STSJ Canarias , 24 de Abril de 2002
| Ponente | ANTONIO GIRALDA BRITO |
| ECLI | ES:TSJICAN:2002:1274 |
| Número de Recurso | 1041/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SANTA CRUZ DE TENERIFE.
S E N T E N C I ANº. 475.
Recurso n°. 1041/99.
Iltmos. Sres:
PRESIDENTE Don Antonio Giralda Brito.
MAGISTRADOS D. Pedro Hernández Cordobés.
D. Helmuth Moya Meyer.
En Santa Cruz de Tenerife, a veinticuatro de Abril de dos mil dos. VISTO en nombre del Rey por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de esta Capital, el presente recurso n°. 1041/99, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Tenerife, interpuesto a nombre del demandante " TOYOTA CANARIAS SA.", representada por la Procuradora Doña Isabel Ezquerra Aguado y defendida por el Letrado Don José-Manuel Melián Monzón, contra Resoluciones de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias desestimatorias de las reclamaciones económico-administrativas números J-38/198/99, J-38/199/99 y J-38/283/99, habiéndose personado como parte demandada la Comunidad Autónoma de Canarias, defendida y representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, siendo Ponente en esta Sentencia el Iltmo. Sr. Magistrado DON Antonio Giralda Brito.
Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala con fecha 10 de Noviembre de 1999, sobre reclamaciones económico- administrativas nos. J-38/198/99, J-38/199/99 y J-38/283/99, ante la Consejería de Economía y Hacienda.
En relación a dicha tramitación ante esta Sala, consta acreditado que una vez admitido a trámite el, recurso se dio al mismo la publicidad legal y se reclamó el expediente administrativo; recibido se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito que en lo sustancial se da por reproducido, y en el que terminaba suplicando se dicte Sentencia, por la que se estime la demanda, anulando las liquidaciones y actos impugnadas.
Se confirió traslado de la demanda por término legal a la Administración demandada, quien contestó oponiéndose al recurso y solicitando una sentencia, por la que se desestime, en su integridad, el recuso interpuesto, con expresa condena en costas a la parte recurrente.
CURTO.- Practicada la prueba propuesta, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.
Señalado día y hora para la votación y fallo, tuvo lugar la reunión del Tribunal en el designado al efecto.
Aparecen observadas las formalidades de tramitación.
VISTOS los preceptos legales citados por las partes y los que son de general aplicación.
La cuestión controvertida se centra en determinar si las Resoluciones impugnadas, dictadas por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y desestimatorias de las reclamaciones económico-administrativas números J-38/198/99, J-38/199/99 y J- 38/283/99 son ajustadas a Derecho.
La parte actora centra su argumentación, en síntesis, en la inconstitucionalidad del IGIC, a lo que se opone la Administración demandada.
La cuestión ahora planteada ya ha sido abordada por este Tribunal en sentencias anteriores, razonándose en los Fundamentos Jurídicos de la primera de ellas, dictada en el recurso 1119/94, lo siguiente:
"TERCERO.- A la vista de los términos en que la cuestión polémica se ha planteado, y dadas las genéricas invocaciones de la parte actora sobre la inconstitucionalidad de la Ley 20/91 esta Sala ha de pronunciarse, en primer lugar, acerca de la adecuación de la misma al bloque de constitucionalidad formado por el art 45.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias ("Canarias goza de un régimen económico-fiscal especial, basado en la libertad comercial de importación y exportación y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo"), la Disposición Adicional Tercera de la Constitución Española ("La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico") y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de...
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