STSJ Aragón , 4 de Mayo de 2005
| Ponente | JOSE EMILIO PIRLA GOMEZ |
| ECLI | ES:TSJAR:2005:1136 |
| Número de Recurso | 691/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 4 de Mayo de 2005 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (SECCIÓN 4ª)
Recurso núm. 691/00-A SENTENCIA Num. 509/05 ILUSTRISIMOS SEÑORES PRESIDENTE D. Natividad Rapun Gimeno MAGISTRADOS D. José Emilio Pirla Gómez D. Vicente Goñi Larumbre Recurso: Ordinario Cuantía: Indeterminada En la Ciudad de Zaragoza a Cuatro de Mayo de dos mil cinco.
En nombre de S.M. el Rey. Visto por la Sala de lo Contecioso Administrativo (Sección Cuarta), constituida para el examen del presente caso, ha pronunciado la siguiente Sentencia en el recurso contencioso administrativo interpuesto por ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, representado por el Procurados Sr. Fernández Fortun y asistido por el Letrado Sr. Arbués Salazar; contra AYUNTAMIENTO DE CANFRANC, representado por el Procurador Sr. Peire y asistido del Letrado Sr. Zorraquino y como codemandado DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN representada y asistido del Letrado de la Comunidad Autónoma.
Las resoluciones que se impugnan son las dictadas en fecha de 28-9-2000, acordando la aprobación de las modificaciones puntuales a las N.N.S.S. de Canfranc en suelo urbano de Canal Roya, Izas y Ip, así como la aprobación definitiva del Plan Especial de Izas.
Ha sido Ponente D. José Emilio Pirla Gómez que expresa el parecer de la Sala.
En fecha de 28-9-2000 y por el Ayuntamiento de Canfranc se dictaron Acuerdos acordando la aprobación de las modificaciones puntuales a las N.N.S.S. de Canfranc en suelo urbano de Canal Roya, Izas y Ip, así como la aprobación definitiva del Plan Especial de Izas.
Frente a estas resoluciones se interpone el presente recurso contencioso-administrativo.
Previa la admisión a trámite del recurso, publicación de su interposición y recepción del expediente administrativo, se dedujo la correspondiente demanda, en la que tras relacionar el recurrente los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, concluía con el suplico de que se dictara Sentencia por la que, con estimación del recurso se revocaran las resoluciones recurridas por no ser ajustadas a Derecho; con la intervención del Letrado de las Administraciones demandada que interesaron la desestimación del recurso.
Recibido el juicio a prueba y practicada la propuesta por las partes con el resultado obrante en autos, se señaló para la votación y fallo de este procedimiento la fecha de 3 de Mayo del 2005.
Así mismo, por Acuerdo de la Presidencia de fecha 26 de Mayo del 2003, se constituyó la Sección Cuarta de refuerzo de la que forma parte el Magistrado que dicta la presente resolución.
En la sustanciación de este pleito, se han observado las prescripciones legales.
La cuestión controvertida en el presente recurso se contrae a determinar si la resolución que se impugna es o no ajustada al ordenamiento jurídico y más concretamente si, atendidas las circunstancias del caso que nos ocupa, procede la confirmación o la revocación de las resoluciones recurridas.
Planteada causa de inadmisibilidad por la representación de la;ntidad codemandada, procede c onocer de tal e xtremo con carácter previo a cualquier otra consideración.
Examinaremos pues la cuestión relativa a la alegada causa de inadmisibilidad ontemplada en el artículo 69 b) LJCA , es decir, falta de acreditación de la capacidad procesal de la entidad actora al no haberse acompañado al escrito de interposición del recurso el acuerdo corporativo en cuya virtud se adoptó la decisión por el órgano facultado para ello de interponer el presente recurso contencioso-administrativo..
No consta unido a la escritura de apoderamiento documento alguno por el que la Asamblea de la Asociación manifieste su intención de interponer recurso contra las resoluciones que se pretende impugnar ni ordenando la interposición del mismo Es reiterada jurisprudencia que en los recursos promovidos por personas jurídicas es preciso acreditar que el órgano que se halla facultado para ello, según los estatutos o reglas reguladoras de la organización, adoptó la decisión de promover el pleito pues sólo así puede entenderse acreditada la capacidad procesal que exige la Ley de Enjuiciamento Civil, de aplicación supletoria al proceso contencioso-administrativo. Y si bien es cierto que esta exigencia supone una limitación al libre acceso a los Tribunales y debe ser interpretada de forma restrictiva y siempre tomando en consideración el principio "pro actione" no lo es menos que el cumplimiento del expresado requisito procesal bien podía haberse hecho efectivo por la parte recurrente, pues a ella incumbe la carga de acreditar su capacidad procesal, y le era posible a la asociación recurrente haber subsanado el defecto advertido de forma completa y adecuada a las normas de procedimiento, certificando el órgano competente la existencia del acuerdo o decisión de promover este procedimiento, junto con su fecha, o, aportando los estatutos de la asociación si su contenido excluyera de las competencias propias de la Asamblea decisiones de esta naturaleza atribuyéndoselas a la Junta Directiva; y no habiendo actuado la recurrente con la suficiente diligencia, declarar ahora la inadmisibilidad de su recurso en modo alguno vulnera el principio constitucional de tutela judicial del artículo 24 CE , puesto que el libre acceso a los Tribunales de Justicia precisa sin embargo del cumplimiento de determinadas exigencias formales cuya finalidad, en el terreno que ahora nos ocupa, no es otra que la de procurar una adecuada constitución de la relación jurídico-procesal.
El criterio sostenido por esta Sala encuentra su apoyo doctrinal, entre otras, en la STS, 3ª, de 5 de junio de 2003 , cuyo contenido pasamos a reproducir: "Elanálisis del motivo único planteado por el Sindicato recurrente nos lleva a destacar que esta Sala ha declarado en reiterada jurisprudencia (entre otras, sentencias de 20 de enero de 1997) que tratándose del ejercicio de acciones en nombre de un ente colectivo, es...
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