STSJ Cataluña , 27 de Marzo de 2001
| Ponente | FRANCISCO JOSE SOSPEDRA NAVAS |
| ECLI | ES:TSJCAT:2001:4202 |
| Número de Recurso | 374/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 27 de Marzo de 2001 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Recurso n° 374/97 Partes: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCION, S.A. C/ TEARC Codemandado: ASICOM, S.A. S E N T E N C I AN°270/2001 Ilmos. Sres.
PRESIDENTE D. EDUARDO BARRACHINA JUAN MAGISTRADOS D. Mg LUISA PÉREZ BORRAT D. FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS En la ciudad de Barcelona, a veintisiete de marzo de dos mil uno. VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION CUARTA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo n°
374/97, interpuesto por la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, S.A., representada por el Procurador D. Miguel Puig- Serra Santacana y asistida por Letrado, contra TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA, representado y asistido por el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS, quien expresa el parecer de la SALA.
El Procurador Sr. Puig-Srra Santacana, actuando en nombre y representación de la parte actora, interpuso recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña de 20 de noviembre de 1996, desestimatorio de la reclamación n° 97/95, en concepto de IVA.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Por Auto de 19 de mayo de 1998, la Sala acordó el recibimiento del pleito a prueba, practicándose las pruebas propuestas y declaradas pertinentes con el resultado obrante en autos.
Seguidamente, se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron, haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación y finalmente, se señaló día y hora para votación y Fallo que ha tenido lugar el 26 de marzo del año en curso.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
La presenté controversia tiene como único objeto determinar si es conforme a Derecho la resolución del TEAR de 20 de noviembre de 1996 que desestimó la reclamación económico-administrativa núm. 97/95 y acumulados confirmando el acuerdo dictado por la Dependencia de Recaudación de la Delegación de Hacienda de Barcelona, relativo al D.U.A. núm. 0801-2-001971, por el concepto de I.V.A. Para una correcta resolución de esta litis hemos de precisar que en la demanda, después de exponer los argumentos de impugnación que se consideran pertinentes, se termina por interesar que, revocando y dejando sin efecto la Resolución recurrida y declarando la nulidad de todos los actos administrativos de la Aduana y Agencia Tributaria inmediatamente posteriores a la contracción de las liquidaciones detalladas por falta de su debida notificación; y subsidiariamente y sin perjuicio de recursos si sus declaraciones fueren otras a las que se acaban de expresar exonerando a la recurrente del pago de los recargos de apremio; todo ello con imposición de costas a quien se opuesiera a dicha demanda.
El primer punto a examinar es la validez de la notificación llevada a cabo por la Administración aduanera que se verificó por medio de contraído publicado en el Tablón de Anuncios.
El TEAR argumentó su resolución en base a que la notificación en período voluntario, dirigida tanto al sujeto pasivo como al responsable solidario, se llevó a cabo en la modalidad prevista en el art. 382 de las Ordenanzas de Aduanas, según redacción dada por la Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1969, conforme al que "Las liquidaciones no serán, salvo norma de contrario, objeto de notificación expresa, extremo que se hará saber previamente al interesado en la forma prevista en el artículo 124.4 de la Ley General Tributaria. Las Aduana fijará, en el tablón de anuncios, relación diaria de cantidades contraidas, con indicación del número y clase de documentos y deudores correspondientes, que servirá de notificación a tales efectos".
No obstante lo anterior la demandante aportó junto a la demanda copia del Acta extendida por Notario el 12 de junio de 1996, de la que se desprende que personado el Notario en la Administración de Aduanas de Barcelona, fue informado por la persona que le atendió (que se identificó con el nombre de Teresa), a quien le hizo saber su condición de Notario, que "el tablón de anuncios no se utiliza para la notificación de contracción de los derechos aduaneros desde tiempo inmemorial, pasándose las mismas a las agencias de aduanas y depositándose el ejemplar en un mostrador", lo cual evidencia que incluso en este caso ni siquiera la Administración respetó el procedimiento que determinan las Ordenanzas de Aduanas, probablemente por haber resultado obsoleto al fin perseguido, especialmente si se tiene en cuenta el volumen del tráfico aduanero.
Aún así, siquiera brevemente, es preciso traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1996 (RJ 1996/1758), en tanto que examina los efectos de las notificaciones realizada por la Administración de Aduanas al amparo del art. 382 citado, precepto que, como dice la sentencia "contempla y regula, y esto es muy importante, la notificación de las liquidaciones, a efectos de su pago por los deudores, por ello en el tablón de anuncios sólo se menciona la cantidad contraída (cuantía de la deuda tributaria a pagar), el número y clase del documento de identificación de la importación o hecho imponible a que corresponde la deuda y los deudores correspondientes (identificación del que debe realizar el pago)".
Y continúa, "Uno de los mayores errores que se comete en la interpretación del apartado 4, del artículo 124 de la Ley General Tributaria, que preceptua: "Podrá disponerse por vía reglamentaria en qué supuestos no será preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración así lo advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta", es identificar esta posibilidad, con la no obligación...
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