya establecía que el Ministerio de Educación y Ciencia no contraería ninguna relación de servicios con este personal. Sobre la cuestión planteada por las demandantes se ha pronunciado esta Sala (Sentencias nº 293/99 de 8 de abril de 1999, nº 132 de 2 de marzo de 2001 (Sección 1ª) etc.).
El Tribunal Supremo, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española, ha afirmado reiteradamente la obligatoriedad de la enseñanza de la Religión en los siguientes términos: el art. 27 CE de 1978, después de establecer, en su ap. 1, que "Todos tienen el derecho a la educación" y que "se reconoce la libertad de enseñanza"; añade en su ap. 2 que, "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales"; declara que, "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones"; insistiendo en su ap. 5 en que, "Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de Centros Docentes".
Pues bien, de una primera aproximación al estudio y análisis de este precepto constitucional, se infiere que, los Acuerdos sobre "enseñanza religiosa y asuntos culturales", que han de llevarse a cabo dentro del principio garantizado en el ap. 2, del citado art. 27, han de inspirarse, - cual hace el suscrito con la Santa Sede en 3 enero 1979-, a su vez, en un principio de "libertad religiosa y moral", estableciendo como premisas más importantes: el expresado derecho de los padres sobre la educación de sus hijos, - con carácter preferente -; la no obligatoriedad para todos de tal enseñanza, sin perjuicio del derecho a recibirla para los que la demandan; y, la obligación para los Centros de ofertarla, poniendo a disposición de los padres de los alumnos que pudieran demandarla los medios personales y materiales para que dicha enseñanza puede llevarse a cabo con todas las garantías; y, lo que también es importante, que en ningún caso, se puede efectivamente coartar, directa o indirectamente, referido derecho constitucional de los padres, a que sus hijos reciban dicha enseñanza religiosa y moral según las propias creencias y convicciones de aquellos, cuando menos mientras sus hijos sean menores de edad o no tengan capacidad racional de discernimiento. (S.T.S. de 17 de marzo de 1.994).
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.)
señala que el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, y asentado en el respeto de los derechos y libertades, se orientará (entre otros fines) a la consecución del pleno desarrollo de la personalidad del alumno y a la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. <
(párrafo primero), añadiendo el párrafo segundo de dicha Disposición Adicional: <>.
Por otro lado, el preámbulo de la Orden ministerial de 16...
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