STSJ Murcia 86/2008, 31 de Enero de 2008

Ponente:ASCENSION MARTIN SANCHEZ
Número de Recurso:470/2007
Procedimiento:CONTENCIOSO
Número de Resolución:86/2008
Fecha de Resolución:31 de Enero de 2008
Emisor:Sala de lo Contencioso
RESUMEN

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T.S.J.MURCIA SALA CON/AD

MURCIA

SENTENCIA: 00086/2008

ROLLO DE APELACIÓN nº. 470/07

SENTENCIA nº. 86/08

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

SECCIÓN SEGUNDA

Compuesta por

  1. Abel Sáez Doménech

    Presidente

    Dª Ascensión Martín Sánchez

  2. Joaquín Moreno Grau

    Magistrados

    ha pronunciado

    EN NOMBRE DEL REY

    la siguiente

    S E N T E N C I A nº 86/08

    En Murcia a treinta y uno de enero de dos mil ocho.

    En el rollo de apelación nº 470/07 seguido por interposición de recurso de apelación contra la sentencia nº 184/07, de fecha veintiocho de marzo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº seis de Murcia dictada en el recurso contencioso administrativo nº. 907/06, en cuantía indeterminada, en el que figuran como parte apelante D. Gustavo, nacional de CAMERÚN, representado por la Procuradora Dª Margarita Soledad Moñino Salvador, y dirigido por la Abogada Dª. María Ángeles Fernández Laorden, y como parte apelada la Delegación del Gobierno, representado y dirigida por el Sr. Abogado del estado, sobre expulsión y prohibición de entrada en España; siendo Ponente la Magistrada Iltma. Sra. Dª. Ascensión Martín Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº seis de Murcia, lo admitió a trámite y después de dar traslado del mismo a la Administración demandada para que formalizara su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a Sala, la cual designó Magistrado ponente y acordó que quedaran los autos pendientes para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el 25-1-08.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO

La sentencia apelada estima en parte el recurso contencioso administrativo formulado por el recurrente D. Gustavo, nacional de CAMERÚN, indocumentado, nacido el día 1-8-1974, con antecedentes policiales por delito de estafa, según atestado policial nº NUM001, titular del NIE- NUM000, contra la resolución de la Delegación del Gobierno de Murcia, recaída en el expediente NUM002, de fecha 5 de octubre de 2006, que acuerda la expulsión del mismo y la prohibición de entrada en España durante siete años, por infringir el art. 53 a) de la L.O. 4/2000, reformada por L. O. 8/2000, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social, por encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o tener caducada más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos cuando fueren exigibles y siempre que el interesado no hubiera solicitado la renovación de los mismos en el plazo previsto reglamentariamente.

Rechaza el Juzgado los motivos de oposición alegados por la parte recurrente: que eran 1º) Falta de tipicidad;2º) Falta de proporcionalidad y motivación de la sanción; y 3º) Defectos formales por falta de identificación del instructor y del secretario del expediente.

En cuanto al primer motivo, que los hechos constituyen una infracción grave a tenor del Art. 53,a de la ley 4/2000, en la redacción dada por Ley 8/2000, y se faculta a la administración sancionadora, para adoptar la medida de expulsión, y que el acuerdo esta motivado, que los funcionarios son los que realizan el atestado, el recurrente de nacionalidad CAMERÚN, no tiene pasaporte. Y que tanto el secretario como el instructor están identificados con sus carnes profesionales por motivos de seguridad, y en aplicación del art. 17 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre. En cuanto a la falta de motivación, señala la sentencia que la resolución impugnada cumple los requisitos de motivación del art. 54,1 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, por cita del tipo infringido, y preceptos aplicables. Y que no concurren los defectos formales aludidos, como se acredita con la prueba documental aportada.

Y en cuanto a la medida de expulsión acordada estima que ha de considerarse correcta al venir autorizada en el art. 57.1º de la LO.4/2000, como medida sustitutoria de la sanción de multa, e igualmente es correcta la prohibición de entrada en España, al ser la situación del recurrente la mas grave de las contempladas en el art. 53.a, al carecer de autorización para encontrarse en nuestro país, y en cuanto a la falta de motivación la resolución sancionadora esta motivada y resulta respetuosa con las exigencias del Art. 54.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, toda vez consta en el mismo los hechos que se imputan, el precepto infringido y la sanción impuesta, así como los fundamentos de la decisión sancionadora, habiendo tenido pleno conocimiento el interesado de las razones de la decisión sancionadora, como lo evidencia su impugnación en la sede jurisdiccional, por lo que no puede apreciarse indefensión. Y que tiene antecedentes policiales. Y considera el Juzgador de instancia que la resolución de la Delegación del Gobierno, y la medida de expulsión es correcta y esta fundada y en cuanto a la duración de la medida de prohibición por siete años, no es correcta, y al no tener motivación expresa debe rebajarse a tres años y estima parcialmente el recurso, declarando nulo el acto impugnado únicamente en cuanto al tiempo de prohibición de entrada en España que queda reducida de siete a tres años y desestima el resto de la demanda de recurso contencioso administrativo interpuesta por el hoy recurrente.

SEGUNDO

Se aceptan los hechos y fundamentos de derecho de la sentencia apelada, en todo lo que no se oponga expresamente a esta sentencia, en todo lo que no se opongan a esta sentencia.

Es bien sabido que el recurso de apelación se centra en la sentencia apelada, que debe ser objeto de crítica.

El apelante estima que: 1º) No se aplica el principio de proporcionalidad- conculca el art. 55,3 de la ley Orgánica 4/2000, por que se le aplica la sanción mas grave. Y señala diversa jurisprudencia en esta materia.

El Sr. Abogado del Estado en la representación que ostenta se opone al recurso de apelación, que el apelante no ha desvirtuado la antijuricidad de su conducta, y debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto.

En cuanto a la...

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