STSJ La Rioja , 5 de Julio de 2005

Ponente:LUIS ANTONIO LOMA-OSORIO FAURIE
Número de Recurso:142/2005
Procedimiento:SOCIAL
Fecha de Resolución: 5 de Julio de 2005
Emisor:Sala de lo Social
RESUMEN

CUESTIONES DE COMPETENCIA. COMPETENCIA DEL ORDEN SOCIAL. CONFLICTOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO Y SERVICIO DE SALUD. Ha de concluirse, por tanto, que el Legislador ha querido mantener la competencia de la jurisdicción del Orden Social para resolver las cuestiones litigiosas planteadas entre el personal estatutario y los Servicios de Salud, no derogando, ni expresa ni tácitamente, el artículo 45.2... (ver resumen completo)

 
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T.S.J.LA RIOJA SALA SOCIAL LOGROÑO SENTENCIA: 00134/2005 Sent. Nº 134-2005 Rec. 142/2005 Ilmo. Sr. D. Miguel Azagra Solano. :

Presidente. :

Ilmo. Sr. D. Luis Loma Osorio Faurie. :

Ilmo. Sr. D. José Manuel Pellejero Tomás. :

En Logroño, a cinco de julio de dos mil cinco.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, compuesta por los Ilmos. Sres.

citados al margen y EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente SENTENCIA En el recurso de Suplicación nº 142/2005 interpuesto por Dª Estefanía contra el AUTO del Juzgado de lo Social nº UNO de La Rioja de fecha 23 DE NOVIEMBRE DE 2004 , y siendo recurrido el INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA, ha actuado como PONENTE EL ILMO. SR. DON Luis Loma Osorio Faurie.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Según consta en autos, por Dª Trinidad , representante del S.A.T.S.E. en La Rioja, en representación de Dª Estefanía se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social número UNO de La Rioja, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA en reclamación de RECONOCIMIENTO DE DERECHO Y CANTIDADES.

SEGUNDO

Con fecha 23 DE NOVIEMBRE DE 2004 se dictó auto cuyos hechos y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

"HECHOS:

ÚNICO.- Por providencia de 26 de Octubre de 2004 se acordó dar traslado a las partes y al Ministerio Fiscal por tres días a los fines de alegaciones sobre posible incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda presentada por doña Trinidad , representante del Sindicato de A.T.S. de Enfermería de La Rioja, contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en reclamación de cuotas colegiales.

PARTE DISPOSITIVA : Declaro de oficio la incompetencia de este Juzgado del orden jurisdiccional social para conocer de la demanda objeto de los presentes autos, previniendo a las partes que pueden usar de su derecho ante la jurisdicción contencioso administrativo."

TERCERO

Con fecha 18 de Febrero de 2005 el Letrado D. José Espuelas Peñalva en representación de Dª Estefanía formuló recurso de reposición contra el Auto de fecha 23 de Noviembre de 2004 , recurso del que se dio traslado a las demás partes, que no hicieron alegación alguna, dictándose auto de fecha 22 de Marzo de 2005 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Desestimo el recurso de reposición formulado contra el Auto de fecha 23 de Noviembre de 2004 , que se mantiene en su integridad".

CUARTO

Contra dicho auto se interpuso recurso de Suplicación por Dª Estefanía no siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.

QUINTO

En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Por el Sindicato de A.T.S. de Enfermería (S.A.T.S.E.) en La Rioja, actuando en nombre e interés de Dª Estefanía , se presentó, en octubre de 2004, ante el Decanato de los Juzgados de Logroño demanda contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, sobre reconocimiento del derecho a que le sean reintegradas por el citado organismo las cuotas colegiales abonadas al Colegio de Enfermería de La Rioja, correspondientes a los períodos en que trabajó de forma exclusiva para dicho Instituto.

El Juzgado de lo Social número Uno de La Rioja dictó Auto el 23 de noviembre de 2004 , por el que declaró de oficio la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de la demanda, remitiendo a las partes a los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. Contra dicho auto se interpuso recurso de reposición por la representación letrada de la actora, que fue desestimado por Auto de 22 de marzo de 2005. Contra ambos citados autos se interpone por la representación letrada de la parte actora recurso de suplicación. En su único motivo, adecuadamente amparado en el apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , denuncia la infracción de los artículos 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , 1 y 2 p) de la Ley de Procedimiento Laboral , y 45.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.

SEGUNDO

La fundamentación jurídica de los autos recurridos se basa en el criterio sentado por esta Sala en su Sentencia nº 276/04, de 14 de octubre de 2004 (Recurso de suplicación nº 239/04). Dicho criterio fue mantenido por la Sala en Sentencias nº 277/04, de 14 de octubre de 2004 (Recurso de suplicación nº 240/04); nº 281/04, de 19 de octubre de 2004 (R. S. nº 243/04), y nº 51/05, de 24 de febrero de 2005 (R. S. nº 11/05). En todas ellas se formuló un voto particular.

Con posterioridad a la primera de dichas sentencias, la Sala ha asumido la competencia (sin plantearse la cuestión) en reclamaciones sobre abono de cuotas colegiales, como la que es objeto del presente proceso, correspondientes a períodos anteriores a la entrada en vigor de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre , del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en Sentencias nº 325/04 y 326/04, de 23 de noviembre de 2004 (Recursos de suplicación nº 304/04 y 302/04); nº 331/04, 333/04, 335/04, 340/04 y 341/04, de 30 de noviembre de 2004 (Recursos de suplicación nº 310/04, 316/04, 308/04, 303/04 y 309/04), y nº 358/04, de 23 de diciembre de 2004 (Recurso de suplicación nº 328/04).

