STSJ Andalucía 1230/2003, 28 de Abril de 2003
| Ponente | RAFAEL TOLEDANO CANTERO |
| ECLI | ES:TSJAND:2003:6563 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 1230/2003 |
| Fecha de Resolución | 28 de Abril de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SECCIÓN SEGUNDA
RECURSO 2184/1997
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SENTENCIA NÚM. 1.230 DE 2.003
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Ilmo. Sr. Presidente:
D. José Antonio Santandreu Montero
Ilmos. Sres. Magistrados
D. Federico Lázaro Guil
D. Rafael Toledano Cantero
______________________________________
En la ciudad de Granada, a veintiocho de abril dos mil tres. Ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 2184/1997 seguido a instancia de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, que comparece representada por el Sr. Abogado del Estado, siendo parte demandada la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA, que comparece representada por el Procurador de los Tribunales Don José Gabriel García Lirola y asistida del Letrado Don Antonio Abad Ortega. La cuantía del recurso es 524.000 pesetas.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo frente a la actuación administrativa que se detalla en el primer fundamento jurídico de esta resolución, se admitió a trámite y se acordó reclamar el expediente administrativo, siendo remitido por la Administración demandada. SEGUNDO.- En su escrito de demanda, la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia estimando el recurso y anulando dicha actuación administrativa impugnada. TERCERO.- En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones de la parte actora, y, tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó la desestimación del recurso. CUARTO.- Acordado el recibimiento a prueba por plazo de treinta días comunes a las partes para proponer y practicar, en dicho período se practicaron aquellas pruebas que propuestas en tiempo y forma por las partes, la Sala admitió y declaró pertinentes, incorporándose las mismas a los autos con el resultado que en estos consta. QUINTO.- Declarado concluso el período de prueba , al no estimarse necesario por la Sala la celebración de vista pública, se acordó dar traslado a las partes para conclusiones escritas, cumplimentándose el mismo mediante escrito en el que reiteraron las peticiones contenidas en los de demanda y contestación . SEXTO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del mismo y actuando como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don Rafael Toledano Cantero.
El Abogado del Estado, en representación que del mismo y de sus Organismos Autónomos ostenta por ministerio de ley, interpuso el 5 de junio de 1997 recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del Presidente de la Diputación Provincial de Almería de 5 de marzo de 1997, número 124/1997, que desestimó el recurso de reposición interpuesto por la Administración General del Estado contra liquidación practicada a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por el concepto de Derechos de Inserción de Edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por un importe total de 524.000 pesetas, por inserción de edictos 1.997/313-314-315-482-566-567-858-880-1011-1106. SEGUNDO.- De la consideración conjunta de lo dispuesto en la Real Orden de 20 de abril de 1833, que crea el Diario o Boletín Oficial de la Provincia, Real Orden de 8 de octubre de 1856, que dispone su publicación a cargo de los fondos provinciales, Real Orden de 1 de agosto de 1871, que declaró de la competencia de las Diputaciones Provinciales la instrucción y resolución de los expedientes para las subastas de los Boletines Oficiales, sin perjuicio de las facultades de control de las inserciones que se le reconocen a los Gobernadores Civiles, pasando a considerarse tal publicación como un servicio de ámbito provincial a prestar por las Diputaciones Provinciales, así como los razonamientos jurídicos contenidos en las SSTS de 5 de junio de 1985 ( RJ 19853210) y 5 de febrero de 1986 (RJ 19862150), se puede concluir que aun cuando el Boletín Oficial de la Provincia es un servicio público de originaria titularidad estatal, la competencia para su gestión y financiación le fue asignada o transferida a las Diputaciones Provinciales, transferencia que quedó consolidada con el nuevo régimen jurídico político- administrativo instaurado por la Constitución de 1978, que configura a la Provincia como ente territorial dotado de autonomía, y con competencias propias, al margen de las competencias transferidas, delegadas o asignadas (arts. 36 y 37 de la Ley 7/1985, en relación con la transitoria 2ª de la misma Ley). En definitiva, la edición por las Diputaciones Provinciales del Boletín Oficial de la Provincia encaja en una competencia de ejecución transferida por el Estado, por resultar el ámbito provincial más idóneo para la prestación de dicho servicio. TERCERO...
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