STSJ Canarias , 14 de Octubre de 2005
| Ponente | CRISTINA PAEZ MARTINEZ-VIREL |
| ECLI | ES:TSJICAN:2005:3978 |
| Número de Recurso | 144/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 2005 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº
ILMOS SRES Dña Cristina Páez Martínez Virel Presidente D.César José Garcia Otero Dña Inmaculada Rodríguez Falcón Magistrados Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de 2005 Vistos, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en esta capital, el procedimiento abreviado nº 144/2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Uno de los de Las Palmas de Gran Canaria , como demandante D. Miguel representado y defendido en la instancia por el Letrado D.Pedro Díez LLavero, que manifestó actuar "por designación en turno de oficio" ; y, como Administración demandada, la del Estado, representada y defendida por Abogado del Estado, pendiente en esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Administración del Estado, contra la sentencia del Juzgado de 17 de enero de 2005.
Por sentencia de fecha 17 de enero de 2005 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de las Palmas se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de D. Miguel contra la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en las Palmas por la que se acuerda la expulsión del recurrente del territorio Nacional y la prohibición de entrada en el mismo por un periodo de tres años.
Por el Abogado del Estado se interpuso recurso de apelación que fue impugnado por al Letrado D.Pedro Díez Llavero , en nombre y representación de D. Miguel .
Elevadas las actuaciones a esta Sala, se formó rollo de apelación (registrado con el nº144/2005) y se requirió al Letrado para que acreditase su nombramiento en turno de oficio al fin de poder solicitar a la Comisión de Justicia Gratuita el nombramiento de nuevos profesionales en Las Palmas de Gran Canaria, haciéndosele saber que en todo caso si así lo desea y no justifica su designación puede solicitar a la referida comisión este nombramiento que será a cargo del recurrente. Transcurrió el plazo para hacer alegaciones por la parte apelada Aparecen observadas las formalidades de tramitación.
Siendo ponente la Ilma Sra. Dña Cristina Páez Martínez Virel y VISTOS los preceptos legales citados por las partes y los que son de general aplicación.
Siguiendo un orden procesal lógico, la primera cuestión a examinar en esta apelación es la relativa al posible incumplimiento de los requisitos de representación y defensa en el proceso (el llamado poder de postulación), puesto de manifiesto por la Administración del Estado como se pone de manifiesto en el fundamento primero de la sentencia.
Al respecto, sostiene la sentencia de instancia que, dado que fue el mismo Letrado que asumió la defensa en el proceso, el que había asistido al actor en el procedimiento administrativo de expulsión, ningún obstáculo legal puede impedir que continúe con dicha defensa en una interpretación del artículo 22.1 de la L.O. 4/00 , modificada por la L.O. 8/00 conforme al contenido y alcance que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional otorga al derecho a la tutela judicial efectiva, a cuyo fin trae a colación que el precepto legal concede el derecho a la asistencia jurídica gratuita tanto en los procedimientos administrativos como en los judiciales.- A ello añade que cualquier otra interpretación vulneraría abiertamente el derecho a la tutela judicial efectiva dadas las particulares circunstancias de los extranjeros en los procedimientos de expulsión, con lo que queda justificado su tratamiento diferenciado.- Y también apunta que no corresponde al órgano judicial examinar si se cumplieron o no las normas colegiales sobre nombramiento de Abogado, mas cuando el artículo 3 de la L.O 4/00 establece un criterio interpretativo favorable al ejercicio de los derechos que la ley reconoce a los extranjeros.- A estas conclusiones se opone el Abogado del Estado, cuyo recurso de apelación incluye, como primer motivo, la necesidad de exteriorización de la voluntad del actor de conceder el poder de postulación al Letrado, así como la inexistencia de precepto alguno que excluya la aplicación a los procedimientos de denegación de entrada, devolución o expulsión la aplicación del procedimiento de designación previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita .-
Pues bien, el artículo 23.1 de la LJCA en cuanto a la representación y defensa de las partes en el orden contencioso-administrativo ante órganos judiciales unipersonales, señala que " ..las partes podrá conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por un Letrado.
Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a este a quien se notifiquen las actuaciones".- Ya en el campo del derecho de extranjería, y en relación al derecho a la asistencia jurídica gratuita, el artículo 22.1 de la Ley señala que " Los extranjeros que se hallen en España y que carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa de asistencia jurídica gratuita tienen derecho a esta en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia...
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