STSJ Castilla y León , 23 de Noviembre de 2001

PonenteMARIA CONCEPCION GARCIA VICARIO
ECLIES:TSJCL:2001:5445
Número de Recurso313/2000
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución23 de Noviembre de 2001
EmisorSala de lo Contencioso

Autoescuelas en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional como centro colaborador del INEM. Distinción de actividades realizadas en la Autoescuela.

SENTENCIA En la Ciudad de Burgos a veintitrés de noviembre de dos mil uno. En el recurso contencioso administrativo numero 313/00 interpuesto por ESPINO AUTO ESCUELA SAN CRISTÓBAL S.A. representada por la Procuradora Doña Natalia Marta Pérez Pereda y defendida por Letrado contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 26 de abril de 2000 estimando parcialmente la reclamación económico administrativa nº 9/445/1997 formulada por la recurrente contra acuerdo del Inspector Jefe de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Burgos que contiene liquidación derivada del acta de disconformidad Nº 60643092 que determina una deuda tributaria de 2.030.973 pesetas por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1993, 1994 y 1995, de las cuales 1.142.031 ptas. corresponden a cuota, 203.723 ptas. a intereses de demora y 685.219 ptas. a la sanción impuesta, habiendo comparecido como parte demandada LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado en virtud de la representación que por Ley ostenta.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso administrativo ante esta Sala el día 4-7-00.

Admitido a trámite el recurso y no habiéndose solicitado el anuncio de la interposición del recurso, se reclamó el expediente administrativo; recibido, se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 3-11-00 que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte sentencia por la que "estimando en todas sus partes el presente recurso contencioso administrativo declare no ajustados a derecho los actos administrativos que se impugnan, procediéndose a anular la liquidación impugnada con devolución de la cantidad de 2.030.973 pesetas, con los intereses devengados desde la fecha de realización del ingreso y con todo lo demás que proceda ".

SEGUNDO

Se confirió traslado de la demanda por termino legal a la parte demandada quien contestó a la demanda a medio de escrito de 25-1-01 oponiéndose al recurso solicitando la desestimación del mismo basándose en los fundamentos jurídicos que aduce.

TERCERO

Una vez dictado Auto de fijación de cuantía, y recibido el pleito a prueba se practicó con el resultado que obra en autos, evacuándose posteriormente por las partes escritos de conclusiones que obran unidos al recurso, señalándose el día 22 de noviembre de 2001 para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO

Se impugna a medio del presente recurso jurisdiccional la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 26 de abril de 2000 estimando parcialmente la reclamación económico administrativa nº 9/445/1997 formulada por la recurrente contra acuerdo del Inspector Jefe de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Burgos que contiene liquidación derivada del acta de disconformidad Nº 60643092 que determina una deuda tributaria de 2.030.973 pesetas por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1993, 1994 y 1995, de las cuales 1.142.031 ptas. corresponden a cuota, 203.723 ptas. a intereses de demora y 685.219 ptas. a la sanción impuesta.

Del examen del expediente administrativo resulta que por la entidad recurrente se presentaron declaraciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido (modelos 300 y 390) correspondientes a los ejercicios 1993, 1994 y 1995, de las que resultaban las bases imponibles que allí se detallan.

Como consecuencia de las actuaciones de la Inspección de Tributos iniciadas, con fecha 16 de septiembre de 1996 se levanta el Acta de Disconformidad A02 60643092. En la citada acta se procede a la regularización de la situación tributaria del recurrente incrementándose la base imponible del ejercicio 1993 en 1.773.913 pesetas, la del año 1994 en 2.838.261 pesetas y la de 1995 en 2.813.793 pesetas, cuantías éstas que se corresponde con las subvenciones percibidas del INEM por la impartición de enseñanza a conductores en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional que no fueron declaradas en el IVA correspondiente, y proponiéndose una liquidación que por todos los conceptos -cuota, intereses y sanción- ascendía a la cantidad de 2.030.973 pesetas.

Tras las alegaciones formuladas por el recurrente mediante resolución del Inspector Jefe de la Dependencia de Inspección de 11 de noviembre de 1996 se acuerda confirmar la propuesta de liquidación contenida en el acta.

Interpuesta reclamación económico administrativa contra el anterior acuerdo, tramitada bajo el nº

9/445/1997, es estimada parcialmente por la resolución del TEAR de 26-4-2000 aquí impugnada. En concreto, la citada resolución estimando parcialmente la reclamación acuerda anular parcialmente la liquidación impugnada, en lo que se refiere a la sanción impuesta, confirmando el resto de la misma.

SEGUNDO

La cuestión sometida a debate en el presente recurso jurisdiccional se centra esencialmente en determinar si la prestación del servicio de enseñanza por las autoescuelas de conductores de vehículos, en cuanto centros colaboradores del Instituto Nacional de Empleo y en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, se encuentra amparara por la exención prevista en el artículo 20. Uno. 9 de la Ley 37/1992, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Sostiene la actora que la exención contenida en el art. 20.Uno.9º resulta aplicable a las actividades de formación y reciclaje profesional, con independencia de quien sea el sujeto que las realiza, pues la excepción de la letra c) de dicho artículo hace referencia a las actividades de escuelas particulares de conductores que son objeto de regulación en el R.D 1753/1984, y no a otras actividades que los empresarios titulares de dichas escuelas puedan prestar, como los cursos de formación profesional impartidos en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en su condición de centros colaboradores del Instituto Nacional de Empleo. Invoca en apoyo de su argumentación y pretensiones anulatorias: el carácter necesariamente objetivo de la exención y de la excepción a la exención, la evolución de la normativa legal y de las resoluciones de la Dirección General de Tributos.

Frente a tales consideraciones, sostiene sin embargo, en esencia, la Administración demandada que la enseñanza a conductores prestada en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional reviste los caracteres necesarios para ser considerada una actividad sujeta y no exenta, pues aunque la formación y reciclaje profesional son actividades exentas, no lo son si se realizan por escuelas de conductores de vehículos, según el propio tenor de la excepción a la exención previsto en la letra c) del art. 20.Uno.9º de la Ley 37/1992, de carácter eminentemente subjetivo y máxime teniendo en cuenta la actora sólo se encontraba dada de alta en el epígrafe 933.1 correspondiente a la enseñanza de conducción de vehículos.

TERCERO

Vistos los términos en que aparece planteado el debate la resolución de la cuestión suscitada en esta litis exige partir de la normativa aplicable.

Conforme dispone...

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