STSJ Comunidad Valenciana , 30 de Enero de 2003
| Ponente | ROSARIO VIDAL MAS |
| ECLI | ES:TSJCV:2003:707 |
| Número de Recurso | 1006/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Enero de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
RECURSO NUMERO 1006/99 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SENTENCIA NUM. 142/03 Ilustrísimos Señores Presidente Don MIGUEL ANGEL OLARTE MADERO Magistrados Don EDILBERTO NARBON LAINEZ Doña ROSARIO VIDAL MAS En la ciudad de Valencia, a 30 de enero de 2003.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso administrativo número 1006/99, interpuesto por el Procurador DON JOSE FIDEL NOVELLA ALARCON, en nombre y representación de DON Marcelino , asistida por el Letrado DOÑA ANGELES CAPDEVILA GRACIA, contra la resolución de la Excma. Diputación Provincial de Valencia por Decreto n° 5255 de 16.9.99 en expediente administrativo 266/95 sobre responsabilidad patrimonial, habiendo sido parte en los autos la Administración demandada, EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA, representada por su Letrado, siendo Ponente la Iltma. Sra. Dña. ROSARIO VIDAL MAS y a la vista de los siguientes
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que suplica que se dicte sentencia declarando no: ajustada a Derecho la resolución recurrida.
El representante de la parte demandada, contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.
Habiéndose recibido el proceso a prueba, con el resultado que obra en las actuaciones, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 78 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.
Se señaló para votación y fallo el día 29.1.03.
En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTACION JURIDICA
Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra el acto administrativo citado sobre la base de que el recurrente es propietario del vehículo Opel Kadett, Y-....-YJ , que conducía el día 30.8.1.994 por la carretera comarcal VV-9221, cuyo mantenimiento corresponde a la demandada, cuando al llegar al km 4, dirección Alfarp en una curva a la izquierda su vehículo patinó saliendo despedido a un campo de naranjos, siendo la causa del derrape la existencia de una gran mancha de grasa debido a la gran cantidad de vehículos que se dirigen al vertedero de Real de Montroy, ocasionándose unos daños valorados en 420.000 pts. La Administración demandada se opone en base a la corrección del expediente administrativo y resolución en él recaída.
Son por tanto dos las cuestiones sometidas a esta Sala, la primera de ellas, la procedencia de la acción de responsabilidad patrimonial entablada y la segunda, sólo si la primera fuera procedente, la cuantía reclamada en el presente recurso.
Respecto a la primera de las cuestiones, es reiterada la Jurisprudencia en el sentido de que la responsabilidad patrimonial del Estado deriva de la lesión producida a los particulares en sus bienes y derechos, entendida dicha lesión como un perjuicio antijurídico que los afectados no tienen el deber de soportar, por no existir causa alguna que lo justifique y queda configurada en los artículos 106 de la Constitución y 139 a 144 de la LRJAP, normas aplicables a las Entidades Locales en mérito a la previsión normativa del artículo 54 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/ 1.985, de 2 de abril), el cual remite a la legislación general sobre responsabilidad administrativa, al igual que el artículo 223 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales (Real Decreto 2.568/ 1.986, de 28 de noviembre).
Esta configuración legal exige la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la producción de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; b) que tal daño sea producido por consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal y c) ausencia de fuerza mayor.
Asimismo, se exige la concurrencia de un requisito procedimental: que se formule la oportuna reclamación ante la Administración responsable en el lapso de un año, a contar desde la producción de la lesión. Este elemento plantea la cuestión del término inicial -sobre el que se encuentran suficientes precisiones jurisprudenciales- y sobre la Administración a la que se deben de dirigir las reclamaciones si...
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