Tras un detenido estudio de la cuestión competencial suscitada, la Sala considera que ha de modificar el criterio sustentado en las primeras citadas sentencias, en el cual se han basado los autos aquí recurridos, y establecer como nuevo criterio el contenido en el voto particular emitido en aquéllas.

Ha de advertirse que tal cambio de criterio no vulnera el principio de igualdad en la aplicación de la ley en sede judicial. Como recordaba la Sentencia nº 12/92 de esta Sala, de 27 de enero de 1992 (Recurso de suplicación nº 201/91), el Tribunal Constitucional, -en Sentencias 2/1983, de 3 de enero; 10/1984, de 16 de mayo; 63/1984, de 21 de mayo; 64/1984, de 21 de mayo; 78/1984, de 9 de julio; 103/1984, de 12 de noviembre; 66/1987, de 21 de mayo, y 73/1988, de 21 de abril , entre otras muchas-, ha reiterado que "tal principio de igualdad en la aplicación judicial del Derecho lo que impone es que un mismo órgano no modifique arbitraria o inadvertidamente sus resoluciones en casos sustancialmente iguales, debiendo justificar su actitud si pretende apartarse de lo resuelto en precedentes supuestos", exigiendo a dicho órgano el que razone cumplidamente su modificación de criterio.

El propio Tribunal Constitucional, en su más reciente Sentencia nº 117/2004, de 12 de julio (Recurso de Amparo nº 2971/2002), cuyo criterio fue seguido por Auto nº 404/2004, de 2 de noviembre, del mismo Tribunal (Recurso de Amparo nº 910/2003), expresaba lo siguiente: " 2. ...es necesario traer a colación la reiterada doctrina constitucional en relación con el principio de igualdad, en su vertiente de aplicación judicial de la Ley, recogida, más recientemente, entre otras, en las SSTC 210/2002, de 11 de noviembre (F.

3), 46/2003, de 3 de marzo (F. 2), y 70/2003, de 9 de abril (F. 2), según la cual, para que pueda considerarse vulnerado el mencionado derecho fundamental, se precisa la concurrencia de los siguientes requisitos:

  1. La acreditación de un tertium comparationis, ya que el juicio de igualdad sólo puede realizarse sobre la comparación entre la Sentencia impugnada y las precedentes resoluciones del mismo órgano judicial que, en casos sustancialmente iguales, hayan sido resueltos de forma contradictoria (SSTC 266/1994, de 3 de octubre, F. 3; 285/1994, de 27 de octubre, F. 2; 4/1995, de 6 de febrero, F. 1; 55/1999, de 12 de abril, F. 2; 82/1999, de 22 de abril, F. 4; 102/1999, de 31 de mayo, F. 2; 132/2001, de 7 de junio, F. 2; 238/2001, de 18 de diciembre , F. 4, por todas).

  2. La existencia de alteridad en los supuestos contrastados, es decir, de «la referencia a otro»

    exigible en todo alegato de discriminación en aplicación de la Ley, excluyente de la comparación consigo mismo (SSTC 1/1997, de 13 de enero, F. 2; 150/1997, de 29 de septiembre, F. 2; 64/2000, de 13 de marzo, F. 5; 182/2001, de 5 de julio, F. 2; 229/2001, de 26 de noviembre, F. 2; 74/2002, de 8 de abril, F. 3; 111/2002, de 6 de mayo , F. 2).

  3. La identidad de órgano judicial, entendiendo por tal, no sólo la identidad de Sala, sino también la de la Sección, al considerarse cada una de éstas como órganos jurisdiccionales con entidad diferenciada suficiente para desvirtuar una supuesta desigualdad en la aplicación de la Ley (SSTC 134/1991, de 17 de junio, F. 2; 245/1994, de 15 de septiembre, F. 3; 32/1999, de 22 de abril, F. 4; 102/2000, de 10 de abril, F. 2; 122/2001, de 4 de junio , F. 5, entre otras).

  4. La ausencia de toda motivación que justifique en términos generalizables el cambio de criterio, bien lo sea para separarse de una línea doctrinal previa y consolidada, esto es, de un previo criterio aplicativo consolidado (por todas, SSTC 122/2001, de 4 de junio, F. 2; 193/2001, de 1 de octubre , F. 3), bien lo sea con quiebra de un antecedente inmediato en el tiempo y exactamente igual desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició (SSTC 25/1999, de 8 de marzo, F. 5; 152/2002, de 15 de julio, F. 2; 210/2002, de 11 de noviembre , F. 3), y ello a fin de excluir la arbitrariedad o la inadvertencia (SSTC 266/1994, de 3 de octubre, F. 3; 47/1995, de 14 de febrero, F. 3; 25/1999, de 8 de marzo, F. 5; 75/2000, de 27 de marzo, F. 2; 193/2001, de 14 de febrero , F. 3). 3. También hemos dicho que la justificación a que hace referencia el último de los requisitos señalados no ha de venir necesariamente explicitada en la resolución judicial cuya doctrina se cuestiona, sino que podrá, en su caso, deducirse de otros elementos de juicio externos que indiquen un...

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