STSJ Cataluña , 9 de Febrero de 2001
| Ponente | EMILIO RODRIGO ARAGONES BELTRAN |
| ECLI | ES:TSJCAT:2001:1822 |
| Número de Recurso | 511/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 9 de Febrero de 2001 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
R° n° 511/1996 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Recurso nº 511/1996 Partes: PROESCALA, S.A. C/JURADO PROVINCIAL EXPROPIACIÓN FORZOSA DE GIRONA SENTENCIA Nº.89 Ilmos. Sres.
PRESIDENTE D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN MAGISTRADOS D. FRANCISCO DÍAZ FRAILE D. JUAN BERTRÁN CASTELLS En la ciudad de Barcelona, a nueve de febrero de dos mil uno. VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para el examen de este caso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 511/1996, interpuesto por, PROESCALA, S.A., representado y defendido por el Letrado D. Joaquín de Ribot Targarona contra, el JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE GIRONA, representado y defendido por el Abogado del Estado, habiéndo comparecido como codemandado el AYUNTAMIENTO DE L ESCALA, representado y defendido por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de L Escala, D. Agusti García Andrés.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN, quien expresa el parecer de la SALA.
La parte recurrente, mediante su representación procesal, interpuso recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de ficha 30.10.95 del JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE GIRONA, recaida en expediente justiprecio núm. 21/95 por la que se fija el justiprecio por la expropiación de autos.
Acordada la incoación de los presente autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Acordado por auto de fecha 23 de octubre de 1998 el recibimiento del precedente pleito a prueba y tras los oportunos trámites que prescribe la Ley Jurisdiccional en sus respectivos artículos, en concordancia con los de la L.E.C., se señaló a efectos de votación y Fallo la audiencia del día 6 de febrero del presente año, a la hora señalada.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
El particular expropiado impugna en el presente recurso contenciosoadministrativo la resolución del JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE GIRONA por la que se fija el justiprecio por la expropiación de autos.
Frente a la cantidad de 24.725.308 pesetas fijada como justiprecio por la resolución impugnada, el suplico de la demanda articulada en la litis pretende sea sustituida por la de 124.187.776 pesetas, pretensión que se reitera en el escrito de conclusiones. La controversia litigiosa queda ceñida a las operaciones valorativas a utilizar para la obtención del justiprecio.
Es sabido, como destaca la STS de 8 de febrero de 1997 (rec núm. 13663/1991), que la doctrina jurisprudencial acerca de la presunción "iuris tantum" de veracidad y acierto de los acuerdos de los Jurados Provinciales de Expropiación pone de manifiesto (SSTS de 9 de mayo de 1994, 18 de junio de 1994, 9 de julio de 1994, 3 de diciembre de 1994, 4 de febrero de 1995, 16 de mayo de 1995, 17 de junio de 1995, 30 de septiembre de 1995 y 25 de mayo de 1996) que es imprescindible analizar la prueba pericial practicada en juicio para comprobar cuál de las conclusiones (la de ésta ola del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa) aparece como más cierta y segura a fin de hallar el valor que ha de compensarse o indemnizarse con el justiprecio.
En análogo sentido, la STS de 10 de febrero de 1997 (rec núm. 13965/1991) precisa que constituye una jurisprudencia reiterada que los informes periciales, rendidos con las debidas garantías procesales, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 610 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil [de 1881], constituyen un medio apto para desvirtuar la presunción de legalidad y acierto de que gozan los acuerdos del Jurado de Expropiación Forzosa (Sentencias de 23 de Julio de 1987, 8 de Noviembre de 1989, 6 de Junio de 1991 y 12 de Febrero de 1996), siendo de añadir que la prueba pericial es la de la libre apreciación del juzgador, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, conforme dispone el artículo 632 de la citada Ley y numerosa jurisprudencia, por lo que el órgano judicial no está vinculado por el resultado de la prueba pericial, como tampoco lo está por los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación, siempre que razone debidamente la discrepancia y apartamiento de la pericia, bien por indebida apreciación de los elementos de hecho o por incoherencia o falta de necesario razonamiento, o por contradicción con otras pruebas, dado el principio de valoración conjunta de la prueba que impera en nuestro sistema procesal.
No puede olvidarse, en todo caso, que como recuerda la STS de 4 de noviembre de 1996 (rec núm.
9980/1991), la prueba pericial no transfiere al perito la decisión de los aspectos de la cuestión que exigen conocimientos técnicos, sino que tiene por objeto suministrar al juez que carece de ellos los elementos de conocimiento, estudio o experiencia para que pueda tornar su decisión, de forma que el dictamen pericial...
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